Situación de derechos humanos en Norte de Santander empeora
Las organizaciones que representamos a las víctimas de Crímenes de Estado: Movimiento de Víctimas Capítulo Norte de Santander (MOVICE), Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de víctimas del Desplazamiento Forzado: Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander (MFOPD), Asociación de Desplazados de La Provincia de Ocaña (ASODEPO), y Defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CALCP), les presentamos nuestras grandes preocupaciones sobre las graves problemáticas que aquejan a varios sectores del departamento de Norte de Santander, de las cuales exigimos al Estado colombiano acciones efectivas y respeto por nuestros derechos.
San José de Cúcuta, 5 de agosto del 2011
Señores Doctores:
MINISTRO DEL INTERIOR GERMÁN VARGAS LLERAS
MINISTRO DE AGRICULTURA JUAN CAMILO RESTREPO
SENADOR JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
DR. MARCELO ALVAREZ MAZA (MAPP-OEA)
GOBERNADOR ING. WILLIAN VILLAMIZAR LAGUADO
E. S. M.
Referencia: Derecho de Manifestación
Las organizaciones que representamos a las víctimas de Crímenes de Estado: Movimiento de Víctimas Capítulo Norte de Santander (MOVICE), Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de víctimas del Desplazamiento Forzado: Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander (MFOPD), Asociación de Desplazados de La Provincia de Ocaña (ASODEPO), y Defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CALCP), les presentamos nuestras grandes preocupaciones sobre las graves problemáticas que aquejan a varios sectores del departamento de Norte de Santander, de las cuales exigimos al Estado colombiano acciones efectivas y respeto por nuestros derechos.
No es posible pretender ni hablar de cambios sustanciales que genere la Ley 1448 del 2011 Ley de Víctimas, cuando los niveles de impunidad superan el 90%; sin que aún se haya dado el desmonte político, económico y militar de las estructuras paramilitares (Gaitanistas, Rastrojos, Aguilas Negras, Paisas, Urabeños, Rondas Campesina, etc.); con la ausencia de políticas públicas e inversión a favor de las víctimas, en el caso de las personas desplazadas forzosamente en Norte de Santander (130.000 personas que continúan esperando el cumplimiento de la ley 387/2007); sin sanciones ejemplares para quienes hicieron y hacen parte de la Fuerza Pública para promover graves crímenes de lesa humanidad como la Ejecuciones Extrajudiciales (Mal llamados “falsos positivos”), tortura, desapariciones forzadas; sin garantías reales para el ejercicio de los derechos humanos; con la amenaza y riesgo que se ha generado frente a la concesión de tierras y territorios de los campesinos e indígenas del Catatumbo y de municipios como Toledo, con la puesta en marcha de megaproyectos y de la gran minería; frente a la reiterada persecución, estigmatización y judicialización de líderes y lideresas que se resisten a ser víctimas de nuevas violaciones a los derechos humanos, caso particular, los campesinos y campesinas del Cataumbo; cuando persiste el Estado en convertir en campos de batalla los poblados de las sociedad civil, obligando a las comunidades a desplazarse, a sufrir el despojo como el caso del Corregimiento de Las Mercedes en el Municipio de Sardinata; cuando la imparcialidad de la justicia esta comprometida, al mantener las fiscalías al interior de cantones militares, como es el caso de la Fiscalía 29 de Estructura de Apoyo, que funciona al interior de la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta; cuando las autoridades civiles ambientales como CORPONOR, promueven el irrespeto al debido proceso, imposibilitan el acceso a la información, restringen de manera arbitraria la legítima expresión de las comunidades que se oponen a los megaproyectos y minería; con la anuencia del Estado frente al control paramilitar en los barrios del área metropolitana de Cúcuta (Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander El Zulia), La Provincia de Ocaña y la Región el Catatumbo donde la imposición de normas, códigos, etc., por parte de estos grupos criminales; frente a imposición de una legislación penal cada vez menos garantista; cuando no se respeta la independencia de la Rama Judicial, y sigue el poder ejecutivo y legislativo elaborando propuestas que afectan la autonomía de esta rama, como es el caso de la designación del Fiscal que por su mandato debe ser de absoluta decisión de la Rama Judicial; cuando senadores parapolíticos proponen inmunidad parlamentaria que les garantice la impunidad de sus propios crímenes y de su corrupción, cuando en plena época electora los paramilitares empoderados a sangre y fuego en el territorio imponen mediante amenazas a sus propios candidatos o apoyan con dineros ilícitos las candidatura de aspirantes a cargos tan importantes como la Gobernación del departamento y la alcaldías municipales.
Conforme a lo anterior, respetados Ministros; del Interior Dr. Germán Vargas Lleras, de Agricultura Dr. Juan Camilo Restrepo, Senador Dr. Juan Fernando Cristo Bustos, Dr. Marcelo Alvarez Maza, director Misión MAPP-OEA y Gobernador Ing. Willian Villamizar Laguado, de manera respetuosa, quisiéramos que nos den respuesta a las siguientes inquietudes:
1) ¿Cuáles son las propuestas del alto gobierno para la sanción efectiva de las autoridades civiles y militares que participaron en la comisión de más de 70 ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo? ¿Qué ha sucedido con los comandantes que dirigían la Brigada 30 y la Brigada 15 en aquel entonces, cuáles fueron las sanciones, dónde están, cuáles son sus versiones de los hechos, quiénes más participaron de estos crímenes contra la humanidad?
2) ¿Cuáles son las medidas concretas que tiene previsto el gobierno nacional, para fortalecer a la justicia en Norte de Santander y dar respuesta efectiva a las víctimas de crímenes como el desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, accesos carnales violentos, etc., especialmente en aquellos casos y acciones que son de conocimiento de la Justicia Ordinaria y que llevan más de 4, 5, 6, 7 y 8 años sin resolverse?
3) ¿Qué medidas efectivas ha previsto el gobierno, para que los casos de crímenes contra la humanidad en Norte de Santander, sean de total conocimiento de la Justicia Ordinaria, y no se sigan adelantando investigaciones desde la jurisdicción Penal Militar?
4) ¿Cuáles son las medidas del gobierno, para perseguir de manera concreta a todos los políticos regionales en Norte de Santander, empresas de Norte de Santander, funcionarios del Estado en Norte de Santander, integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, empresas extranjeras que operan en Norte de Santander y que han participado y participan de las estrategias criminales paramilitares?
5) ¿Cuáles son las medidas previstas desde el gobierno, para que las órdenes de la Corte Constitucional sobre la T-025, sean realmente aplicadas en Norte de Santander?, y ¿cuál es la destinación presupuestal que se tiene prevista para tal fin en Norte de Santander?
6) ¿Cuáles son las medidas efectivas del gobierno, frente al tema de garantías a la labor de los defensores/as de derechos humanos; a la libre expresión, movilización, resistencia pacífica de quienes se oponen a los megaproyectos y minería en Norte de Santander, todo esto frente a la criminalización de la protesta mediante la nueva Ley de Seguridad Ciudadana?
7) ¿Cuáles son las propuestas de apoyo del Estado colombiano, frente a los planes de vida, cosmovisión y autodeterminación de los pueblos, de campesinos e indígenas, que viven en la región del Catatumbo y el municipio de Toledo, resistiendo a que sus regiones sean devastadas por los megaproyectos y minería, cuyas zonas ya han sido concesionadas?
8) ¿Cuáles son las decisiones del Estado para proteger la vida de la sociedad civil, si insiste en mantener cantones del Ejército o de Policía al interior de poblados como el Corregimiento las Mercedes-Sardinata o el municipio de El Tarra, convirtiendo a la comunidad en escudos de guerra, generando mayor pánico, daños a la vida, integridad personal, patrimonial, de quienes allí habitan?
9) ¿Qué ha previsto el gobierno, frente a las situaciones denunciadas de mantener fiscalías al interior de batallones como es el caso de la Fiscalía 29 que funciona al interior de la Brigada 30?
10) ¿Qué medidas ha tomado el Estado, para que las autoridades ambientales elaboren, desarrollen, trabajen sobre verdaderos conceptos técnicos-legales-sociales que se ajusten a la realidad social, racial, económica, diferencial, y no insistan en el otorgamiento de licencias ambientales ligeras e irresponsables, que para el caso de Norte de Santander, generan grandes impactos a la vida, a cultura y la naturaleza de las comunidades que habitan allí?
11) ¿Cuáles son las medidas del Estado colombiano, para desmontar las estructuras paramilitares que mantienen el control en los cascos urbanos de ciudades como Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia y Sardinata, Ocaña y Tibú, entre otros?
12) ¿Qué respuesta tienen las víctimas por parte del Estado sobre los desaparecidos forzadamente y que los paramilitares desmovilizados confiesan haber arrojado a los ríos?, ¿Qué se ha hecho para verificar si la información es veraz o no o si es una forma de evadir su responsabilidad?
13) ¿Cuán se iniciará un trabajo serio de localización, exhumación e identificación de de restos de las miles de fosas comunes en Norte de Santander?, Cuándo se iniciará el censo y la toma de muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos? ¿Cuánto invertirá el Estado en la dotación y capacitación técnica del personad investigativo de medicina y antropología forense a fin de que se realice el trabajo cumplimiento con los protocolos y la cadena de custodia? y ¿cuando se iniciará el censo de NN en los diferentes cementerios que existen en el departamento?
14) ¿Qué acciones se han adelantado y que respuesta hay por parte del Estado sobre los hornos crematorios de Juan Frío (Villa del Rosario), donde los paramilitares desaparecieron centenares de personas y hoy continúan haciéndolo, bajo la mirada cómplice de autoridades civiles y militares?
15) ¿Cuándo se empezará a dar cumplimiento a lo contenido en la ley del 30 de agosto 1408 de 2010?
16) ¿Cuál es el compromiso real y cuáles las acciones concretas a emprender por parte de las autoridades departamentales municipales y nacionales para iniciar un trabajo articulado con las organizaciones sociales de base y con organizaciones defensoras de DDHH de la región, que lleven a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición?
17) Frente a lo anterior, solicitamos dar una respuesta de fondo, clara, oportuna y escrita, y si ustedes no son los competentes para hacerlos, remitirla a quien pueda responder.
