Denuncias Públicas

La Asociación Colombiana de estudiantes universitarios denuncia ante la opinión los graves hechos que han transcurrido durante el día de hoy en la universidad de Córdoba.

1.    En horas de la mañana llega la noticia a la universidad de que el actual rector de la universidad, ha instaurado una acción jurídica para que poder prolongar su periodo durante un año mas en el cargo de Rector, siendo necesario aclarar que el paro del que acaban de salir, una de sus principales peticiones era el retiro inmediato del rector.

2.    Luego de casi 3 meses de paro universitario, se logra llegar a un acuerdo sobre 17 puntos, de los cuales hasta el día de hoy ninguno ha sido cumplido.

3.    Siendo la una de la tarde las y los estudiantes se concentran en la universidad en señal de protesta por el incumplimiento de los acuerdos por parte de las directivas de la universidad.

4.    A la 1:30 pm llega la policía a la universidad (cuerpo de fuerza disponible) e inicia a lanzar bombas aturdidoras y gases lacrimógenos al interior de la universidad.

5.    A las 3:00 pm la fuerza disponible ingresa al campus de la universidad.

6.    Durante toda la tarde varios miembros de la fuerza disponible han sacado armas de fuego mostrándolas y apuntando hacia las y los estudiantes.

7.    Estudiantes testifican que a las 5:00 pm observaron como uno de los policías disparo tres tiros al aire, hecho que pone en grave riesgo la vida de las y los estudiantes de la universidad de Córdoba.

8.    Se ha llamado en reiteradas ocasiones a la defensoría del pueblo para que pueda verificar la grave vulneración en que se esta poniendo la integridad física de quienes se encuentran en la universidad, a lo que se ha hecho total caso omiso por parte de este ente del ministerio publico.

9.    La policía ha impedido que salgan personas de la universidad y hasta el momento se encuentran encerrados más de 500 estudiantes ya que la policía tiene bloqueadas todas las entradas.

10. El ESMAD llega a las 6:00 pm de la tarde, y se encuentra desalojando la universidad de forma violenta agrediendo brutalmente a las personas que se encuentran al interior de la universidad.

Teniendo en cuenta los hechos anteriormente enunciados, EXIGIMOS:

1.    A las directivas de la universidad, exigir el retiro inmediato de la fuerza publica de la universidad.

2.    Al gobierno municipal y a los entes de ministerio publico, personería y ministerio publico, tomar cartas en el asunto y proteger la vida e integridad de la comunidad universitaria.

3.    A los entes de control investigar los graves actos de la fuerza publica, ya que esta prohibido el uso de armas de fuego contra la población civil, siendo la universidad protegida por el Derecho internacional humanitario, y lo ocurrido atenta gravemente contra el mismo.

4.    Al gobierno nacional, en cabeza del ministerio de educación, velar por el cumplimiento de  los acuerdos hechos con la comunidad universitaria.

5.    Pedimos se respete la vida e integridad de la comunidad universitaria de la universidad e Córdoba, y se deje salir tranquilamente a quienes se encuentran al interior de la universidad.

Por ultimo una vez mas queremos rechazar el terrorismo de Estado ejercido por la fuerza publica y especialmente el ejercido por su escuadrón de la muerte, ESMAD.

“Por la vida y contra brutalidad policial.”

SECRETARÍA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

COMITÉ OPERATIVO DEPARTAMENTAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS – CND- SANTANDER

ORGANIZACIÓN INTEGRANTE DEL CAPÍTULO SANTANDER DEL MOVICE.

De acuerdo a denuncia suministrada por el COMITÉ SECCIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ALTO GUAYABERO, nos permitimos poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional los siguientes:

HECHOS
1. La presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora NORMA IRENE PEREZ identificada con C.C 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la Junta de acción Comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda la Unión, del municipio de la Macarena del departamento del Meta.

2. Se informa por parte del Comité Seccional De Derechos Humanos del Alto Guayabero que en la zona antes y después de la audiencia del 22 de julio de 2010, la región se encuentra fuertemente militarizada por tropas del Ejército Nacional que operan en dicho territorio, especialmente en los municipios de la Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán. También la información de la comunidad a firma que “el ejército se encuentra en la Vereda el OASIS, sitio cercano en donde ocurrieron los hechos”.

3. NORMA IRENE PEREZ, fue presidenta del Comité Veredal de derechos humanos de la vereda la unión y a su vez hacia parte de la junta de acción comunal con el comité de conciliación y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos de la Región del Guayabero del Departamento del Meta. También participó en el comité organizador de la Marcha Patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 y de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio del mismo año en el municipio de la Macarena.

4. La señora NORMA IRENE PEREZ, era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro (4) menores, entre ellos una niña de 14 años de edad, un niño de nueve (9) años de edad, una niña de seis (6) años de edad y una niña de cuatro (4) años de edad.

ANTECEDENTES
1. El Día 19, 20 y 21 de julio de 2010, se realizó en el país la Marcha Patriótica, con una importante participación ciudadana, la respuesta del Estado Colombiano fue la estigmatización, persecución y el bloqueo de los marchantes en varios lugares del país.

2. El día 22 de julio de 2010 en el municipio de la Macarena del Departamento del Meta se llevó a cabo gracias a proposición aprobada por el Congreso de la República en cabeza de la Senadora Gloria Inés Ramírez, la Audiencia pública titulada “La Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales de Colombia”. En dicha se pudo evidenciar la existencia de un cementerio de NN, así como también denuncias por parte de la comunidad de que en ese sitio se encontraría personas ejecutadas extrajudicialmente por parte de la fuerza pública.

3. El 25 de de julio de 2010 en visita del Presidente ÁlvaroUribe, a la zona de la macarena mencionó que: “el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”.[1]
Situación que puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias.

4. El tres (3) de agosto de 2010, las organizaciones que respaldarón la audiencia declararon su rechazo pues dichas palabras del presidente Uribe y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena pone en peligro la vida de los organizadores “Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia”[2]

5. Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día 16 de marzo de 2010, fue asesinado el presidente del Comité de Derechos Humanos de la verda La Catalina, La Macarena Meta, JHONNY HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.625.833 de Villavicencio (meta), Hurtado tenía de 59 años de edad. Según los testigos «la víctima se encontraban desarrollando labores agrícolas en su parcela distante a 1 hora -a pie- del centro poblado de Puerto Catalina, cuando escuchó un disparo de arma de fuego, Jonny alcanzó a andar unos 30 metros cayo y luego murió. La Comisión de Derechos Humanos y D.I.H. del Bajo Ariari precisó:» Existe preocupación en toda la región del río Guayabero, porque la zona esta militarizada y según lo denunciado por esta Comisión; unidades militares han esbozado sindicaciones y amenazas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, la presión indebida de unidades militares de la Brigada Móvil No 7 adscritas a la Fuerza de Tarea Omega y de otras unidades es constante, entre otras violaciones, es reiterada: la ocupación de los centros poblados, retenes, empadronamiento, sindicaciones, amenazas etc. preocupan a la comunidad en general. Todo esto sumado a el horrendo crimen de que fue objeto nuestro compañero JHONNY HURTADO llena de dolor y mucha preocupación al colectivo de Defensores de Derechos Humanos, de DH Bajo Ariari”.

SOLICITUDES
1. Se investigue penal y disciplinariamente los hechos que dan con la presunta detención, desaparición y presunta ejecución extrajudicial de la señora NORMA IRENE PEREZ dirigente campesina de la región de la Macarena.

2. Se garantice el derecho a la justicia respecto a los hechos que dan con el asesinato de la dirigente NORMA IRENE PEREZ y demás dirigentes de la región ejecutados extrajudicialmente.

3. Se garantice el derecho a la vida a los miembros de las organizaciones cívicas y campesinas que participaron en la pasada audiencia del 22 de julio de 2010 y en la marcha patriótica del día 19, 20 y 21 de julio de 2010.

Villavicencio, 21 de agosto de 2010.
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (CPDH)

[1] El tiempo, encontrada en : http://www.eltiempo.com/colombia/po…. consultada el 22 de agosto de 2010.
[2] En: www.comitepermanente.org (http://www.comitepermanente.org/dec…, e_miembros_de_la_delegacion_i.html), consultada el 21 de agosto de 2010.

Durante el sepelio del líder de los desplazados de la finca La Alemania, Rogelio Martínez, familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que desconocidos los estaban grabando con una cámara de video.

Varios familiares, amigos y defensores de derechos humanos se reunieron este viernes 21 de mayo en San Onofre, Sucre, para sepultar al líder de los desplazados de la finca La Alemania. Alrededor de las 9 de la mañana vieron con extrañeza que un vehículo cuatro por cuatro blanco de plazca JBI 890 con vidrios polarizados, daba vueltas alrededor del sitio donde se realizaban las honras fúnebres.

Los sujetos, que estaban de civil y se identificaron supuestamente como miembros de la Policía, fueron abordados por los campesinos que, cuando se dieron cuenta que los estaban grabando y tomando fotos, les quitaron una cámara.

En otro incidente, otros lugareños relataron que al mediodía, cuando el cortejo se dirigía al cementerio, cuatro sujetos armados que se movilizaban en una camioneta Captiva pasaron por la casa de la madre del líder asesinado y, según contaron, les mostraron las armas a los vecinos. Además, los sujetos siguieron el cortejo, sin que nadie se atreviera a abordarlos.

Defensores de derechos humanos habían pedido medidas de seguridad para las honras fúnebres de Martínez, pero se quejaron de que no hubiera presencia de uniformados en la mañana cuando debía ser sepultado en el cementerio local de San Onofre. También que la Fuerza Pública se dedicara a fotografiar y grabar en video a los asistentes al sepelio.

Este viernes, un grupo de defensores de derechos humanos se tomó la sede del Ministerio del Interior y Justicia para protestar por el asesinato de Martínez. Los 25 activistas se instalaron en el primer piso del ministerio ubicado en el centro de Bogotá exigiendo la presencia del titular de la cartera, Fabio Valencia.

Rogelio Martínez fue asesinado el pasado martes 18 de mayo en inmediaciones a San Onofre cuando se desplazaba en una moto. Al parecer varios encapuchados pusieron un retén cerca del predio La Alemania y bajaron a Martínez de un mototaxi, golpearon al conductor y mataron de tres tiros en la cabeza al líder campesino.

Desde hacía varios años la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunciaron las graves amenazas contra Rogelio Martínez y la comunidad de la finca La Alemania. Martínez fue uno de los líderes que se atrevió a denunciar el robo de la finca por Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’, desaparecido jefe del Bloque Héroes de los Montes de María y que reclamaba la devolución de las tierras a pesar de los evidentes riesgos. También fue de los pocos campesinos que se atrevió a regresar.

Rogelio era uno de los integrantes de las 52 familias que conforman la Empresa Comunitaria Alemania, que era propietaria de 556 hectáreas ubicada en los Montes de María, a 20 minutos de San Onofre, y a las que el Incora en 1997 les adjudicó este predio. Entre 2000 y 2002 estas familias fueron obligadas a desplazarse y 15 de ellos fueron asesinados por paramilitares.

Desde 2006 Martínez era el representante legal de la Empresa Comunitaria La Alemania, una cooperativa a la que adhirieron todos los parceleros del predio. Su posición lo hizo oponerse a los paramilitares y a reclamar las tierras de la comunidad.

En julio de 2008, comenzaron las intimidaciones contra Martínez. En varias ocasiones, el campesino denunció que desconocidos le hacían llamadas a su teléfono móvil pidiéndole información sobre guerrilleros.

En 2008, Rogelio y otras familias decidieron volver bajo su propio riesgo a la vereda La Alemania, sin embargo allí aparecieron nuevas amenazas. El 24 de diciembre de ese año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por un desmovilizado del Bloque de los Héroes de los Montes de María, conocido como ‘El Garrapata’ o ‘El 15’, quien le dijo que estaba incomodando a los paramilitares con la información sobre las fosas comunes y el robo de tierras. El ex paramilitar en tono de amenaza le dijo que “el gobierno les estaba pagando, pero cuando se acabara la cuota volverían a las armas”. La única defensa de Rogelio fue responderle que ellos estaban tras sus derechos, y lo único que estaba haciendo era recuperar su tierra.

El 1 de enero de 2009 circularon versiones en San Onofre que miembros de las ‘Águilas Negras’ entrarían a la vereda La Alemania y asesinarían a los campesinos que habían retomado sus tierras. A los pocos días, el 15 de enero, cinco hombres de civil y armados interceptaron a Rogelio y de nuevo lo amenazaron.

El crimen se produjo a pocos días que Martínez y otros líderes desplazados se reunieran con el Grupo de derechos humanos del G-24, conformado por representantes del gobierno, de Ongs y de la comunidad internacional donde se iban a discutir sobre la violencia y el desplazamiento en Sucre y Bolívar.

A pesar de los constantes llamados de protección al Estado, Rogelio Martínez se sumó a los por lo menos 15 muertos de La Alemania, un asesinato que a todas luces hubiera podido ser evitado.

Desde 1998 hasta 2001 estas familias fueron desplazadas y en 2001 el predio fue ocupado por ‘Cadena’. Según denuncias de los campesinos, durante cinco años La Alemania se convirtió en centro de operaciones paramilitares. Además, las autodefensas saquearon y desmantelaron las mejoras que hicieron los campesinos. Las víctimas al mismo tiempo vieron cómo se incrementaron las deudas con el Banco Agrario con las que adquirieron la propiedad.

No obstante, los campesinos denunciaron que el Incoder solicitó el embargo de la propiedad desconociendo la condición de desplazados de los campesinos y las amenazas en su contra, justo cuando, al parecer, los paramilitares se habían interesado en quedarse con la finca.

En 2007, a pesar del desplazamiento y la ocupación del predio por los ‘paras’, el Banco Agrario le vendió la deuda a la empresa privada de cobranza Cisa (Central de Inversiones S.A.) quien a su vez se la dio a Covinoc, otra firma de cobranza.

Sin embargo, gracias a varias acciones legales, el predio fue protegido y tiene medida cautelar, que prohíbe su transferencia o venta. Pero La Alemania sigue en remate y en riesgo de pasar a otras manos a bajos precios.

21 de Mayo de 2010

http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/rearmadados/2474-denuncian-nuevas-intimidaciones-en-sepelio-de-lider-de-desplazados-en-san-onofre

El Capitulo del MOVICE Antioquia, denuncia  la  actual persecución que se adelanta contra varias agremiaciones sindicales, de derechos humanos, movimiento estudiantil y social en general en la ciudad, estas investigaciones están siendo realizadas por la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército contra varios de nuestros miembros y organizaciones, quienes son acusadas de estar vinculadas a estructuras de grupos rebeldes de nuestro país, en el momento una persona se encuentra detenida desde el pasado 10 de junio del presente año.

La investigación referida se inicia desde el 29 de diciembre de 2006 donde
funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones solicitan a la Fiscalía
Seccional Destacada ante la RIME decretar apertura de investigación previa en
contra de varias personas que según “fuentes humanas” hacen parte de una
agrupación insurgente, más específicamente de las FARC.

Los informes de inteligencia son acatados de manera acrítica por la Fiscal 74
Seccional Delegada, quien le da credibilidad a los mismos sin ningún tipo de
análisis, estructurando sobre los mismos decisiones que 
limitan garantías fundamentales e incluso sobre el tipo de procedimiento sobre
el cual se debe situar la investigación penal.

En este informe se reseñan personas a las cuales se les elabora un perfil,
dentro del cual se anotan las actividades amplias que desarrollan
organizaciones sociales, populares, estudiantiles y de derechos humanos con el
movimiento insurgente, evidenciándose la intención de los militares de
incriminar a sus integrantes, señalando las participaciones en marchas,
acciones reivindicativas y asesorías judiciales entre otras como acciones o
actos “fachada” realizadas por los miembros que hacen parte de esos grupos
insurgentes.

Uno de los sustentos de los informes de policía judicial se basa en
testimonios de guerrilleros reinsertados, sin embargo es de anotar que a las
personas vinculadas a esta investigación previa se les hizo reconocimientos
fotográficos sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos para la
práctica  de esta probanza y sin enterarlas de la actuación que se surtía en
su contra para que ejercieran el derecho a la defensa desde la génesis del
proceso, incluso en medio de esas practicas se observa la manipulación por
parte del ente investigador para forzar los testimonios en contra de diferentes
miembros de las organizaciones investigadas.   

Igualmente en el proceso se llevan a cabo investigaciones, informes y
seguimientos contra miembros y organizaciones de diferente índole, en medio de
este proceso se observan que se han autorizado sin sustento alguno,
interceptaciones telefónicas y de celulares,  así como de correos
electrónicos, y seguimientos a diferentes miembros de estas organizaciones y
algunos de sus familiares. 

El conocimiento de esta investigación fue posible gracias a la comparecencia
voluntaria ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada de un grupo de más
o menos quince estudiantes de la Universidad de Antioquia el pasado mes de marzo
del presente año, allí se enteraron que existía una investigación contra
cuatro de esas personas, de las cuales tres hacen parte del MOVICE. A la fecha
estas personas han sido vinculadas a una investigación formal, y una de ellas
es Winston Gallego Pamplona, integrante de la Fundación Sumapaz, lugar donde
se encuentra actualmente la sede del Movimiento en Antioquia fue detenida el
pasado 10 de junio en momentos que él comparecía voluntariamente ante dicha
fiscalía. 

Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de la defensa de los
derechos humanos, evidencia que existe una política de criminalización de
esta labor, del derecho de opinión y de oposición política, para colocarlas
en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad, generando además, desconfianza
en la población de nuestra región. No reivindicamos para nuestras
organizaciones ni para quienes hacemos parte de ellas inmunidad ni mucho menos
impunidad; pero si exigimos de manera categórica que las acciones judiciales
en contra nuestra se hagan con base en la legalidad, la presunción de
inocencia, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

Por ello, exigimos a las autoridades judiciales y los organismos de  seguridad
del Estado que se aclare públicamente el origen y la intencionalidad de dichas
investigaciones y pedimos a los órganos de control que acompañen y vigilen que
se cumplan las garantías constitucionales para los defensores de derechos
humanos,  líderes sociales y sindicales. 

Por último, llamamos  a los movimientos de víctimas, a las organizaciones
sociales, sindicales y de Derechos Humanos para que expresen su solidaridad con
quienes vienen siendo perseguidos y a su vez exijan al Gobierno Nacional plenas
garantías y respeto por la vida y la integridad de estas personas y
organizaciones. 

A continuación se relacionan las organizaciones que de una u otra forma
aparecen en los informes de policía judicial, en testimonios de reinsertados y
en las solicitudes de investigación por parte del ente judicial. 
sindicatos:  
CUT
ADIDA
Sintradepartamento
Sintratabaco 
Sintrapintuco
Sintraemdes
Colectivo Sindical Clasista Guillermo Marin
Sintraunicol
SindeSena 
Sintralimenticia 
Escuela Nacional Sindical ENS

Organizaciones estudiantiles y juveniles
Red Juvenil
Juventud Comunista
Federación de Estudiantes Universitarios FEU
federación de Estudiantes de Secundaria FES

Movimiento Sociales; 
MODEP
Nueva Escuela Popular y Obrera
Corporación Bolivariana Simón Rodríguez
Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos

Derechos Humanos:
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL
Asociación Campesina de Antioquia, ACA
Corporación Jurídica Libertad
Fundación SUMAPAZ
 Movimiento Social de Desplazados ANDAS
Instituto Popular de Capacitación IPC
Corporación Región 
Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda

Políticas:
Polo Democrático Alternativo, PDA
Alianza Social Indígena, ASI