Reportar un caso

[:es]Como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), consideramos que, en este periodo de transición hacia la paz, existe la obligación de reconocer pública y nacionalmente la victimización cometida por el Estado colombiano. Por esta razón, el día de hoy, presentamos ante la Comisión de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuatro informes en los que el Proyecto Colombia Nunca Más documentó más de 17.852 víctimas de crímenes de Estado.

En los documentos, se narran hechos en los cuales tendrían responsabilidad 2.909 funcionarios del Estado colombiano. Entre estos 31 Mayores, 10 Generales y 16 Comandantes de los presuntos 818 responsables del Ejército Nacional. Además, se identificaron como presuntos responsables 856 agentes de la Policía Nacional, así como funcionarios del DAS, del B2 y del F2. Igualmente, se describe la relación entre varias de estas personas e instituciones con estructuras paramilitares.

En los tres informes por zonas del Proyecto Colombia Nunca Más se documentan los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1966 a 1998. El primero de ellos hace referencia a la Zona VII, la cual abarca los departamentos de Meta y Guaviare; en el segundo informe se encuentra la Zona XIV, que estudió Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño; y por último, la Zona V, donde se ubica Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur del Cesar. Además, se entrega un informe sobre crímenes cometidos específicamente en la Comuna 13 de Medellín en el periodo de 2001 a 2003, que incluye la operación Orión cometida durante la comandancia del General (r) Mario Montoya de la IV Brigada.

Aportamos esta información a la JEP para que, dentro de las investigaciones que desarrolle, pueda impartir justicia a los máximos responsables de los crímenes de Estado contribuyendo a la transformación de los escenarios de impunidad que históricamente han afectado a las víctimas. Nos preocupa que personas, como el General (r) Mario Montoya, firmen actas de comparecencia ante la JEP, y al mismo tiempo, él y sus abogados afirmen que no existirá aporte a la verdad ni reconocimiento de las víctimas.

Esperamos que dicha información le permita a la Comisión de la Verdad identificar la responsabilidad colectiva del Estado en el desarrollo del conflicto armado y la violencia sociopolítica, las formas de colaboración estatal con el paramilitarismo durante décadas; así como establecer los patrones y modus operandi de este accionar delictivo. La verdad completa es el camino necesario para la reconciliación. Nosotras, las víctimas, conocemos los hechos, no obstante, requerimos que el conjunto de la sociedad sea consciente de los mismos. Solo así se cumplirán las garantías de no repetición.

En los casos de desaparición forzada, la verdad histórica es insuficiente. Es necesario buscar y encontrar a las personas desaparecidas y entregar de manera digna, cuando corresponda, los restos a sus familiares. Por ello, entregamos a la Unidad de Búsqueda (UBPD) información de 1.170 personas desaparecidas por el Estado, para que pueda tenerse en cuenta cuando se desarrollen los planes regionales y nacionales de búsqueda.

Finalmente, en el marco del acto de memoria, entregamos también a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) las propuestas y análisis que hemos elaborado durante décadas de trabajo, para que sean tenidas en cuenta en la última fase de su periodo de alistamiento. En dicho documento presentamos las propuestas que hacemos como víctimas de crímenes de Estado, en cada uno de los objetivos que tiene la Comisión:

1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

A pesar de la evidente sistematicidad de los crímenes, consideramos que aún no existe un reconocimiento público sobre la responsabilidad del Estado. En el documento de 62 páginas, se identifican seis periodos de la criminalidad del Estado, estudiada desde 1946 hasta hoy. Desde el Movice y el Proyecto Colombia Nunca Más, hemos venido construyendo unas hipótesis que consideramos permitirán comprender y esclarecer la responsabilidad del Estado. Creemos que a lo largo del conflicto armado:

1. La práctica de las ejecuciones extrajudiciales ha sido ampliamente implementada por parte de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad del Estado, así como por sus grupos paramilitares. Las ejecuciones extrajudiciales han sido un elemento central de la estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Militares, empleados como “método” de eliminación del llamado “enemigo interno” y, en asocio con sectores gremiales y empresariales, como un método de “limpieza social”.

2. La práctica de las masacres ha sido ampliamente utilizada por las Fuerzas Militares y grupos paramilitares. Para tal efecto en las masacres se combinan tres operaciones: “sometimiento, desplazamiento y eliminación de determinados sectores de la población”^[1].

3. La práctica de la desaparición forzada ha sido empleada por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esta aumentó vertiginosamente a partir de la década de 1980, con la “emergencia” de la llamada “guerra sucia”, implementada por las Fuerzas Militares y grupos paramilitares.

4. La tortura ha sido ampliamente practicada por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, otros cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares. Ha sido empleada como método para “extraer” informaciones y obtener “confesiones” sobre los grupos de oposición (ya sean legales o armados), así como para amedrentar e infundir terror en las comunidades y la población, muy particularmente en los casos en que líderes/as sociales y campesinos/as son torturados/as públicamente, entre otros.

5. La violencia sexual ha sido ampliamente practicada por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares. No se trata de casos aislados ni de meras prácticas “oportunistas”^[2].

6. Partidos y movimientos políticos de oposición han sido víctimas de planes de exterminio, por la persecución basada en motivos políticos. De igual forma, las estrategias han sido desde la criminalización de la protesta social hasta la estigmatización persecución y el asesinato de líderes/as sociales.

2. Promover y contribuir al reconocimiento

Proponemos que se promuevan, desde la CEV, espacios públicos en los territorios a los cuales asistan el presidente de la República de Colombia, la cúpula militar, el Ministro de Defensa y la Ministra del Interior, y realicen un acto de reconocimiento de responsabilidad y pidan perdón por todas las víctimas de los crímenes de Estado.

Este debe darse en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos. En consecuencia, ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz.

3. Promover la convivencia en los territorios

Resulta de vital importancia la realización de reformas a las estructuras de seguridad del Estado, como uno de los pasos a dar para la construcción de confianzas y así, de la convivencia territorial. Creemos que es de suma importancia que se impulsen, desde el escenario de la CEV, espacios de diálogo entre fuerzas de seguridad, sociedad civil y poder civil estatal para lograrlo.

Desde nuestra perspectiva, unos mínimos de discusión son: derogar la normatividad e instructivos militares incompatibles con los derechos humanos, al derecho internacional humanitario;  revisar el funcionamiento y la pertinencia de la justicia penal militar en ese mismo sentido; destituir a los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan participado en graves violaciones a los derechos humanos; desclasificar los archivos de inteligencia y su conservación, como ejercicio de verdad y memoria histórica; y, reducir el tamaño y recursos de las Fuerzas Militares de manera progresiva, en un lapso de entre 8 y 12 años, acorde con las necesidades del cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Considerando la responsabilidad agravada que implica que el Estado, como garante de los derechos, haya sido -a su vez- causante de la victimización, exigimos conocer la verdad completa y total en relación con los hechos violentos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y sus motivaciones. Las víctimas de crímenes de Estado confiamos en que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición será un escenario para la garantía de nuestros derechos y logrará develar la criminalidad estatal como primer paso para que no se repita la historia con nuevas víctimas.

^[1] GMH. (2013) ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

^[2] Se ha utilizado esta categoría para diferenciarla de la violencia sexual cometida como estrategia o cometida en relación a “eventos estratégicos”. Ver Grupo de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Mujeres y Guerra: Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano. Bogotá: Ediciones Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. 2011, pp. 219 y 220.

Descarga y lee el documento completo de las Recomendaciones para la comprensión de los crímenes de Estado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV):

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