Descripción
A las 4:44 p.m., del 20 de junio, llegó al teléfono móvil 3176606506 de los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, JyP, responsables del área de comunicación con una amenaza de muerte a diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
El mensaje fue enviado del número celular 3153802383 a uno de los teléfonos asignado a nuestra organización por la Unidad de Protección del Ministerio del Interior con el siguiente texto: «la linea política de los marxistas de las farc (sic) los exterminaremos indígenas, en el valle (sic) nomadesc, presos políticos (sic), ecate (sic), cpdh (sic), movice (sic), cut (sic), son estructuras ideológicas en lo rural y urbano no hay tregua terroristas guerrilleros…por una colombia (sic) sin gerrilla (sic). Muerte».
El mensaje amenazante se dirigió a uno de los móviles que en las última semana se ha utilizado para comunicarse con organizaciones sociales, de derechos humanos, analistas sociales, jurídicos y politólogos.
Días antes continuaron los seguimientos y hostigamientos contra integrantes de JyP
El pasado lunes 11 de junio, en horas de la tarde un hombre rondó en tres ocasiones la sede de la organización en Bogotá, luego de que ingresaran delegados de las comunidades negras de Curvaradó con defensores de derechos humanos Abilio Peña y Fabio Ariza para preparar testimonios y documentación en intervenciones que tendrían con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, Naciones Unidas y agencias de cooperación.
Posteriormente, el jueves14 de junio, luego de que la Comisión de Justicia y Paz acompañara junto a Brigadas Internacionales de Paz, PBI, al abogado defensor de derechos humanos, Daniel Prado, en diligencia judicial en la ciudad de Medellín en un caso que involucra a la familia Uribe Vélez, el expresidente escribió en su cuenta de Twiter: “Colectivo de abogados invade sedes fiscalía con mujeres -extranjeras?- para presionar convertir calumnias en verdades. Por que lo permiten?”.
Desde el mes de abril, se han intensificado los seguimientos y hostigamientos contra integrantes de JyP, a los defensores de derechos humanos Danilo Rueda y Alberto Franco, Abilio Peña, Fabio Ariza y ahora al equipo de comunicación, así como, la observación y registros fotográficos a la sede de JyP en Bogotá.
Hasta el momento la Unidad de Protección no ha dado respuesta eficaz y oportuna a las solicitudes en medidas materiales, lo que ha obligado a las y los defensores de nuestra organización a cesar en actividades legales y legitimas de protección, de promoción y jurídica de derechos humanos en Bogotá y comunidades en diversas regiones del país. La Fiscalía General de la Nación tampoco ha realizado un actividad de investigación eficaz y oportuna para esclarecer tantas operaciones de desprestigio, de intimidación, montajes judiciales.
Comisión Intereclesial Justicia y Paz
20 de junio de 2012
