Desaparecidos“En Colombia, la violación de los derechos humanos no cuenta ni con la aprobación ni con la complicidad del Gobierno Nacional. Por el contrario, el Presidente de la República, en toda su actividad política y gubernamental ha trazado la filosofía del pensamiento democrático sobre la materia…”1

Establecer si los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas cometidas contra sectores de oposición política en Colombia han sido una política de Estado, diseñada y desarrollada de forma sistemática y generalizada por las fuerzas de militares y de seguridad y por las instituciones gubernamentales, judiciales y legislativas; se ha convertido en una de las controversias permanentes desde la década de los setenta entre los sectores sociales que se denominan de “izquierda” y los catalogados como de “derecha”.

 

La “derecha”, representada por los funcionarios estatales, los miembros de la fuerza pública, los dueños de grandes extensiones de tierras, los empresarios, los banqueros, los industriales, los comerciantes, y los dueños de los medios masivos de comunicación; han posicionado de forma generalizada la versión que afirma que los crímenes contra los opositores políticos en Colombia ha sido consecuencia de la velada militancia de estos sectores en grupos “alzados en armas” y que gracias a estas acciones de “defensa” se consolidaron las instituciones democráticas. Cuando aceptan los desmanes lo hacen afirmando que se trata de la acción de grupos “terroristas de extrema derecha” que son rechazados y perseguidos por el Estado Colombiano, y que los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública son, antes que acciones toleradas y promovidas desde instancias Estatales, “desafueros” también perseguidos y castigados por el Estado.

Frente a esto, la “izquierda”, representada por sindicalistas, partidos políticos opuestos a los partidos tradicionales, campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, académicos, abogados y organizaciones nacionales e internacionales promotoras del respeto a los derechos humanos; sostiene que el Estado, por medio de los funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad, han conformado y desarrollado estrategias de guerra sucia para atacar a la oposición política, siendo la principal de estas estrategias la creación y acompañamiento de grupos armados ilegales (paramilitares) que actúan de forma paralela con las fuerzas militares legalmente constituidas y que se encargan de realizar el “trabajo sucio”, garantizando la impunidad de los crímenes al tratarse de grupos no identificados ni reconocidos como parte del Estado.

En medio de estas dos versiones se juega la legitimidad de los sectores sociales inmiscuidos, quienes no sólo se acusan mutuamente de promover prácticas criminales sino de ser los causantes de la pobreza, el desempleo y la violencia que inunda nuestro país.

La verdad sobre los crímenes cometidos, los motivos, los responsables, los beneficiarios, las conexiones entre los criminales, los funcionarios estatales, los altos mandos del ejército, los políticos y empresarios regionales, ha sido postergada de forma repetitiva por considerar que la verdad sólo es posible en el contexto de posconflicto. El gobierno actual, a través de Eduardo Pizarro León-Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)2, ha manifestado la improcedencia de hablar de una Comisión de la Verdad en el marco del actual proceso de desmovilización de grupos paramilitares, pues éstas Comisiones son, según el comisionado, propias de momentos de posconflicto. Sujeto al texto legal, Pizarro León-Gómez afirma que la CNRR está limitada a desentrañar “las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”, dejando al poder judicial la misión de establecer la verdad de lo sucedido, los crímenes perpetrados, los intereses detrás de los crímenes, los responsables materiales e intelectuales de los mismos y los efectos de los crímenes sobre los sectores sociales atacados.

La dicotomía “derecha-izquierda” se ve ahora representada en la opción “verdad histórica-verdad judicial”. Los partidarios de la verdad histórica afirman la necesidad de establecer qué fue lo que sucedió en Colombia desde la década del sesenta, e incluso hablan de esclarecer lo sucedido desde 1948 hasta la actualidad, afirmando que la verdad histórica es un requisito para fortalecer la democracia, para que las comunidades recuperen la confianza, para consolidar la libertad de conciencia y la dignidad del ser humano, para reiterar las posibilidades de protesta social, para reconstruir las relaciones entre el Estado y sociedad, y para que las futuras generaciones tengan al pasado como horizonte para resignificar las relaciones y acciones del presente.

En este sentido retomamos las palabras del padre Javier Giraldo cuando afirma que expandir la memoria histórica es:

“…la única manera de desesterilizar nuestras víctimas frente al futuro; único antídoto que nos permitiría asimilar desde el subconsciente el modelo de sociedad que imponen los victimarios; único lente que nos permite contemplar los destrozos y las ruinas de humanidad que es necesario reconstruir. La memoria de las víctimas; la memoria de los crímenes; la memoria de las luchas y contextos dentro de los cuales se produjeron tantas injusticias y tantos sufrimientos, es una interpelación permanente a nuestras sociedades; es una toma de conciencia de lo que NUNCA MAS debe volverse a tolerar; es una toma de conciencia sobre los valores que fueron destruidos y sobre lo que es necesario reconstruir y reparar.”3

Contrapuesto a esto, los sectores de “derecha” son partidarios de la Verdad Judicial. Afirmando la inconveniencia de la verdad histórica para la estabilidad del Estado, promueven una política de perdón y olvido, que aseveran es la única forma de consolidar la estabilidad institucional con esto garantizar el desarrollo del país y el bienestar colectivo.

La verdad judicial tiene los siguientes problemas. Está circunscrita a un marco legal determinado que impone sus límites estrictos. En Colombia tradicionalmente se ha denunciado el alto porcentaje de impunidad, se puede afirmar que en el caso de violaciones a los derechos humanos el porcentaje de impunidad es del 99%, es decir que de cien crímenes cometidos 99 quedan sin castigo o sin enjuiciamiento contra sus responsables. Además, la implementación de mecanismos institucionales de impunidad conformados por leyes que impiden el juzgamiento de militares por parte de los tribunales judiciales ordinarios, la inexistencia de tipos penales (la desaparición forzada fue tipificada como delito sólo hasta el año 2002, luego de más de dos décadas de lucha por parte de organizaciones sociales), la existencia de términos de prescripción4 que favorecen la prescripción y la preclusión de investigaciones y la sanción de leyes como la 975 de 2005 (conocida como ley de “Justicia y Paz”) que establecen un tratamiento preferencial a los paramilitares.

Tipo de víctima en ataques de los paramilitares

Estadisticas

FUENTE: La dinámica del conflicto colombiano, 1988-20035

Además la verdad judicial es casi siempre una verdad atomizada, que toma caso por caso de forma aislada, diferenciando la responsabilidad penal de la administrativa y la disciplinaria, y sin contemplar la responsabilidad ética ni la reparación simbólica. Tampoco establece sistematicidad ni conexidad entre sucesos criminales, víctimas ni victimarios. Mucho menos es una estrategia de reconciliación, por el contrario ha sido una estrategia que ha generado más odios

Esto sin contar con las amenazas y crímenes contra testigos, denunciantes y abogados, la desaparición de pruebas la infiltración de la fiscalía y el poder judicial. En resumen la verdad judicial no permite desentrañar la lógica represiva que produce los crímenes, no profundiza en” los contextos; en las opciones de las víctimas y sus proyectos; en el discernimiento de intereses que estaban en juego al ser perpetrados los crímenes; en las constancias represivas de los victimarios; en las solidaridades existentes entre los poderes y en la lógica de las cadenas de mando; en el análisis de los controles territoriales; en las rutinas del ocultamiento y la tergiversación que los mass media vehiculan; en las dinámicas del terror y sus secuelas así como en todos los efectos que los crímenes pretendían causar”6.

Con una sociedad incapaz de asumir un compromiso con la verdad y un Estado empeñado en ocultar lo sucedido se siguen utilizando diversas versiones sobre la verdad como arma de guerra. Acudimos en la actualidad a una arremetida del establecimiento por fijar una versión del pasado. La derecha, más que nadie, sabe que el pasado es un campo de batalla y que el pasado no representa los hechos sino que habla de los significados y sentidos que le dan los sujetos en el presente.

“Para ser imparcial, el conocimiento de la verdad tendría que prescindir de toda opción (ya fuera ética, política, ideológica, religiosa o práctica). Pero en la realidad, nadie busca la verdad con intenciones de contemplarla. La búsqueda de la verdad es una necesidad humana, pero una necesidad que está articulada e integrada íntimamente a búsquedas humanas más amplias y profundas: la búsqueda de la supervivencia; la búsqueda del manejo del mundo para solucionar numerosas necesidades, aspiraciones e ideales; la búsqueda de un sentido de la vida; la búsqueda de un futuro más humano y digno (todas estas son opciones que determinan y acompañan la búsqueda de la verdad). Ocultar la relación íntima y recíproca que se da entre la búsqueda de la verdad y estas otras búsquedas humanas más amplias y profundas, que se concretan en proyectos, ideologías, cosmovisiones, aspiraciones o ideales, no sería honesto y atentaría contra la misma verdad. Además, cuando a pesar de todo, se asume la teoría de la “verdad imparcial y puntual” (en cuanto separable de todo interés u opción ética, ideológica, política, religiosa, pragmática etc., e incluso de todo contexto) lo que sucede en el fondo es que se quiere ocultar y negar esas opciones y relaciones subyacentes, en función de algún interés o presión para que permanezcan ocultas.”7

Las experiencias de Tribunales, Comisiones de la verdad para casos particulares han permitido, aún en medio del conflicto reivindicar a las víctimas, castigar o censurar a los responsables, reparar a las víctimas

Se debe implementar una política de Verdad síu generis como un instrumento para la consolidación de una sociedad más participativa, justa y emancipada de los poderes informativos que la reducen a un estado de enajenación al negarle la información sobre lo ocurrido y sobre las lógicas de la guerra.

“…por lo menos mientras el Estado se reconstruye o se reinventa, la sociedad civil tiene el desafío de no claudicar en la búsqueda de la verdad (por fuera de los expedientes y de los procesos judiciales); en la búsqueda de una pedagogía social sancionatoria, regeneradora y reconciliadora, y en la búsqueda de procesos de reparación y de reconstrucción de lo que se destruyó.”8

1 Pronunciamiento del consejero presidencial para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos durante el gobierno de Virgilio Barco. Bogotá, Abril 27 de 1988

2 Comisión creada por la ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz)

3 Giraldo, Javier, MSJ, Consecuencias jurídicas y políticas de la Impunidad. En: Memorias del Seminario Latinoamericano. Bogotá, abril 25-26 de 1997

4 Modo de extinción de un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley.

5 Restrepo, Jorge Alberto; Spagat, Michael y Vargas Juan Fernando; La dinámica del conflicto colombiano, 1988-2003, Departamento de Economía, Royal Holloway Collage, University of London, septiembre de 2004

6 Colombia Nunca Más. Crímenes de lesa humanidad. Zona 14 1966…., Tomo 1, Noviembre de 2000, p.52

7 Colombia Nunca Más. Crímenes de lesa humanidad. Zona 14 1966…., Tomo 1, Noviembre de 2000, p.51

8 Giraldo, Javier, MSJ, Consecuencias jurídicas y políticas de la Impunidad. En: Memorias del Seminario Latinoamericano. Bogotá, abril 25-26 de 1997