Concepto

“la impunidad no ha transitado impunemente por nuestros caminos” … “ha dejado huellas profundas. Ha erosionado instituciones y estructuras; ha afectado el mundo de las relaciones sociales y políticas; ha diseñado el Estado…”1

La discusión sobre la impunidad en Colombia no es nueva, esta situación, que se define como la ausencia de investigación, juzgamiento y castigo para quien(es) incurre(n) en delitos consagrados como tales en la ley, ha sido una constante en la historia de la sociedad colombiana. Sin embargo, esta recurrencia no implica homogeneidad de las causas y explicaciones del fenómeno, ya que una cosa es entender la impunidad como resultado de la incapacidad material del aparato de justicia, propia de países “subdesarrollados”; y otra entenderla como una estrategia estatal de ocultamiento de su responsabilidad y la de sus agentes -legales e ilegales-, con miras a la consolidación de prácticas político-militares para defender un sistema social y económico excluyente e injusto.

En el primer caso, la impunidad se supera implementando procesos judiciales eficaces, incrementando el presupuesto y los recursos destinados a jueces y fiscales y capacitando adecuadamente a los funcionarios. En el segundo caso, la impunidad se supera sólo si se devela el papel estratégico que ha jugado el sistema penal, el sistema judicial y las prácticas estatales, respaldadas por la ley, en la destrucción de grupos sociales por móviles políticos, constituyéndose en un elemento fundamental dentro de la compleja maquinaria represiva establecida para sostener un orden social y económico excluyente.

Develar la funcionalidad estratégica de la impunidad es una forma de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la individualización de los responsables, pero, más importante aún, es una forma de poner en cuestión los principios y la ideología impuesta por medio de los crímenes impunes y de los mecanismos que los permitieron.

Partiendo del trabajo adelantado por defensores de derechos humanos, se reconocen diferentes tipos de mecanismos de impunidad identificando cuatro grupos principalmente: En un primer grupo se encuentran los mecanismos de derecho, que son aquellos que se refieren a ámbitos de encubrimiento expresados de manera explícita o implícita en la ley, así como a la forma en que se desenvuelven los procesos judiciales tanto en la etapa procesal como en la ejecución de las sentencias. Los mecanismos de derecho se dividen a su vez en mecanismos de ley, mecanismos investigativos, mecanismos propios del proceso disciplinario y mecanismos propios del nivel contencioso administrativo.

Un segundo grupo se refiere a los mecanismos de hecho, es decir, aquellos que se encuentran prohibidos por la ley pero que de hecho se utilizan para garantizar la impunidad, entre estos encontramos principalmente la realización de operaciones encubiertas o a través de particulares conocidos como paramilitares, las amenazas a los testigos, la alteración de las escenas de los crímenes, fingir combates para justificar las ejecuciones extrajudiciales, etc.

En un tercer grupo se concentran los mecanismos de tipo político que son usados desde la estructura misma del Estado. Los mecanismos políticos buscan por un lado la congelación de las acciones emprendidas por el mismo Estado para tratar de llegar a conclusiones concretas en los casos de la comisión de crímenes de lesa humanidad; y por otro la neutralización de los organismos de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a través de los señalamientos, deslegitimación de los informes etc.

Finalmente, existe un cuarto grupo, que se refiere a la impunidad como mecanismo social. Este tipo de mecanismos se basan en la utilización de elementos visibles de la sociedad civil para desmentir, ignorar o acallar la comisión de dichos crímenes. Los medios masivos de comunicación tienen un papel importante aquí porque desinforman sobre los crímenes al señalar a las víctimas como miembros de grupos subversivos para justificar su asesinato haciendo eco sin ningún esfuerzo por encontrar la verdad de las versiones oficiales. Lo mismo hacen cuando atribuyen la responsabilidad a grupos ilegales sin aclarar la conexión de estos grupos con los agentes estatales. Este grupo tiene especial importancia ya que convierte a la sociedad en cómplice silenciosa de los crímenes, y permite un mejor proceso de legitimación por parte de las actuaciones del Estado.

Mientras la impunidad de crímenes de Lesa Humanidad continúe imperando en Colombia, la esperanza continuará desterrada2