Desarrollo Militar y Operatividad Paramilitar, 1988 – 1993

El año de 1988 marca un momento de inflexión hacia una nueva combinación de aspectos jurídico-políticos, tratamiento al conflicto social y político, modalidades de Crímenes de Lesa Humanidad y operatividad represiva tanto de la tropa regular como de la paramilitar.

Luego de la ruptura de los diálogos de Paz, el gobierno nacional se ampara en los estados de excepción y presenta en octubre de 1992 la declaratoria de Guerra Integral, que se complementa en noviembre del año siguiente con la formulación de la segunda fase de la “Estrategia Nacional contra la Violencia”. Los efectos de estas medida y las modalidades represivas a las que abre paso se irán revelando paulatinamente y adquiriendo una fisonomía reconocible en 1993 cuando “Por una parte, el presupuesto militar aumentó en forma exorbitante; fueron creadas unidades contrainsurgentes en todas las Brigadas militares; el arsenal bélico fue modernizado; los soldados profesionales aumentaron de 2.000 a 23.000; se desplazaron del combate a reclutas temporales; la remuneración de las Fuerzas Armadas se elevó considerablemente. Los medios de comunicación promocionaron intensamente el nuevo profesionalismo militar así como los avances en la tecnología bélica”1.

Entre 1992 y 1993 se pone en funcionamiento el Arma de Inteligencia del Ejército y se crea la Brigada Móvil Nº 2 que, según los voceros oficiales, es la respuesta al ataque contra la infraestructura energética, medida junto a la cual se lanza el Plan Energético Vial. En el norte del Magdalena Medio actúan unidades militares pertenecientes a la I Brigada, y a lo largo del Río Magdalena tiene su área de operaciones la Infantería de Marina.

Las brigadas móviles son unidades de contrainsurgencia creadas a principios de los años noventa debido al fracaso de las negociaciones de pacificación con los grupos insurgentes y como una forma operativa militar para que las Fuerzas Armadas puedan tener éxito para derrotar a las guerrillas, reforzando la idea guerrerista sostenida por importantes sectores influyentes del Estado. Compuestas por soldados profesionales que cuentan con un adiestramiento específico y un armamento muy sofisticado se despliegan en las regiones del país en las que la guerrilla mantiene enclaves resistentes.

Las Brigadas Móviles emplean en los operativos que adelantan estrategias de terror tanto físico como psicológico en contra de la población, como lo demuestran las torturas, las ejecuciones indiscriminadas, la quema de viviendas y cultivos, los bombardeos y las amenazas de muerte. Igualmente, las incursiones militares de las Brigadas Móviles son seguidas o acompañadas por la ofensiva de los paramilitares, quienes “amenazan y asesinan a cualquiera que consideren simpatizante de la guerrilla o de los grupos de izquierda”. 2

Estas unidades militares mantienen un concepto de “enemigo” excesivamente amplio, e incluyen en su definición no sólo a los guerrilleros, sino también a dirigentes comunales y líderes políticos, en especial a los miembros de la UP.3 En este sentido, las Brigadas Móviles como fuerza de represión legalizada, reafirman las formas de violencia existentes, dentro de esas formas de violencia se incluye: la organización y propagación de grupos paramilitares, el ataque a familias campesinas situadas en las zonas de conflicto, entre otros. Esta clase de abusos forman parte del gran número de casos sin responsable que quedan en la total impunidad.

La Brigada Móvil Núm. 2 tiene su centro de mando en la provincia de Ocaña, departamento de Norte de Santander; forma parte de la V Brigada, con base en Bucaramanga, departamento de Santander, de la que dependen otras unidades militares que actúan en la región, como el Batallón Santander, la Fuerza de Tarea Núm. 7 o el Batallón «Los Guanes»; todos involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y en la perpetración de crímenes de lesa humanidad.

El sostenido proceso de reingeniería al que se somete el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas desde principios de los años 90, va acompañado de un aumento del accionar de los medios paraestatales. En 1993 Justicia y Paz revelaba que muchas regiones del país, en especial en las que había fuerte presencia militar, fueron cayendo bajo el influjo de estructuras paramilitares “Tumaco y sus zonas aledañas; amplias zonas de los departamentos de Sucre, Magdalena, Cesar y Bolívar; el municipio de San Vicente de Chucurí, zonas de los municipios de Betulia, Galán, Zapatoca y del corregimiento de Yarima en Santander, como expansión del paramilitarismo de El Carmen de Chucurí; la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña, en Norte de Santander; todo el departamento del Meta y parte del Guaviare; amplias zonas de Boyacá y Casanare; el norte del Valle del Cauca; el Nordeste y el Urabá antioqueños y zonas del Huila y del Cauca”4.

Debido a esta expansión la “guerra sucia” no solo se intensifica sino que se transforma, apareciendo la masacre como modalidad más recurrente del accionar paramilitar. El banco de datos del Cinep y el archivo de prensa de la revista Solidaridad, documentaron 60 masacres para 1988 que cubrieron prácticamente todo el territorio, pero que tuvieron particular intensidad en Antioquia, al menos 10 casos sin contar por lo menos cuatro presentados en la región del Urabá antioqueño, Santander con 10 casos y Córdoba con al menos 6. 5 Algunas de las masacres perpetradas en 1988 son: las de Mejor Esquina, Córdoba, con 38 campesinos asesinados, la de Coquitos, en Turbo Antioquia, que cobró la vida a 25 campesinos más, o la de Segovia, Antioquia, donde fueron asesinados 43 habitantes del municipio.

“La guerra sucia se extiende también a quienes la investigan” afirman Uprimny y Vargas aludiendo al hecho de que los funcionarios judiciales han sido también victimizados por los paramilitares; en concreto, se hace memoria de la masacre de la Rochela, el 18 de enero de 1989, donde fueron masacrados 12 funcionarios judiciales y el posterior asesinato, en Urabá, de varios funcionarios del DAS.

La generalidad y sistematicidad de la masacre como modalidad operativa utilizada por el paramilitarismo alcanzó tales niveles de organización que sus “denominadores comunes” pueden sintetizarse así: Los asesinos tienen datos exactos de sus víctimas, abandonan el lugar del crimen sin prisa ni inconvenientes, nunca son detectados por los retenes o la presencia de la policía o el ejército, aterrorizan la población y generan un sentimiento de indefensión entre ella; a lo que se agrega que en muchas ocasiones las masacres están precedidas de operaciones militares en los días previos. 6

Los líderes militares a pesar del discurso manejado oficialmente trabaron con paramilitares, justificándose con argumentos como que los paramilitares habían sido eficaces contra la guerrilla. En el Magdalena Medio, donde el gobierno había recogido la mayoría de la información sobre la asociación militar-paramilitares, el ejército siguió apoyando abiertamente al MAS, incluso patrullando con él y ayudándole a distribuir propaganda pro militar. Residentes de la aldea La Plazuela dijeron a grupos de derechos humanos que unidades de los Batallones Nueva Granada y Luciano D’Elhuyar patrullaron con conocidos miembros de MAS y distribuyeron panfletos del “Movimiento de Autodefensa Campesina de Colombia” en 19907.

El gobierno, desconociendo la íntima y evidente relación entre las acciones de los grupo paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública, se decide por instalar brigadas militares en los sitios donde se presentan masacres, contribuyendo así al ambiente de zozobra y terror que se vive en estas regiones. Así, luego de un año en que se presentan al menos cinco masacres de responsabilidad de paramilitares en el departamento de Córdoba, que cobraron la vida de 98 campesinos, se elige este departamento como sede de la primera Brigada Móvil, creada en 1989 y destinada al combate de la guerrilla en esa región.

En el año de 1992 se hace evidente la vinculación de las Fuerzas Armadas (FF.AA) colombianas en las políticas de exterminio contra los líderes sindicales, campesinos y populares. Una muestra de esto es lo sucedido en Barrancabermeja con la llamada Red N°7 de la Armada Nacional, organismo de inteligencia con infraestructura clandestina que funcionaron entre octubre de 1991 y enero de 1992, sustentadas legalmente por la directiva No 200-05 de 1991, emanada del Ministerio de Defensa Nacional y siguiendo las recomendaciones realizadas por la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los EE.UU.

Esta Red de inteligencia estuvo cumpliendo las orientaciones del Comando General de las Fuerzas Armadas, bajo la Dirección de Inteligencia el Coronel Rodrigo Quiñónez Cárdenas que posteriormente ascendido a General, quien en asocio con el grupo paramilitar MAS contrató sicarios a sueldo y asumió como su objetivo la eliminación no sólo de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también de miembros de la oposición política, periodistas, sindicalistas, y trabajadores de los derechos humanos, especialmente si estaban investigando o criticando sus tácticas de terror. Según datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación La Red asesinó durante dos meses y sólo en Barrancabermeja a 68 personas. 8

La investigación adelantada por la Unidad de Derechos Humanos, producto de la presión y denuncias de la población de Barrancabermeja, puso al descubierto una gran parte de los asesinos, quienes más adelante fueron exonerados de todos los cargos por el General Fernando Tapias Stahelin en calidad de presidente del Tribunal Superior Militar.

El año de 1988 marca un momento de inflexión hacia una nueva combinación de aspectos jurídico-políticos, tratamiento al conflicto social y político, modalidades de Crímenes de Lesa Humanidad y operatividad represiva tanto de la tropa regular como de la paramilitar.

Luego de la ruptura de los diálogos de Paz, el gobierno nacional se ampara en los estados de excepción y presenta en octubre de 1992 la declaratoria de Guerra Integral, que se complementa en noviembre del año siguiente con la formulación de la segunda fase de la “Estrategia Nacional contra la Violencia”. Los efectos de estas medida y las modalidades represivas a las que abre paso se irán revelando paulatinamente y adquiriendo una fisonomía reconocible en 1993 cuando “Por una parte, el presupuesto militar aumentó en forma exorbitante; fueron creadas unidades contrainsurgentes en todas las Brigadas militares; el arsenal bélico fue modernizado; los soldados profesionales aumentaron de 2.000 a 23.000; se desplazaron del combate a reclutas temporales; la remuneración de las Fuerzas Armadas se elevó considerablemente. Los medios de comunicación promocionaron intensamente el nuevo profesionalismo militar así como los avances en la tecnología bélica”9.

Entre 1992 y 1993 se pone en funcionamiento el Arma de Inteligencia del Ejército y se crea la Brigada Móvil Nº 2 que, según los voceros oficiales, es la respuesta al ataque contra la infraestructura energética, medida junto a la cual se lanza el Plan Energético Vial. En el norte del Magdalena Medio actúan unidades militares pertenecientes a la I Brigada, y a lo largo del Río Magdalena tiene su área de operaciones la Infantería de Marina.

Las brigadas móviles son unidades de contrainsurgencia creadas a principios de los años noventa debido al fracaso de las negociaciones de pacificación con los grupos insurgentes y como una forma operativa militar para que las Fuerzas Armadas puedan tener éxito para derrotar a las guerrillas, reforzando la idea guerrerista sostenida por importantes sectores influyentes del Estado. Compuestas por soldados profesionales que cuentan con un adiestramiento específico y un armamento muy sofisticado se despliegan en las regiones del país en las que la guerrilla mantiene enclaves resistentes.

Las Brigadas Móviles emplean en los operativos que adelantan estrategias de terror tanto físico como psicológico en contra de la población, como lo demuestran las torturas, las ejecuciones indiscriminadas, la quema de viviendas y cultivos, los bombardeos y las amenazas de muerte. Igualmente, las incursiones militares de las Brigadas Móviles son seguidas o acompañadas por la ofensiva de los paramilitares, quienes “amenazan y asesinan a cualquiera que consideren simpatizante de la guerrilla o de los grupos de izquierda”. 10

Estas unidades militares mantienen un concepto de “enemigo” excesivamente amplio, e incluyen en su definición no sólo a los guerrilleros, sino también a dirigentes comunales y líderes políticos, en especial a los miembros de la UP.11 En este sentido, las Brigadas Móviles como fuerza de represión legalizada, reafirman las formas de violencia existentes, dentro de esas formas de violencia se incluye: la organización y propagación de grupos paramilitares, el ataque a familias campesinas situadas en las zonas de conflicto, entre otros. Esta clase de abusos forman parte del gran número de casos sin responsable que quedan en la total impunidad.

La Brigada Móvil Núm. 2 tiene su centro de mando en la provincia de Ocaña, departamento de Norte de Santander; forma parte de la V Brigada, con base en Bucaramanga, departamento de Santander, de la que dependen otras unidades militares que actúan en la región, como el Batallón Santander, la Fuerza de Tarea Núm. 7 o el Batallón «Los Guanes»; todos involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y en la perpetración de crímenes de lesa humanidad.

El sostenido proceso de reingeniería al que se somete el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas desde principios de los años 90, va acompañado de un aumento del accionar de los medios paraestatales. En 1993 Justicia y Paz revelaba que muchas regiones del país, en especial en las que había fuerte presencia militar, fueron cayendo bajo el influjo de estructuras paramilitares “Tumaco y sus zonas aledañas; amplias zonas de los departamentos de Sucre, Magdalena, Cesar y Bolívar; el municipio de San Vicente de Chucurí, zonas de los municipios de Betulia, Galán, Zapatoca y del corregimiento de Yarima en Santander, como expansión del paramilitarismo de El Carmen de Chucurí; la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña, en Norte de Santander; todo el departamento del Meta y parte del Guaviare; amplias zonas de Boyacá y Casanare; el norte del Valle del Cauca; el Nordeste y el Urabá antioqueños y zonas del Huila y del Cauca”12.

Debido a esta expansión la “guerra sucia” no solo se intensifica sino que se transforma, apareciendo la masacre como modalidad más recurrente del accionar paramilitar. El banco de datos del Cinep y el archivo de prensa de la revista Solidaridad, documentaron 60 masacres para 1988 que cubrieron prácticamente todo el territorio, pero que tuvieron particular intensidad en Antioquia, al menos 10 casos sin contar por lo menos cuatro presentados en la región del Urabá antioqueño, Santander con 10 casos y Córdoba con al menos 6. 13 Algunas de las masacres perpetradas en 1988 son: las de Mejor Esquina, Córdoba, con 38 campesinos asesinados, la de Coquitos, en Turbo Antioquia, que cobró la vida a 25 campesinos más, o la de Segovia, Antioquia, donde fueron asesinados 43 habitantes del municipio.

“La guerra sucia se extiende también a quienes la investigan” afirman Uprimny y Vargas aludiendo al hecho de que los funcionarios judiciales han sido también victimizados por los paramilitares; en concreto, se hace memoria de la masacre de la Rochela, el 18 de enero de 1989, donde fueron masacrados 12 funcionarios judiciales y el posterior asesinato, en Urabá, de varios funcionarios del DAS.

La generalidad y sistematicidad de la masacre como modalidad operativa utilizada por el paramilitarismo alcanzó tales niveles de organización que sus “denominadores comunes” pueden sintetizarse así: Los asesinos tienen datos exactos de sus víctimas, abandonan el lugar del crimen sin prisa ni inconvenientes, nunca son detectados por los retenes o la presencia de la policía o el ejército, aterrorizan la población y generan un sentimiento de indefensión entre ella; a lo que se agrega que en muchas ocasiones las masacres están precedidas de operaciones militares en los días previos. 14

Los líderes militares a pesar del discurso manejado oficialmente trabaron con paramilitares, justificándose con argumentos como que los paramilitares habían sido eficaces contra la guerrilla. En el Magdalena Medio, donde el gobierno había recogido la mayoría de la información sobre la asociación militar-paramilitares, el ejército siguió apoyando abiertamente al MAS, incluso patrullando con él y ayudándole a distribuir propaganda pro militar. Residentes de la aldea La Plazuela dijeron a grupos de derechos humanos que unidades de los Batallones Nueva Granada y Luciano D’Elhuyar patrullaron con conocidos miembros de MAS y distribuyeron panfletos del “Movimiento de Autodefensa Campesina de Colombia” en 1990. 15

El gobierno, desconociendo la íntima y evidente relación entre las acciones de los grupo paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública, se decide por instalar brigadas militares en los sitios donde se presentan masacres, contribuyendo así al ambiente de zozobra y terror que se vive en estas regiones. Así, luego de un año en que se presentan al menos cinco masacres de responsabilidad de paramilitares en el departamento de Córdoba, que cobraron la vida de 98 campesinos, se elige este departamento como sede de la primera Brigada Móvil, creada en 1989 y destinada al combate de la guerrilla en esa región.

En el año de 1992 se hace evidente la vinculación de las Fuerzas Armadas (FF.AA) colombianas en las políticas de exterminio contra los líderes sindicales, campesinos y populares. Una muestra de esto es lo sucedido en Barrancabermeja con la llamada Red N°7 de la Armada Nacional, organismo de inteligencia con infraestructura clandestina que funcionaron entre octubre de 1991 y enero de 1992, sustentadas legalmente por la directiva No 200-05 de 1991, emanada del Ministerio de Defensa Nacional y siguiendo las recomendaciones realizadas por la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los EE.UU.

Esta Red de inteligencia estuvo cumpliendo las orientaciones del Comando General de las Fuerzas Armadas, bajo la Dirección de Inteligencia el Coronel Rodrigo Quiñónez Cárdenas que posteriormente ascendido a General, quien en asocio con el grupo paramilitar MAS contrató sicarios a sueldo y asumió como su objetivo la eliminación no sólo de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también de miembros de la oposición política, periodistas, sindicalistas, y trabajadores de los derechos humanos, especialmente si estaban investigando o criticando sus tácticas de terror. Según datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación La Red asesinó durante dos meses y sólo en Barrancabermeja a 68 personas. 16

La investigación adelantada por la Unidad de Derechos Humanos, producto de la presión y denuncias de la población de Barrancabermeja, puso al descubierto una gran parte de los asesinos, quienes más adelante fueron exonerados de todos los cargos por el General Fernando Tapias Stahelin en calidad de presidente del Tribunal Superior Militar.