Pedimos
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Propuestas mínimas sobre verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición
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El conflicto interno armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo ha dejado miles de víctimas de crímenes de Estado. Durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, al finalizar la década de 1970, fueron detenidas y torturadas por militares, tan sólo en Bogotá, más de 5.000 personas y, según un informe del Ministerio de Defensa, más de 60.000 personas fueron detenidas por militares durante el primer año de la administración de Turbay Ayala (1978-1979).
Cartilla Pedimos la palabra azul
La cartilla que tienen en sus manos, es una herramienta diseñada para facilitar la apropiación y aplicación –por parte de las comunidades campesinas, organizaciones de mujeres y grupos étnicos– de la propuesta del Catastro Alternativo del Despojo-CAD, una de las ocho estrategias del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice. Ver
Informe Revictimización a las Víctimas de Crímenes de Estado
Presentación
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha logrado despertar las esperanzas de gran parte de la población colombiana, así como la de varios gobiernos extranjeros y de la comunidad internacional; no solo por la sanción y puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino por la posibilidad de entablar un diálogo de paz con la guerrilla. Sin embargo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha constatado que durante el actual gobierno las víctimas han encontrado múltiples dificultades para acceder a una real verdad, justicia y reparación integral; siendo una de las principales dificultades la persistencia de las agresiones, que van desde amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos y desapariciones forzadas.
Lee informe completo sobre revictimizaci{on a victimas de cr{imenes de Estado en PDF
Declaración política Encuentro Nacional de Unidad Popular transitando caminos de unidad para la movilización social y política
En un ambiente fraterno, de espíritu unitario y de optimismo generalizado por la construcción de un nuevo país, los 350 delegados y delegadas de varias regiones en representación de las plataformas nacionales, procesos organizativos regionales, organizaciones sociales de base, partidos políticos de izquierda, sectores democráticos, hombres y mujeres inconformes:
DECLARAMOS:
Que a dos años del Gobierno de Juan Manuel Santos la agudización de la situación económica, social y política del país, está en correspondencia con el impacto de la crisis económica del sistema capitalista que afecta derechos básicos y fundamentales de los Colombianos y colombianas, a partir de la continuación de un modelo de explotación y negación de posibilidades que como el de su antecesor se viene aplicando de manera directa con frases eufemísticas como la Prosperidad Democrática, la confianza inversionista y la puesta en marcha de las 5 locomotoras fundadas en un discurso demagógico que favorece y privilegia los intereses del gran capital, la burguesía y las transnacionales.
La consolidación y ratificación de dichas políticas se asumen por la vía jurídico-institucional donde el Congreso de la República legisla en favor de las minorías que ostentan el poder político y económico, adoptando para ello 7 actos legislativos o reformas constitucionales como las Leyes de Regla Fiscal, de Sostenibilidad Económica, de Regalías, de adopción de un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial orientado a favorecer la financiación de la infraestructura para la transnacionalización de la economía y puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio.
De igual manera la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras desconoce los derechos básicos de la población afectada por la confrontación armada y de paso favorece la concentración de la propiedad; la implementación del código minero que privilegia la gran minería transnacional con la explotación irracional de nuestros recursos naturales y por consiguiente la violación de la Soberanía Nacional; la presentación del proyecto de Ley general agraria y de desarrollo rural que estimulará los agro negocios, incrementará el precio de la tierra e institucionalizará el despojo.
La Ley de formalización y de primer empleo estimuló la flexibilización y precarización del trabajo, dejando de lado la implementación de políticas tendientes a disminuir los altos índices de desempleo e informalidad; al igual que el estado lamentable de la red pública de salud, con la mercantilización de este derecho fundamental donde el paciente se convirtió en cliente y la salud en mercancía.
Las anteriores medidas se suman a la presentación en la nueva legislatura de la Reforma Tributaria, la cual traerá la adopción de nuevos impuestos y la puesta en marcha de la Reforma Pensional, que se concibe como un raponazo a los precarios ingresos de los pensionados; todo este marco de legislación burguesa desconoce de manera directa el tan mencionado Estado Social de Derecho y de paso incrementa los índices de pobreza, marginalidad y exclusión en nuestro País.
Que en el contexto internacional se profundiza la crisis del capitalismo, sin antecedentes en los Estados Unidos, por efectos de la aplicación de políticas irracionales del sector financiero y del fracaso de su estrategia imperial de control y dominio político y económico; de igual manera en países de la Unión Europa se presentan dificultades y síntomas de reactivación de las luchas de resistencia a partir de la aplicación de un modelo económico que restringe aspectos básico del llamado “Estado de Bienestar” y de paso limita las condiciones de vida en países como Grecia, España, Portugal, Francia, etc. Así mismo dichas medidas tienen incidencia en países del continente africano que dieron origen a alzamientos populares como la “Primavera Árabe”.
En América Latina avanzan los procesos de cambio y transformaciones políticas, sociales y económicas en función del ascenso de gobiernos de corte democrático, progresista y revolucionario, quienes han recogido el concepto bolivariano de la integración y solidaridad entre los pueblos, fortaleciendo escenarios continentales como el Alba, Unasur y la Celac. De igual manera se registran acciones desestabilizadoras contra los Gobiernos legítimos de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia por parte de los Estados Unidos, planificando Golpes de Estado como lo ocurrido en Honduras con Manuel Zelaya y en Paraguay con Fernando Lugo, contra las cuales se hace necesario avanzar en la consolidación de la cooperación y la convivencia pacífica refrendando el principio básico de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Que frente a la afectación de derechos fundamentales de los colombianos y al crecimiento de los índices de desigualdad social y al incremento de la violación de los Derechos Humanos por parte de agentes Estatales y el paramilitarismo, expresados con los asesinatos de sindicalistas, dirigentes sociales y políticos, la proliferación de panfletos amenazantes en barrios y universidades, el señalamiento a los defensores de Derechos Humanos, la persistencia de los crímenes de Estado y la permanente impunidad, el aumento del número de presos de consciencia en las cárceles a partir de las detenciones arbitrarias, los bombardeos sobre la población civil y la negación del Derecho Internacional Humanitario con la instalación de bases militares en zonas de presencia y actividad de la población civil; demandan del movimiento social y popular avanzar en mayores escenarios unitarios de articulación de la movilización y la protesta.
En esa perspectiva de fortalecer procesos de convergencia del movimiento popular, la Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos asume como parte de los acumulados de lucha y resistencia del pueblo y sus organizaciones la visibilización de jornadas y acciones como las proyectadas por la Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia, el Congreso de los Pueblos con los Mandatos de Legislación Popular, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria por la recuperación de la Madre Tierra, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por la defensa de los Derechos de las Víctimas, el Polo Democrático Alternativo con la actuación decidida y comprometida de la denuncia en los debates de control político en el Congreso de la República, La Coalición de Movimientos Sociales de Colombia – Comosoc – en la lucha frontal por la defensa del Derecho a la Salud, las jornadas memorables de protesta del Movimiento Estudiantil articulado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en procura de un nuevo proyecto alternativo de Educación Superior, las acciones de resistencia contra los megaproyectos energéticos y la gran minería en procura de la Defensa del Medio Ambiente, las jornadas de protesta de la CUT y el Movimiento Sindical reivindicando sus derechos y de todo el conjunto de acciones de resistencia y lucha organizada del pueblo Colombiano a partir del compromiso decidido de fortalecer, animar y avanzar en escenarios de lucha y movilización social y política unitaria.
Que en desarrollo del escalonamiento de la guerra y de la falta de voluntad politica del Gobierno Nacional, nos manifestamos en la necesidad y compromiso de avanzar en la busqueda de la Solución Política al Conflicto Social y Armado que vive nuestro país, a partir de un diálogo abierto que posibilite allanar escenarios de participación de la sociedad en procura de la superación de los niveles de marginalidad, pobreza y exclusión como causas estructurales de la confrontación en la perspectiva de la Paz con Justicia Social.
Que no compartimos actitudes y procedimientos sectarios y excluyentes al interior de los procesos sociales y políticos que no contribuyen a fortalecer la unidad social y popular.
Saludamos y alentamos las iniciativas que en el suroccidente colombiano y especialmente el Cauca se vienen promoviendo desde los procesos indígenas, campesinos y afrodescendientes por la defensa de los territorios de la confrontación armada y contra la explotación y saqueo de recursos naturales por parte de empresas transnacionales. Dichas iniciativas de armonización del territorio y defensa de la madre tierra dan cuenta del cansancio de la población ante dichos fenómenos y la urgente necesidad de dar soluciones reales a los problemas sociales históricos del pueblo colombiano.
El Encuentro Nacional de Unidad Popular, como manifestación de nuestra vocación unitaria, convoca a todo el movimiento social y politico del pais a la construcción de un Bloque de Unidad de caracter popular que consolide una agenda política de unidad y la construcción de un nuevo país, construido desde las bases sociales, regiones y sectores, que contrarrestre las políticas lesivas del actual régimen y posicione la propuesta de paìs que encarnamos. En tal sentido proponemos la siguiente ruta de unidad:
En procura de fortalecer y enaltecer los esfuerzos unitarios en construcción, acogemos y apropiamos una AGENDA DE ACCION POLITICA que incluye aspectos como Calidad de vida digna, Defensa y permanencia en los territorios, Derechos Humanos y lucha contra la impunidad, defensa de la soberanía nacional, confrontación y resistencia a los TLC, y a la implementación de bases militares gringas en nuestro país, Solución Política al conflicto social y armado, confrontación y resistencia al sector financiero; siendo estos aspectos la referencia básica de la acción política coordinada y conjunta de todas las plataformas nacionales y procesos en lucha en nuestro País.
Nos comprometemos con el impulso y la articulación de distintas iniciativas hacia un Gran Movimiento Social por Solución Política al Confilcto y la construcción de una propuesta de Paz para el país.
Del 5 al 12 de octubre realizaremos la Semana Nacional de Indignación, iniciativa que recorre las propuestas de Jornada de Protesta, Paro Nacional y demas acciones que el movimiento popular considere. Llamamos a realizar unitariamente coordinaciones locales, departamentales y nacional de preparación de esta jornada de movilización.
Realizaremos el II Encuentro Nacional de Unidad Popular para el primer semestre de 2013. Nos proponemos realizar el balance de 2012 y la proyección del Paro Cívico Nacional para el 2013 para continuar cimentando las bases de la unidad popular.
Por la Paz con Justicia Social, Unidad Popular !!!
ENCUENTRO NACIONAL DE UNIDAD POPULAR
Bogotá, D.C., 11 de Agosto de 2011
ANEXO 1.
Agenda de solidaridad popular:
Agosto 14 – Movilización nacional por la derogatoria de la Ley 100 y lucha por un nuevo modelo de salud.
Agosto 16 – Movilizaciòn por el derecho a la vivienda en Bogotà.
Agosto 24, 25 y 25 – Cabildo Nacional de Juventudes (Cartagena de Indias).
Agosto 29 y 30 – Audiencia Pública sobre la Minería en Santurbán y el Páramo del Almorzadero en Santander.
Paro Cívico en Arauca (Caldas) 18 de Agosto.
Agosto – Paro cìvico en los municipios de la zona occidente del Departamento de Caldas.
Agosto – Plantòn en Bogotà contra el monopolio tabacalero de la Philips Morris.
Agosto – Acciones de solidaridad con los sectores en conflicto : con el Movimiento Indígena del Cauca, Huelga contra la multinacional Drumond y Prodeco por Sintraime, con el movimiento estudiantil y educativo, el sector salud, sectores afectados por la locomotora minero-energética, con Sintraintabaco, etc .
7 de septiembre – Jornada Nacional de protesta de la comunidad educativa, Fecode por el derecho a la educaciòn pùblica. El Movice y otras organizaciones se vinculan para agitar otras problemàticas.
Septiembre 14 – Movilizaciòn contra la minerìa en los cerros orientales de Bogotá.
Septiembre 14 y 15 – Encuentro Nacional de Trabajadores del Sector Clasista.
Septiembre 21 y 22 en Pereira – Foro por un nuevo modelo de salud.
Septiembre 21, 22 y 23 – Congreso Nacional Universitario en Popayàn.
Septiembre – Ciclo expedición nacional en Bicicleta por el derecho al medio ambiente y a la ciudad.
Octubre 6 y 7 – Seminario Nacional del Congreso Educativo de los Pueblos y preparaciòn del Juicio Ético y Político a la Educación.
Apoyo a las luchas del movimiento campesino y a la propuesta alternativa de Reforma Agraria .
Defensa del Seguro social y del régimen solidario de prima media de pensiones con prestación definida.
Foro Ambiental contra la Anglo Gold Ashanti en el tolima.
Convocar el Congreso Nacional por la Salud y la Seguridad Social.Participar en la preparaciòn del Congreso Nacional de Paz y las Constituyentes regionales de Paz.
Convocar el II Encuentro de Unidad Popular para continuar fortaleciedno la unidad y la lucha social polìtica y dar pasos en la preparaciòn del Paro Cìvico Nacional.
Informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1448 de 2011
Tras cinco meses que lleva la implementación de la ley de víctimas presentamos el siguiente informe de seguimiento de la misma, en calidad deOrganizaciones de Víctimas y particularmente Organizaciones de Población Desplazada, señalamos que una parte importante de las inquietudes presentadas durante la etapa de discusión en el congreso y aún en la etapa elaboración de los Decretos Reglamentarios, tienen que ser reiteradas en este primer informe de seguimiento, dado que persisten las situaciones de desconocimiento y negativa al cumplimiento de las normas establecidas, en materia de derechos de las victimas, contemplada por la jurisprudencia colombiana y los estándares internacionales.
Las inquietudes y observaciones se pueden sintetizar de la siguiente manera:
Una maraña de improvisaciones
Desde que fue sancionada la ley 1448 el 2011 el día 10 de junio, el gobierno tenía conocimiento del enorme desafío que tenía la implementación y operación de la ley, no obstante ello, lo que se puede constatar es que la puesta en marcha de la misma es un manojo de improvisación, desorden y en todo caso falta de apropiación de toda la experiencia acumulada por el propio gobierno y sus instituciones en el proceso de superación del Estado de Cosas Inconstitucionales y el diseño de la política pública atención integral a población desplazada.
Lo que sucede en la Unidad de Reparación, es una suerte de estado permanente de transición que no parece tener fin, todos los días el proceso está en etapa de desarrollo y a la espera de que se tomen definiciones desde el nivel central, igual situación se presenta en la Unidad administrativa Especial de Restituciones, la situación es un poco peor en municipios y departamentos donde hay un especie de “stand by” a la espera que en Bogotá se tomen las decisiones necesarias para empezar a operar.
Más allá de esta consideración General hay aspectos que ordena la propia ley que no tienen desarrollos o no se conocen por parte de las organizaciones de víctimas.
Sistema Nacional de Atención Integral a las Victimas (titulo VIII Decreto 4800)
A la fecha del presente informe no se conoce la propuesta de conformación, articulación y funcionamiento de este sistema, el gobierno no dejado conocer el modelo que se implementará para la atención a las víctimas y éste es como se indica el soporte básico de todo el proceso de reparación. De esto el problema más grave es la descoordinación entre las instituciones del Gobierno y el Ministerio Público. El mejor ejemplo de esta descoordinación es la propia ciudad de Bogotá, el distrito hace el esfuerzo en el centro DIGNIFICAR, pero la Personería no responde con los funcionarios que se requieren para atender adecuadamente a las víctimas que buscan orientación y atención, hoy solo hay un personero para recibir declaraciones.
Más aún en la propia capital de la república, no ha sido posible la adecuación tecnológica que permita hacer declaraciones “ON LINE” no hace falta pensar mucho para imaginar cómo será la implementación de este proceso en diferentes municipios y departamentos del país.
Proceso de registro
En hasta la fecha no se conoce si el gobierno ya integró las bases de datos de: Registraduría, ICBF, FONDELIBERTAD, desaparecidos, RUPTA-desplazados, víctimas de las minas antipersonas, menores reclutados, víctimas de atentados (ley 418/97) igualmente no se conoce si se considera la inclusión en la base de datos del programa de protección del Ministerio del Interior donde reposan, las victimas sobrevivientes del PCC-Up, concejales amenazados, sindicalistas, líderes sociales, periodistas, funcionarios públicos.
Este es un complejo proceso dadas las dificultades tecnológicas del país, en todo caso menor, frente al desafío institucional que supone la inscripción de nuevas víctimas en el registro, principalmente por el formulario, el cual cuenta con trece páginas, lo que niega el principio de “buena fe” consagrado en la ley, además hace inoperante el proceso de inscripción “llenar cada formulario puede tardar hasta una hora en el mejor de los casos”.
Mujeres
Hasta el día de hoy no se ve con claridad, como las mujeres van acceder de manera preferente tanto para el derecho a la reparación, como para hacer efectivo su derecho a la restitución de tierras, esto sin duda alguna, es en contravía de los mimos compromisos gubernamentales, como también de la jurisprudencia que ha señalado con claridad que la normatividad tiene que diseñar mecanismos que garanticen de manera preferente el acceso de las mujeres a sus derecho a la restitución y la reparación. En igual sentido hay que señalar que no avanzan las investigaciones de la fiscalía General de la nación en cuanto a las amenazas que se han venido profiriendo en los últimos tiempos contra mujeres lideresas, también señalar, que el acceso de las mujeres a las medidas de protección no cuentan con mecanismos adecuados de enfoque diferencial.
La valoración
A esto se suma el tema de la valoración para lo cual el gobierno sólo hasta fines de mayo del 2012 definió los criterios de valoración, la cual está en cabeza los mismos funcionarios que realizaban labores la valoración de las declaraciones de población desplazada y la experiencia indica que en este proceso no primaba la buena fe, cabe preguntarse cómo cambiar la mentalidad los funcionaros que siempre actuaron partiendo de la desconfianza a lo que las víctimas denunciaban?
Plan de acción
Igualmente es necesario que el gobierno defina con claridad, para evitar demagogia y politiquería, el cronograma que establecerá el plan de reparaciones, es decir definir cuáles municipios van a ser priorizados? Qué clases de víctimas van a tener prioridad para acceder a la misma? Hemos conocido que hasta la fecha se han recibido aproximadamente 20.000 declaraciones, a lo que se suman 200.000 declaraciones pendientes de ser tramitadas del decreto 1290/2008, y aproximadamente 18.000 solicitudes de indemnización que están en la lista de espera de personas que fueron afectadas por los atentados y otros hechos generados por la violencia. Este es sin duda un verdadero cuello de botella que requiere un plan de contingencia que no se conoce hasta la fecha.
Es necesario conocer cuál es el plan anual de reparaciones, es decir, saber cuáles la proyección del gobierno de acuerdo a la disponibilidad y viabilidad presupuestal, cuántas víctimas van a ser reparadas cada anualidad, igualmente conocer en este plan el cronograma de municipios y regiones que serán priorizadas.
También conocer cuáles son los criterios de priorización en el acceso a la reparación, quienes serán reparados con prioridad: mujeres cabeza de hogar, niños huérfanos, adultos mayores, discapacitados?. Aquí mismo saber cómo se va sincronizar el criterio de reparación por oferta, con la reparación por demanda, en qué consiste esta reparación por oferta y cuáles serán las primeras ofertas de reparación.
Este reparación por oferta es la misma que se realiza en las zonas que el gobierno ha priorizado para realizar restitución de tierras o lasreparaciones “colectivas” son otro programa?
El gobierno habla de 800.000 reparaciones colectivas en diez años y una meta de 280.000 casos en el cuatrienio de Juan Manuel Santos que en realidad son dos años, sí hay un plan para evacuar estos casos? Se cuenta con el presupuesto requerido? Estas reparaciones colectivas son las mismas
impulsadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, acaso fracaso la reparación de la CNRR?, cuales son los 5 planes de reparación colectiva que se implementaran en el 2012?
En fin, hace falta conocer con urgencia cuáles son los criterios de gradualidad, priorización y accesibilidad que el gobierno aplicará para el proceso de reparaciones.
Conformación de los comités de justicia transicional (artículo 173 ley 1448/11)
Estos comités tienen la tarea de evaluar y ajustar el desarrollo de la implementación de la política pública en cada unidad territorial. Nuestra información indica que en muchos municipios y departamentos no se han constituido, en otro ya se integraron pero las víctimas no participaron y en algunos hay participación de algunas víctimas, pero su escogencia no fue democrática, fueron escogidos por el personero o el alcalde a su criterio personal.
La participación efectiva de las víctimas es el derecho más vulnerado en todo el proceso de discusión, diseño e implementación de esta ley, hasta la fecha el gobierno no ha definido los mecanismos que garanticen la participación efectiva de las víctimas en las distintas etapas de la elaboración de la política pública de atención integral a las víctimas, en abierta violación del artículo (262) del decreto 4800/11.
Hasta la fecha de esta evaluación, no hay protocolo de participación, y mucho menos se sabe cómo participan las víctimas en su elaboración discusión, las mesas municipales, departamentales y nacional, son un incierto, los personeros y defensores no tienen claridad del proceso de inscripción y convocatoria de las mesas. En algunos municipios estas mesas se han integrado sin ningún criterio al punto que participan inclusive desmovilizados.
Es necesario reconocer que la circular 003 de 4 de mayo/12, de la unidad de reparación, hace claridad sobre la integración de las mesas a partir de las mesas de fortalecimiento de organizaciones de población desplazada, también es necesario decir que el decreto Nº 1196 de junio/12, que amplía la fecha inscripción de las organizaciones hasta el día5 de octubre de 2012 , son elementos importantes, sin embargo, esto nos permite suponer que no habrá mesas de victimas durante el año 2012, año crucial en la etapa de diseño y desarrollo de la ley, lo que hace suponer que en el futuro la participación de las víctimas será más bien simbólica, porque para esas fechas la política ya estará diseñada.
Esperamos que la implementación d la Mesa Transitoria de Victimas, propuesta por la Mesa de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales y acogida con modificaciones por la Unidad de Reparaciones sea la oportunidad para corregir los errores y ausencia de la participación de las victimas
También hace falta saber a ciencia cierta según informes del propio gobierno, cuántas mesas hay conformadas a la fecha, hemos escuchado de 622 mesas, pero también se ha dicho que son 200, es ésta una buena oportunidad para saber en definitiva cuantas mesa se han constituido y cuales el plan para que el gobierno haga la conformación de las mismas en lo que resta del proceso.
Proceso de restitución de tierras
El gobierno de Juan Manuel Santo, ha puesto en marcha un vigoroso, plan informativo que intenta demostrar el compromiso del Gobierno con la Restitución de Tierras, el plan incluye anuncios de restitución de varios predios en distintos lugares del país y con la convocatoria a la movilización de campesinos, como ha sucedido en Barranquilla y Necocli, intenta buscar respaldo popular a su política de restituciones.
Lo cierto es que la restitución anunciada en la Ley de Reparación y Restitución, no satisface la expectativa del país, sobre la devolución de las tierras a los campesinos, sus legítimos dueños, a los que les fue quitada por el uso de la fuerza o atreves de engaños y complicidad de algunas instituciones del estad.
Las garantías a las victimas
Lo que hoy se anuncia como restitución, no logra concretarse entre otras cosas porque el Gobierno no ha sido capaz de brindar garantías de seguridad a las victimas. Durante este gobierno han sido asesinados 28 líderes de procesos de restitución. (Ver listado anexo) Al mismo tiempo que han surgido ejércitos anti restitución en hechos denunciados en el departamento de Cesar y recientemente en el departamento de Sucre, donde han amenazado a Juan David Diaz, integrante del MOVICE, además de recordar que el grupo paramilitar denominado los Urabeños protagonizo un paro armado en 6 departamentos de la costa caribe justamente el mismo día, que entro en rigor la ley de restitución de tierras. Además de este panorama sobre la restitución hay amenazas de las que el propio presidente denomina la nao negra, que no es otra cosa que sectores económicos y grupos al margen de la ley que se benefician de toda la política económica que impulsan los últimos gobiernos.
Los asesinatos de los líderes se han presentado en: Bolívar 1, Sucre 2, Córdoba 2, Antioquia 9, Chocó 3, Cauca 1, Arauca 1, meta 2, Santander 1, Tolima 3, putumayo 1, cesar 1, de estos casos cinco se presentaron contra mujeres. Lo preocupante esta situación son en particular dos hechos: primero, las investigaciones por estos asesinatos avanzan a ritmos muy lentos y se encuentran dispersas en diferentes unidades de la fiscalía por tanto queremos insistir en la solicitud de que las investigaciones por estos crímenes se han unificadas en unos unidad especial de la fiscalía creada para tal fin, de otro lado está el tema de la prevención y la protección, actualmente la unidad nacional de protección está respondiendo de manera muy lenta alza las distintas solicitudes de protección que presenta líderes y liderezas vinculados a procesos de atención a víctimas y particularmente restitución de tierras, además de ello están sujetos a la valoración de un riesgo que generalmente tiene como resultado una calificación de nivel bajo, lo que se traduce en la negativa del estado a brindar protección a los líderes o la obtención de un medio de comunicación el mejor de los casos
El problema de las cifras.
Después del debate del 29 de mayo convocado por los congresistas Jorge Robledo, Ivan Cepeda y Wilson Arias, queda poco por decir sobre las cifras de la restitución de tierras que impulsa el actual gobierno. Sin embargo quisiéramos insistir en lagunas preguntas alrededor de las metas del gobierno sobre este tema: finalmente cuántas son las hectáreas que el gobierno está comprometido a restituir, y cuáles son los programas para desarrollar este proceso?. O se debe entender que el compromiso del gobierno es atender todas las solicitudes que lleguen a la unidad? Cuales sólo mecanismos que va emplear el gobierno nacional para diferenciar los distintos programas de adjudicación de tierras en el país?Cuál es la compatibilidad entre el plan nacional de desarrollo que otorgará títulos de explotación MINEROENERGETICA a transnacionales, con los programas de restitución de tierras?
En general las organizaciones de población desplazada, compartimos la preocupación, de que más allá de los anuncios de restitución de tierras, se está creando un gran galimatías, con restituciones que se hacen todos los días por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, mientras no se brinden las garantías reales para que las víctimas de los despojos, pueden acceder de manera efectiva al uso y usufructodel bien restituido.
Ante todas estas inconsistencias y para exigir la verdadera restitución de tierras y territorios para las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto armado, restitución que incluya en las tierras despojadas, así como, créditos, asistencia técnica, y planes de desarrollo- socioeconómico de las zonas donde se dan las restituciones se requiera una verdadera política de restitución la cual se lograra cuando las victimas se movilicen para exigir este derecho de manera digna e integral.
Anexo:
Asesinatos de líderes durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos
Bolivar
1. Óscar Manuel Mausa Contreras, directivo de la Cooperativa Cootragloban, quién reclamaba tierras desde 1997 en el municipio de Turbo, corregimiento Blanquicet, vereda La Esperanza, desplazado a quien le habían restituido un predio de 100 hectáreas en el Urabá antioqueño, a donde no había podido regresar por falta de garantías de seguridad. El 24 de noviembre de 2010, fue asesinado a las seis de la tarde aproximadamente, en el área rural del municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar; sitio donde se había desplazado para proteger su vida y la de su familia desde 2008. El homicidio de Óscar Mausa fue causado después de haber sido amarrado a un árbol, apedreado y torturado de la manera más brutal. El homicidio presenta las mismas modalidades de los asesinatos de Albeiro Martínez y Hernando Pérez, es decir, sin arma de fuego.
Sucre
2. Eder Verbel Rocha, fue asesinado El día 23 de marzo de 2011, aproximadamente las 6:15 PM de su finca llamada puerto Colombia a 20 minutos del casco urbano de San Onofre, fue interceptado por dos hombres armados tiene sin mediar palabra dispararon en su contra. En los hechos se encontraban Orlando Enrique Verbel Rocha hermano de la víctima , y un menor de edad hijo de Eder, este caso no es el primero que le sucede a la familia Verbel Rocha, en enero 2005 el Sr. Guillermo Verbel Rocha también fue asesinado por una estructura paramilitar que opera en la región, lo cierto, es que esta familia viene siendo objeto de persecución por grupos paramilitares por el inter esté representada la finca del 92 hectáreas que ellos tienen en la región del golfo de Morrosquillo.
3. Antonio Mendoza Morales, fue asesinado por desconocidos El día 30 de junio 2011, en el municipio de San Onofre, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento. ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.
Cordoba
4. Martha Gaibao, asesinada el 29 de abril de 2011 en la región de La Apratada en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba, líder del proceso de restitución de tierras despojadas por paramilitares a los campesinos en el Departamento de Córdoba.
5. Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.
Antioquia
6. Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia
7. German marmolejo. Asesinado septiembre de 2010 en la carretera entre turbo y aprtado
8. Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, fue asesinado el 20 de septiembre de 2010, por desconocidos en esa zona bananera del departamento de Antioquia (noroeste. Pérez participó en la ceremonia oficial de entrega de 34 títulos de propiedad a víctimas despojadas de sus tierras por parte del antiguo grupo paramilitar ‘Bloque Bananero”.
9. Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi- asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia.
10. Bernardo Ríos Londoño, fue asesinado el martes, 22 de marzo de 2011., miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que fue tiroteado, en el sector de Tierra Amarilla. Cerca al lugar había un retén del Ejército, según testigos.
11. David De Jesús Góez, de 70 años, fue baleado en un centro comercial de Medellín, el miércoles 23 de marzo de 2011, al medio día, mientras que el hombre al parecer esperaba a alguien en el complejo comercial de La Mota, en el suroccidente de esta ciudad, sujetos en una moto le dispararon a la cabeza. Góez era una de las 120 personas que reclaman la restitución de 20 hectáreas de tierra en el sector de Tulapa, en Urabá, y que en su mayoría habían sido desplazadas por los paramilitares.
12. William Andrés Álvarez Orosco, Líder comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia.
13. Albeiro Valdés Martínez, líder de la Asociación de Víctimas por la Restitución y Bienes de Urabá (Asovirestibi), fue asesinado el 11 de mayo de 2011/// 10 en Turbo. ¿????
14. Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de noviembre de 2011 en Antioquia
Choco
15. Manuel Ruiz,de 56 años, y su hijo, tras ser primero retenidos por un grupo de hombres armados que exigieron a sus familiares un rescate de dos millones de pesos por dejarlos en libertad, monto que debía ser trasladado a un lugar de Mutatá, fueron asesinados por presuntos paramilitares, que abandonaron sus cuerpos en un paraje perdido.El 24 de marzo de 2012 un campesino que exigía la restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano,
16. Samir de Jesús Ruiz Gallo, de 15 años hijo de manuelruiz. Asesinado con su padre el dia 24de marzo de 2012.
17. Fanny JhoanaTruaquero, de 21 años, quien fue baleada por dos paramilitares en su propia casa ubicada en el casco urbano de Riosucio, el 1 de junio de 2012 en dicha región, el pasado miércoles. Perpetrado el crimen, sus autores se trasladaron al departamento de Antioquia y esa misma noche le informaron a Rafael Truaquero mediante una llamada telefónica de la muerte de su hija, denunció la Comisión Intereclesial.
Cauca
18. Beto Ufo Pineda líder colombiano de la Organización Nueva Florida, fue hallado a asesinado el día 19 de agosto de 2010 en la zona rural de Popayán, capital del departamento, Beto se encontraba desparecido desde el día17 de agosto. Su actividad giraba a l rededor de trabajar en un terreno que había sido asignado por el gobierno desde el año 2007.
Nariño
19. Ramiro Inampuez, líder indígena por la restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en Nariño
Arauca
20. Edgar Bohórquez Palma. Presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare – ASODUS- esta organización presidida por el compañero era filial a la coordinación Nacional desplazados C.N.D. fue asesinado el día 24 de septiembre de 2010 a la 1:30 de la tarde en el barrio San Luis de Saravena. Sicarios lo acribillaron al frente a su hijo menor que se encuentra gravemente herido, La víctima, quien era beneficiaria de un programa de tierras del INCODER, deja una viuda y cuatro hijos en la orfandad. Su primera esposa había sido asesinada en el departamento del Meta.
Meta
21. Nelson Murillo Taborda, asesinado el día 9 de septiembre a la 01:00 p.m. de 2010 en la Vereda Lucitania, límites con la vereda de Caño Lino del municipio el Castillo, departamento del Meta.
22. José Pompilio Barragán Bernal, agricultor asesinado en San Martin de los Llanos, Meta En la vereda Gualas, el día 19 de mayo de 2011 personal de la unidad básica de investigación criminal UBIC, practicó la inspección técnica al cadáver De los móviles y autores de este hecho no se recibió información. Las autoridades iniciaron los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía para determinar algunas hipótesis y establecer responsables de esta muerte violenta.
Santander
23. Elizabeth Silva Aguilar miembro de la CND asesinada el 28 de octubre de 2010 en el asentamiento villas de Girardot en Bucaramanga, Elizabeth promovió procesos de recuperación de tierra urbana para asentamiento de población desplazada
Tolima
24. Yonel Delgado Villamil, integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de enero 2011.
25. José Alfonso Delgado Villamil. , integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de enero 2011.
26. Andrés Alfonso Arenas. , integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de enero 2011.
Putumayo
27. Alexa Gómez Polania, de aproximadamente 35 años, Estando en su casa de habitación ubicada en la vereda, las planadas del municipio de Mocoa, fue vilmente asesinada la señora madre cabeza de hogar y miembro de la Asociación de desplazados «El Progreso» de la mencionada vereda. Hasta ese sitio llegaron el domingo 18 de diciembre 2011, a las 5:45 de la tarde dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta y en presencia de su hijo de aproximadamente un año le causaron la muerte de cinco impactos de arma de fuego.La herramienta paramilitar del gran latifundio sigue asesinado a reclamantes de tierras con plena complicidad
Cesar
28. Nayibis María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de 2011 en el Cesar
Actualizado 26 de junio de 2012
Denuncia Pública: Graves agresiones por parte de la Policía de Montería en la Universidad de Córdoba
La Asociación Colombiana de estudiantes universitarios denuncia ante la opinión los graves hechos que han transcurrido durante el día de hoy en la universidad de Córdoba.
1. En horas de la mañana llega la noticia a la universidad de que el actual rector de la universidad, ha instaurado una acción jurídica para que poder prolongar su periodo durante un año mas en el cargo de Rector, siendo necesario aclarar que el paro del que acaban de salir, una de sus principales peticiones era el retiro inmediato del rector.
2. Luego de casi 3 meses de paro universitario, se logra llegar a un acuerdo sobre 17 puntos, de los cuales hasta el día de hoy ninguno ha sido cumplido.
3. Siendo la una de la tarde las y los estudiantes se concentran en la universidad en señal de protesta por el incumplimiento de los acuerdos por parte de las directivas de la universidad.
4. A la 1:30 pm llega la policía a la universidad (cuerpo de fuerza disponible) e inicia a lanzar bombas aturdidoras y gases lacrimógenos al interior de la universidad.
5. A las 3:00 pm la fuerza disponible ingresa al campus de la universidad.
6. Durante toda la tarde varios miembros de la fuerza disponible han sacado armas de fuego mostrándolas y apuntando hacia las y los estudiantes.
7. Estudiantes testifican que a las 5:00 pm observaron como uno de los policías disparo tres tiros al aire, hecho que pone en grave riesgo la vida de las y los estudiantes de la universidad de Córdoba.
8. Se ha llamado en reiteradas ocasiones a la defensoría del pueblo para que pueda verificar la grave vulneración en que se esta poniendo la integridad física de quienes se encuentran en la universidad, a lo que se ha hecho total caso omiso por parte de este ente del ministerio publico.
9. La policía ha impedido que salgan personas de la universidad y hasta el momento se encuentran encerrados más de 500 estudiantes ya que la policía tiene bloqueadas todas las entradas.
10. El ESMAD llega a las 6:00 pm de la tarde, y se encuentra desalojando la universidad de forma violenta agrediendo brutalmente a las personas que se encuentran al interior de la universidad.
Teniendo en cuenta los hechos anteriormente enunciados, EXIGIMOS:
1. A las directivas de la universidad, exigir el retiro inmediato de la fuerza publica de la universidad.
2. Al gobierno municipal y a los entes de ministerio publico, personería y ministerio publico, tomar cartas en el asunto y proteger la vida e integridad de la comunidad universitaria.
3. A los entes de control investigar los graves actos de la fuerza publica, ya que esta prohibido el uso de armas de fuego contra la población civil, siendo la universidad protegida por el Derecho internacional humanitario, y lo ocurrido atenta gravemente contra el mismo.
4. Al gobierno nacional, en cabeza del ministerio de educación, velar por el cumplimiento de los acuerdos hechos con la comunidad universitaria.
5. Pedimos se respete la vida e integridad de la comunidad universitaria de la universidad e Córdoba, y se deje salir tranquilamente a quienes se encuentran al interior de la universidad.
Por ultimo una vez mas queremos rechazar el terrorismo de Estado ejercido por la fuerza publica y especialmente el ejercido por su escuadrón de la muerte, ESMAD.
“Por la vida y contra brutalidad policial.”
SECRETARÍA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
Urgent Action: Paramilirary death threats
Thirteen Colombian human rights defenders and politicians have been declared «military targets» by a paramilitary group, and told they will be killed.
The paramilitary organization Anti Land Restitution Army (Ejercito Anti Restitución de Tierras) sent an email on 3 July which named 13 people it described as «military targets», including human rights defenders and politicians. The email included photographs of the 13, naming them in a list headed “targets”.
The death threat read, “13 guerrillas disguised as human rights defenders, 13 military targets.” It continued, “Our army has clear instructions to kill these bastards who want to take away the land from the well-to-do citizens to give it to guerrillas like them. You are warned and informed since we have you fully identified, as well as your [protection] schemes and those without …”Many of those named in the death threat work in areas where people have supported claims for the return of their lands, under the Victims and Land Restitution Law that came into force at the beginning of this year. There will be a public hearing in Congress on 18 July about the policy on land restitution and return, in which leaders of groups around the country seeking land restitution are planning to take part. Several such leaders have been killed since Congress approved the law in mid-2011.
Please write immediately in Spanish or your own language:
Expressing concern for the safety of the 13 (naming them) and urging the authorities to protect them, in strict accordance with their wishes;
Calling on the authorities to order full and impartial investigations into the death threat, publish the results and bring those responsible to justice;
Reminding them to fulfil their obligation to protect human rights defenders, as set out in the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders;
Urging them to take immediate action to dismantle paramilitary groups and break their links with the security forces, in line with stated government commitments and recommendations made by the UN and other intergovernmental organizations.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE 17 AUGUST 2012 TO:
PresidentSeñor Juan Manuel SantosPresidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá, ColombiaFax: +57 1 596 0631Salutation: Dear President Santos/Excmo. Sr. Presidente Santos
Director of the National Protection Unit of the Ministry of InteriorSr. Andrés VillamizarUnidad Nacional de ProtecciónMinisterio del InteriorCarrera 9a. No. 14-10, Bogotá, Colombia Salutation: Dear Mr Villamizar/
Estimado Sr. Villamizar
Office of the Attorney GeneralMontealegreFiscal General de la NaciónDiagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Bloque C Piso 4 Bogotá, ColombiaFax: +57 1 570 2000 ext. 2020 or 2023
(say «me da tono de fax por favor”)
Salutation: Dear Attorney General/Excmo. Sr. Fiscal General
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
name address 1 address 2 address 3 address 4 fax: fax number email: email address salutation: salutation
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
URGENT ACTIONPARAMILITARY DEATH THREATS
ADDITIONAL INFORMATION
In the course of Colombia’s long-running armed conflict millions of hectares of land have been stolen, often through violence to the rightful owners, especially Indigenous Peoples, Afro-descendent and peasant farmer communities. The various parties to the conflict –paramilitaries and the security forces, either acting alone or in collusion with each other, and guerrilla groups – have driven over 5 million people from their homes.
Leaders of displaced communities and those seeking the return of stolen lands have been killed or threatened, especially since the Land and Victims Restitution Law was approved in June 2011 and came into force at the beginning of 2012. This law acknowledges the existence of an armed conflict in the country, and the rights of its victims. It provides for reparations for many survivors of human rights abuses, including those perpetrated by state agents. However, many other victims of the conflict will be excluded from making claims for reparation, while significant areas of stolen land might still not be returned to their rightful owners. There are not enough safeguards to ensure that people whose land is returned to them are not forced to again hand over control over their land, even to those who had driven them off it. Many of those campaigning for land restitution, or seeking to return to their lands, have been threatened or killed, and this may undermine the implementation of the law.
Since February 2012 paramilitary forces who call themselves “anti restitution armies” have been reported in several parts of Colombia. The paramilitary “Anti Land Restitution Army”, which some estimates suggest is 1,000 strong, began taking action in July 2012 in the Montes de María area of the north-western Departments of Bolívar and Sucre.
During the armed conflict in Colombia, which has lasted over four decades, the security forces and paramilitary groups have frequently labelled human rights organizations and trade unions as guerrilla collaborators or supporters, and have gone on to threaten, abduct or kill them. Guerrilla groups have also threatened or killed human rights defenders and trade unionists they consider to be siding with their enemies.
Colombia’s paramilitary groups supposedly demobilized in a government-sponsored process that began in 2003, but it is clear from the continuing threats against human rights defenders and other vulnerable groups in different parts of the country that they are still operating.
Several of those named in the threat also participated in the 6 March 2012 demonstration organized by the National Movement of Victims of State Crimes (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE) calling for the implementation of an effective and comprehensive process for the restitution and restoration of lands violently seized by all parties to the conflict – the paramilitaries, the security forces and guerrilla groups.
Names: Male: Iván Cepada, Diego Martinez, Jeison Pava, Juan David Diaz Chamorro, Franklin Castañeda, José Humberto Torres and Pedro Geney. Female: Gloria Cuartas, Piedad Córdoba, Soraya Gutiérrez, Ayda Quilcué, Yessika Hoyos and Lilia Solano
UA: 190/12 Index: AMR 23/024/2012 Issue Date: 06 July 2012
Acción urgente: amenazas de muerte contra activistas colombianos
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hace campaña en favor de las comunidades civiles de las zonas de conflicto de Colombia cuyos miembros han sido asesinados, torturados u obligados a huir de sus casas por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Muchas de estas comunidades han sido también blanco de los ataques de grupos guerrilleros.
La Comisión Intereclesial ha estado respaldando la causa de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en la zona de las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, en el departamento del Chocó. Estas poblaciones han sufrido numerosas amenazas realizadas por fuerzas paramilitares que protegen poderosos intereses económicos. A lo largo del último año, las otras personas y organizaciones mencionadas más arriba, incluida Ayda Quilcué, han recibido reiteradas amenazas de muerte de fuerzas paramilitares a causa de su trabajo en favor de los derechos humanos de los miembros de sindicatos y comunidades afrodescendientes e indígenas en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.
La labor que la Comisión realiza defendiendo los derechos humanos de estas comunidades y sobre casos importantes de impunidad de altos mandos de las fuerzas armadas ha convertido a la organización en blanco de amenazas y ataques. A lo largo de los años ha sufrido numerosos ataques, tales como un asalto ilegal a sus oficinas, amenazas de muerte contra sus miembros, intentos de desaparición forzada, secuestros, intentos de homicidio, persecución judicial y campañas de difamación.
Durante los 45 años de conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han calificado a menudo de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla a los miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales. A consecuencia de ello, estos activistas se han convertido con frecuencia en víctimas de homicidios, amenazas o desapariciones forzadas. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos a los que consideraban aliados del enemigo.
Organizaciones amenazadas mediante SMS:
Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC), Asociación para el Desarrollo Social Integral (ECATE), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Nombre: Ayda Quilcué (mujer) y otros miembros de diversas organizaciones
Sexo: Hombres y mujeres
