Descripción
Colombia: memorias de un pueblo que lucha por su libertad
Introducción
Los medios de comunicación (los que no son alternativos) ven en Colombia, en el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez, un ejemplo a seguir.
Lo nombran cuando hablan de “democracia ejemplar”. Lo citan para ejemplificar la “lucha contra el narcotráfico”.
Lo idolatran cuando santifican al “plan Colombia” de lucha “antiterrorista y antinarcóticos”.
Las cosas, sin embargo, pueden resultar ser distintas.
Iniciamos este espacio conjunto con el MOVICE (Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado) para traer luz sobre la oscuridad, y como un grito ante el silencio que niegan al pueblo colombiano.
Miércoles, 01 de Julio de 2009
AGENCIA de COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
Integrante de la Red Nacional De Medios Alternativos
“Perdimos, no pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra, ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo.”
Envar El Kadri
Colombia: un mapa general de lo oculto
En Colombia la realidad oculta desborda cualquier tapa y se presenta.
Nuevo asesinato de comunero Nasa indigna a los pueblos indígena
Visitá la página de la Agencia Walsh: www.agenciawalsh.org
* Toda la movida día por día en http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=105
* La historieta incisiva. Las Historietas del Chelo Candia enhttp://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=123
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Colombia: un mapa general de lo oculto
(AW-MOVICE) Una pregunta que comúnmente deberíamos formularnos: si esto es lo que nos muestran, ¿Qué es lo que no sabemos, lo que se mete debajo de la alfombra?
En colombia la realidad oculta desborda cualquier tapa y se presenta.
Convidados gentilmente por la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, MOVICE, agradecemos fraternalmente y nos presentamos.
El MOVICE nació hacia mediados del año 2005, fruto del esfuerzo de más de 350 Organizaciones Defensoras de derechos Humanos, como, La Organización Nacional indígena, Asfades (Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos), Proyecto Nunca Más, Fundación Manuel Cepeda, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Cinep (Centro de investigación y estudios populares) entre otros Organismos. El Movimiento trabaja en la dura realidad que atraviesa el pueblo colombiano. Esta realidad, el conflicto social y armado que se padece desde hace al menos 61 años, existe por el objetivo político que tienen quienes ejercen el poder estatal, que comprende la explotación de nuestros recursos naturales, la concentración de la riqueza, y una estructura económica puesta al servicio de las empresas trasnacionales del imperio.
El marco actual está dado por las prácticas criminales que realiza el Estado Colombiano, encabezado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, conformado como fuerza de desembarco y consolidación de las posiciones estratégicas en la región de empresas multinacionales como la petrolera REPSOL, la carbonífera Drummond o la agroindustrial Monsanto, abriendo un nuevo capítulo en lo que desde hace 61 años se reconoce como un conflicto social y armado.
El territorio colombiano, poblado por campesinos y pueblos originarios que viven ancestralmente en armonía con la naturaleza que compone los diversos ecosistemas lo visten y enriquecen, hoy es el botín de guerra de esas empresas que desembarcan para explotar los recursos naturales en territorios con poblaciones arrasadas por el accionar criminal del Estado y su brazo paramilitar.
Colombia se ha constituido, a partir de los procesos democratizadores que se desarrollan en Sudamérica, como el principal bastión de los mismos intereses que sumieron a nuestra región en el período reconocido como “neoliberalismo”, cuyo principal indicador es el empobrecimiento de los pueblos y la concentración de la riqueza en manos de empresas multinacionales y sus testaferros y aliados en cada país.
La diversidad y riqueza natural que caracteriza a Colombia explica, además de la coyuntura política de la región, el desenfreno de las acciones que lleva adelante el Estado Colombiano, con su brazo paramilitar para azotar al pueblo y el aparato estatal para sostener los sólidos negocios de esas empresas multinacionales.
La situación que se describe aquí sin ahondar en detalles tiene que ver con una realidad que nos toca atravesar a todas las naciones de la región. Algunas con la dignidad de sus pueblos resistiendo y llevando adelante los procesos de liberación, otros con ese mismo pueblo digno resistiendo los embates de estructuras de poder solidificadas por décadas de violencia ejercida desde el Estado. En la Argentina, es de desatacar que la misma lógica política, siniestra, que vuelve al Estado en contra de su propio pueblo, es encarnada por la propuesta política trivial y efectista de Mauricio Macri (reconocido admirador de Álvaro Uribe Vélez) y su socio Francisco de Narváez.
Lo que nos proponemos, a partir, por ejemplo, de este espacio que gentilmente nos facilitan los compañeros de la Rodolfo Walsh, es compartir con la sociedad argentina una visión que nos permita estrechar lazos de solidaridad y el trabajo mancomunado por la paz y bienaventuranza de nuestro pueblo afro, indo y latinoamericano, que, fraccionado en naciones por los intereses de las oligarquías aliadas de los intereses imperiales, sigue siendo explotado para fomentar un orden internacional que posibilita el beneficio del capital trasnacional y sus testaferros y mercenarios locales. La resistencia continental vuelve hoy a caminar hacia la unidad continental, que fue el proyecto político de quienes hicieron posible el fin del imperio español hace dos siglos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia – Capítulo Argentina
AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
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(MOVICE) Inaugurando el espacio que nos abre la Agencia Rodolfo Walsh, queremos compartir algunas de las “novedades” que produce la política colombiana. Son tres actuaciones estelares del Congreso Nacional en su función de dar respaldo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez en sus lineamientos básicos: Terrorismo de Estado y desplazamiento de poblaciones campesinas y originarias en favor del desembarco de empresas trasnacionales.
La oposición al gobierno de Uribe, a través de un proyecto de Ley de Víctimas impulsado por el Liberal Guillermo Rivera, instaló en el Congreso una discusión entorno a la necesidad de reparación para las víctimas del conflicto social y armado que atraviesa el país desde hace 61 años. El tratamiento que se dio al proyecto en la Cámara de Representantes –con más de ochenta congresistas (uribistas) procesados por vínculos con el paramilitarismo- produjo una Ley de Víctimas que fue tildada por el impulsor como “una salvajada” hacia las víctimas, al tiempo que organizaciones colombianas e internacionales plantearon que su contenido es disctiminatorio hacia los afectados por el terrorismo de Estado.
El hecho es que al Proyecto inicial planteaba que el Estado colombiano debía asumir los daños producidos por la Policía, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. En el Senado la norma fue votada equiparando a las víctimas de crímenes de Estado con las víctimas del accionar paramilitar y de las organizaciones insurgentes. Pero, luego de la votación que se produjo el Martes 16 de Junio de 2009 en la Cámara de Representantes, la reformulación del Proyecto planteó que las víctimas de las fuerzas estatales, sólo serían reconocidos en aquellos casos donde exista una condena judicial contra personal de las alguna de las fuerzas.
Uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (MoViCE), Iván Cepeda, planteó que la norma votada ”desconoce los derechos de las víctimas, viola el principio de igualdad, excluye la restitución de tierras y desfigura el concepto de la reparación al darle carácter asistencialista”.
Además, como la Ley desconoce la restitución para las víctimas en los casos de desplazamiento, el MoViCE plantea que la Cámara legisla “a favor de los propietarios de empresas nacionales y trasnacionales, beneficiarios económicos, del desplazamiento y el despojo violento”. Esta reasignación de tierras en favor del capital trasnacional constituye la base material del accionar político del Estado colombiano.
PARAMILITARES SIN JUICIO
La reforma del Código de Procedimiento Penal que la misma Cámara de Representantes aprobó el Lunes 15 de Junio de 2009 deja afuera del alcance de la justicia (afuera de la posibilidad de ser juzgados) a 19.000 paramilitares rasos de las “Autodefensas Unidas de Colombia”.
La medida alcanza a más de la mitad de los paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006, suspendiendo los procesos penales en curso bajo la orientación de lo que se dio en llamar “principio de oportunidad”. Los beneficiados son todos los paramilitares desmovilizados que no hayan tenido rango de jefes.
Reiteramos, como para ir dejando claro de qué escenario se está hablando, que de esa misma Cámara de Representantes, más de ochenta miembros están procesados por vínculos con el paramilitarismo y que probablemente la Corte Suprema de Justicia extienda el procesamiento a otros veinte Representantes.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
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(MOVICE) En Quechua, la Minga es la forma de denominar al trabajo colectivo. El vocablo, desde el Cauca y Nariño, se ha convertido en un concepto extendido en todo el territorio colombiano a través del trabajo realizado por el colectivo de organizaciones de pueblos originarios que se denomina La Minga.
En Quechua, la Minga es la forma de denominar al trabajo colectivo. El vocablo, desde el Cauca y Nariño, se ha convertido en un concepto extendido en todo el territorio colombiano a través del trabajo realizado por el colectivo de organizaciones de pueblos originarios que se denomina La Minga. Este colectivo organizó dos marchas nacionales: en 2004 con un recorrido que unió la región del Cauca con Cali, en 2008 fue desde el Cauca hasta Bogotá. Ambas bajo el nombre, también, de La Minga.
La Minga del año pasado sumó, además, a organizaciones campesinas, de derechos humanos, afrodescendientes, estudiantiles, sindicales y partidos políticos, aglutinando a un amplio espectro de la resistencia social y política colombiana ante el accionar terrorista del Estado, su brazo paramilitar y el avance y consolidación de los intereses del capital trasnacional. Además, La Minga sumó la adhesión y participación de multitudes en cada una de las regiones y ciudades por las que pasó.
“Caminar la palabra” es el lema que esta Minga utilizó, resumiendo en él a la práctica de recorrer las diferentes realidades, recogiendo las propuestas y reclamos de los diversos sectores de la sociedad colombiana.
Ante la violencia y persecución que ejerce el Estado con el objetivo de silenciar a las expresiones de la resistencia, La Minga se constituyó como ejemplo y ámbito convocante para el trabajo conjunto de múltiples expresiones sociales y políticas.
Aída Quilcue es una de las voceras de La Minga y cumplió su mandato, hasta inicios de 2009, como Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ella ha sido hostigada y procesada por rebelión por el Estado colombiano, y aunque aún está libre, este accionar apunta a silenciarla, asesinarla o encerrarla. Además, la hija de Aída Quilcue, Mayerlin Alejandra Legarda Quilcue, fue objeto de un grave atentado el 11 de Mayo de este año, cuando la residencia de la familia fue atacada por cuatro hombres con armas de fuego, en lo que fuera el segundo ataque sufrido por la familia: el primero se produjo el 16 de Diciembre de 2008, cuando 17 impactos de bala acabaron con la vida de Edwin Legarda, compañero de Aída Quilcue, mientras conducía un vehículo del CRIC.
La Minga, aún frente a este nivel de persecución, aporta la legitimidad de la lucha de los pueblos originarios, su resistencia ante la imposición de un modelo como el que desde el Estado y el capital trasnacional están tratando de implantar en este momento.
En el proceso colombiano, desde esta perspectiva, aglutina al pueblo colombiano para avanzar con los tres ejes que el colectivo plantea: oposición a las políticas de Seguridad Democrática que ejerce el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que atentan contra la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios, consagrados en la Constitución colombiana desde 1991; la oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) porque ataca la práctica cultural y económica de los pueblos originarios, condenándolos al exterminio; y el ejercicio de la resistencia como ejemplo del camino arduo y digno que tiene por delante el pueblo colombiano.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
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Nuevo asesinato de comunero Nasa indigna a los pueblos indígena
(AW) La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, condena el asesinato del comunero nasa Marino Mestizo, ultimado por sujetos encapuchados el día anterior. Este hecho hace parte de la estrategia genocida contra los pueblos indígenas de Colombia y del Cauca. Nos solidarizamos con los hermanos indígenas del Cauca y con sus familiares; nuestro más sentido sentimiento de hermandad y respaldo.
Comunicado de prensa ONIC
Como un acto cobarde y criminal fue considerado el asesinato de otro comunero más del Pueblo Indígena Nasa. Así lo denunciaron las autoridades indígenas del Norte del Cauca, una región profundamente afectada por el conflicto armado, que esta vez le costó la vida al comunero Marino Mestizo, quien a sus 40 años fue asesinado por tres sujetos armados y encapuchados que luego de torturarlo le propiciaron tres disparos causándole la muerte.
Marino fue asesinado en la vía que conduce del municipio de Caloto al corregimiento del Palo (Toribio). Este asesinato deja un gran sentimiento de rechazo e indignación por parte de los pueblos indígenas; “con dolor recordamos a nuestro compañero Marino Mestizo que tuvo una vida llena de compromiso por la justicia. Reiteramos que su asesinato con las manos amarradas por gente armada, es un acto cobarde de gente que tanto miedo le tiene a la verdad y a la vida, que amarran a quien defiende la verdad para silenciarlo”, expresaron sus compañeros del Tejido de Comunicaciones ACIN.
El asesinato de Marino deja cuatro hijos huérfanos, dos de ellos menores de edad y, viuda a Cecilia Escué. Sus compañeros y las autoridades indígenas de la zona norte del Cauca recuerdan al comunero nasa como un amigo y un investigador que le aportó, desde la práctica, al proceso jurídico de su comunidad y al proceso organizativo. Mestizo era oriundo de la vereda La Esperanza Jambaló. Fue asesinado en el sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, Cauca.
Marino Mestizo era un líder comprometido con el proceso, reconocido y apreciado por las autoridades y la comunidad. Se había desempeñado como Presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, fue Coordinador Jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y actualmente hacía parte del Comité de Investigación del Cabildo; venía indagando casos como el secuestro de siete (7) funcionarios de la Alcaldía de Jambaló, liberados por la comunidad indígena el año pasado.
Albeiro Quiguanás, gobernador de Cabildo Indígena de Jambaló, explicó que Marino aportó ampliamente al cabildo y al espacio jurídico local y zonal que venía acompañando.
Sus restos “serán sembrados en la Madre tierra mañana jueves a las cuatro de la tarde en la vereda la Esperanza”, dijo Quiguanás.
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, condena este asesinato: Consideramos que este hecho hace parte de la estrategia genocida contra los pueblos indígenas de Colombia y del Cauca. Nos solidarizamos con los hermanos indígenas del Cauca y con sus familiares; nuestro más sentido sentimiento de hermandad y respaldo.
Convocamos a la comunidad nacional e internacional para que exija al gobierno colombiano la protección inmediata a los pueblos indígenas, exigimos el cese inmediato a este y otros mecanismos de exterminio contra nuestros hermanos indígenas.
Solicitamos a los organismos de control: Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación que de acuerdo a su mandato acompañen al Pueblo Indígena Nasa e investiguen a los responsables de este sistemático genocidio que se está cometiendo en contra de nuestros pueblos.
Instamos a la Fiscalía General de la Nación y a los entes competentes para que inicien el proceso de esclarecimiento de los hechos, la judicialización de los autores materiales e intelectuales y así garantizar que este y otros hechos de violencia no queden en la impunidad.
“La investigación y recopilación de información alrededor de este lamentablemente hecho estará en manos de las 18 gobernadores indígenas de la zona que estarían arribando en horas de la tarde a esta comunidad” dijo Quiguanas al Tejido de Comunicaiones ACIN. Extendió la invitación a las comunidades indígenas de la zona norte y a organizaciones indígenas y sociales a una audiencia pública que se realizaría en esta comunidad posiblemente el día de mañana.
Ver videoclip Asesinato de Marino Mestizo:
http://www.youtube.com/watch?v=Rcn75odnHdg
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
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