Descripción
En el marco de la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se realizó el lanzamiento del libro “Tensiones entre la Política extractivista y la Restitución de Tierras y los Derechos Territoriales” en la tarde del primero de mayo.
El conversatorio giró alrededor de la reflexión ¿Cómo está influyendo la política extractivista en los procesos de restitución de tierras?, y contó con la participación de uno de los autores, Leonel Plazas; Jaime Riascos, Coordinador encargado del equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energético e Infraestructura (AMEI) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT); y Luis Alfonso Castillo, vocero del Movice, en la moderación.
Galería Fotográfica [Flickr]
Para el Movice la política de restitución es una oportunidad para que se restablezcan los derechos de las víctimas. En el libro se analizan las tensiones que surgen entre la política de restitución en el marco de la reparación a las víctimas y la aplicación de la política mineroenergética y el impulso de grandes proyectos agroindustriales, elementos claves del desarrollo impulsado desde el Gobierno Nacional.
La investigación realizada toma como muestra 110 de las 144 sentencias de restitución emitidas, específicamente aquellas donde se superponen los proyectos o concesiones mineroenergéticas con el territorio a restituir. Las decisiones de las sentencias afectan 24 municipios ubicados en 11 departamentos de Colombia. Las 110 sentencias analizadas repercuten en 7.550 víctimas, que representan 1.653 núcleos familiares, de las cuales fueron asesinadas 99 víctimas durante y después del desplazamiento.
Explora la infografía para conocer los principales datos y conclusiones de la investigación:
(Gráficas interactivas)
Restitución de tierras no permite el retorno de las víctimas por concesiones de proyectos mineroenergéticos
Desde que se inició el proceso de restitución en el 2012, los fallos judiciales muestran una tendencia que restringe el derecho de las víctimas y comunidades despojadas: está prevaleciendo la protección de los intereses de las empresas del sector mineroenergético, específicamente donde coinciden los predios de restitución con los proyectos mineros o petroleros. A pesar de que los fallos permiten restituir las tierras, en el 91 % de las sentencias falladas por los tribunales de restitución aprueban la continuidad de los proyectos extractivos.
El desarrollo del extractivismo se permite bajo el argumento de su duración restringida -que pueden ser décadas- o manifestando la utilidad pública e interés social de la actividad minera y de hidrocarburos para el país. Estas decisiones desconocen la situación de desplazamiento de las víctimas, por lo que la continuidad de dichos proyectos no les permitirá el uso y goce cabal de su tierra y territorio después de décadas de haber sido expulsadas por la fuerza.
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