Posición frente al estatuto de Vítimas que se discute en el Congreso
RESISTIENDO AL OLVIDO
Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia
Reunida en Medellín durante los días 15 y 16 de mayo asumió como uno de los temas centrales de estudio y discusión lo relacionado con el trámite del proyecto de ley de víctimas conocido también como estatuto de víctimas que hace su último trámite en la Cámara de Representantes. Dentro de los puntos analizados en relación con dicho trámite se pudo constatar que:
1. El proyecto tal y como fue presentado para su trámite ante el Senado reconoce aspectos importantes en lo relativo a la consagración de los derechos de las víctimas, posibilitando el allanamiento de caminos en las dolorosas situaciones por las que han tenido que pasar las víctimas en el proceso de reivindicación adelantado para lograr su reconocimiento como tales.
2. Se valora como positivo la categoría de victimario reconocida posteriormente en el proyecto aprobado por el Senado a los agentes del Estado que por acción u omisión han incurrido en transgresiones de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Medida que podría permitir que miles de personas que han sido víctimas de crímenes de Estado puedan recibir la protección debida y un reconocimiento pleno de sus derechos.
3. Posteriormente en el proyecto aprobado en primer debate en la comisión primera de la Cámara se reconoce la condición de victimario a los miembros de la fuerza pública cuando existe un fallo judicial en firme, declarativo de la responsabilidad en una grave violación a los derechos humanos, quedando excluidos los actos violatorios de las normas del derecho internacional humanitario y los demás agentes del Estado a los que se les pueda imputar algún tipo de responsabilidad por acción u omisión en este tipo de conductas.
4. Se establece una graduación de las víctimas en tanto solo aquellas afectadas por actos provenientes de grupos ilegalmente armados podrán recibir un amparo y protección inmediata sin importar la modalidad de violación padecida, mientras que aquellas que son víctimas de la conducta de agentes estatales solo podrán recibir protección cuando los hechos sean atentatorios de los derechos humanos y se demuestre la responsabilidad de miembros de la fuerza pública mediante sentencia debidamente ejecutoriada, en cuyo caso el reconocimiento de la condición de víctima estaría sujeto al considerable número de años que deben transcurrir para obtener un una declaración judicial definitiva .
5. El proyecto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes desconoce el cumplimiento del deber de garante que de acuerdo con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario recae en el Estado colombiano en tanto asume el reconocimiento de los derechos a las víctimas y en especial a la reparación como una derivación del principio de solidaridad social. Con ello se garantiza de manera preferentes que los recursos que demande la implementación de un estatuto de víctimas se han asumidos por la sociedad y no directamente por los victimarios.
6. En materia de reparación se establece una tabla indemnizatoria que puede ser asimilada a los montos contenidos en el Decreto 1290 de 2008, la que se impondrá no solo para la reparación por vía administrativa sino también para la que se de por el mecanismo jurisdiccional; con lo que se afectaría seriamente intereses legítimos de buscar por parte de las víctimas una reparación integral condigna a la situación padecida. Además se establecería una limitación en el derecho a la reparación a todas luces violatoria del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la C. P. y un desconocimiento a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en esta materia ha adelantado desarrollos importantes.
7. El proyecto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes desconoce la reparación integral para los millones de víctimas de desplazamiento forzado que han sido despojadas de sus parcelas en tanto solo contempla la posibilidad de restitución de tierras sin el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por parte de personas que violentamente que pasaron a usufructuarlas.
8. El gobierno nacional ha justificado todas estas modificaciones y graves limitaciones a los derechos a las víctimas amparados en dos deleznables argumentos. Uno de índole fiscal ante el costo fiscal que puede acarrear el asumir una indemnización integral en los términos en los que se establece en la legislación y jurisprudencia internacional. El segundo adoptando el criterio que mezclar las víctimas del accionar de grupos guerrilleros y paramilitares con aquellas afectadas por el accionar de miembros de la fuerza pública afectaría seriamente la política de seguridad democrática por cuanto desmoralizaría las tropas. Por lo tanto las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales no tendrían un reconocimiento de su condición en estas normas.
Por lo anterior los asistentes a la Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia- declaramos:
1. Que el proyecto de ley de víctimas que actualmente cursa en el Congreso y que fuera aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes constituye un nuevo atentado para con las víctimas del conflicto armado que ha afectado nuestro país durante los últimos cincuenta años
2. Que nuevamente tal y como sucedió con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz el gobierno nacional ha logrado anteponer los intereses de los victimarios otorgando mayores niveles protección y reconocimiento en detrimento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que se merecen los millones de víctimas que ha dejado la violencia social y política en nuestro país.
3. Que nos unimos a los diferentes sectores sociales y políticos que han solicitado el archivo definitivo del proyecto de ley víctimas que actualmente cursa en la Cámara de Representantes y fuera aprobado en primer debate el 15 de diciembre de 2008.
Medellín, mayo 16 de 2009
La Unión Sindical de CCOO del Barcelonés denuncia los asesinatos de sindicalistas Colombianos
Como recientemente vienen denunciando las organizaciones sindicales colombianas (CUT, CGT, etc. así como las distintas organizaciones colombianas y españolas que velan por el respeto de los derechos humanos y laborales en Colombia, los asesinatos a los sindicalistas continúan bajo el mandato del Presidente Álvaro Uribe.
En lo que llevamos de 2009, 19 compañeros y compañeras han sido asesinados. De un total de 2711 activistas y dirigentes sindicales asesinados durante la última década, 558 lo han sido bajo el Gobierno del Presidente Uribe.
ASDRÚBAL SÁNCHEZ PÉREZ, afiliado a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ASEINPEC, EDGAR MARTINEZ fue asesinado por presuntos paramilitares el 22 de abril en el municipio de San Pablo Bolívar. EDGAR MARTINEZ hacia parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar FEDEAGROMISBOL. El maestro VÍCTOR FRANCO FRANCO, miembro de la organización sindical EDUCAL, fue asesinado el 22 de abril, El profesor, MILTON BLANCO LEGUIZAMÓN fue asesinado el 24 de abril. La dirigente sindical VILMA CARCAMO BLANCO, miembro de la Junta directiva de ANTHOC MAGANGUÉ, que trabajaba en la Comisión de quejas y reclamos, fue asesinada en el sábado 9 de mayo. Sindicalistas todos ellos recientemente asesinados.
Todo ello pone seriamente en tela de juicio las numerosas afirmaciones de distintos miembros de su Administración en el sentido de que está progresando la situación de violencia, asesinatos y estigmatización del movimiento sindical., violando sistemáticamente el Derecho Internacional, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y fundamentalmente el derecho a la vida de las personas.
La Unió Sindical de CCOO del Barcelonés rechaza en los términos más enérgicos estos nuevos y recientes crímenes y exige una vez más de las autoridades nacionales que lleven a cabo las investigaciones necesarias y concluyentes para dar con sus autores materiales e intelectuales a los efectos de romper la ya acostumbrada cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de sindicalistas.
La Unió Sindical de CCOO del Barcelonés expresa su Solidaridad con los trabajadores y sindicalistas de Colombia, a su legítima movilización sindical en defensa de sus derechos, de sus reivindicaciones, de su voluntad de mejora en sus condiciones de vida y de trabajo, exigimos al Gobierno de Colombia, a la empresas colombianas, a sus empresas contratistas, que se tomen todas las medidas para garantizar la vida de los sindicalistas colombianos y sus familias; y pedimos al Gobierno de España que inste al de Colombia a una efectiva y activa política de protección del ejercicio de las libertades democráticas en general y sindicales en particular, así como a la persecución de los grupos paramilitares que con la denominación de «Águilas Negras» u otros amenazan y asesinan impunemente en ese país.
Barcelona 25 de mayo de 2009
Unión Sindical de CCOO del Barcelonés
Proclama Resistiendo al Olvido
Octava Asamblea Regional de Victimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia
“El olvido entierra rostros y voces,
pero la palabra logra traer de vuelta
a los ausentes y a los silenciados”.
Yesid Campos
Porque nos seguimos resistiendo al olvido, nuevamente nos reunimos, durante los días 15 y 16 de mayo de 2009, para llevar a cabo la Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, contando con la participación de más de 250 víctimas de diferentes lugares del departamento como los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada, San Luís y Nariño, pertenecientes al Oriente antioqueño, Angelópolis y Salgar del Suroeste, Maceo y Puerto Berrío del Magdalena Medio, y de la Comuna 13, 7, 8, 1, 3 y 6 de la ciudad de Medellín.
Quines nos hemos reunido alrededor de esta Asamblea , hombres, mujeres, jóvenes y niños, convergemos en que Colombia, a pesar de la ficción creada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática, componente central del Estado Comunitario, vive en un desangramiento constante no sólo por las violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos, sino además por la falta de garantías y libertades, la criminalización que pesa sobre quienes osan levantar la voz ante este Estado de impunidad, el olvido de nuestros amores, de nuestros dolores, de nuestras luchas, al que nos obliga el terror difundido por doquier. Lo que nos permite reconocer que:
1. El conflicto social y armado continúa desarrollándose en zonas estratégicas donde el Estado ha facilitado, a través de su estrategia paramilitar, el despojo de miles de hectáreas de tierras que abre la puerta a la inversión extranjera, garantizando el acceso de las empresas transnacionales a nuestros recursos naturales, de modo que el sistema capitalista perviva en el tiempo y en el espacio a nombre del desarrollo y el progreso.
2. El Estado sigue manteniendo una estrategia de impunidad que se materializa en la legislación que actualmente viene imponiendo, como la ley 975 de 2005, conocida como de “Justicia y Paz”, y otras que continúan estando en el centro del debate como el Estatuto de Desarrollo Rural y el Estatuto de Víctimas, quedando el Estado convertido en un solidario actor del panorama colombiano, que no tiene obligación alguna con la garantía de los derechos del pueblo. Un término tan grandilocuente como “solidaridad”, que entre nosotros –las víctimas- ha significado unidad, construcción de lazos, queda disminuido amañadamente por el Estado.
3. A través de la implementación de la estrategia cívico militar para el control social del territorio, que incluye la conformación del Centro de Coordinación de Acción Integral se pretende consolidar un Estado autoritario que no sólo controle las zonas estratégicas del territorio nacional “recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía”, sino también las acciones y opciones que siguen teniendo las comunidades que aún creemos en la libertad.
4. A pesar del discurso manejado por el Estado alrededor de la defensa de los Derechos Humanos, las prácticas desarrolladas por este y confirmadas a través de los testimonios de las víctimas, como una forma de continuar haciendo memoria; evidencia que en Colombia el Estado sigue manteniendo una política de violación a los Derechos Humanos con acciones reiteradas, sistemáticas y generalizadas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, genocidio, asesinatos selectivos a líderes, detenciones arbitrarias e ilegales.
5. El Estado no está implementando mecanismos políticos y jurídicos que permitan esclarecer la verdad, la justicia y la reparación integral, de acuerdo a los preceptos internacionales que esto amerita.
6. El reordenamiento del territorio ha implicado, entre otras, que las zonas donde se ha presentado desplazamiento forzado sean destinadas al desarrollo de megaproyectos, generando un cambio en el uso y la tenencia de la tierra, de modo que grandes hectáreas sean destinadas a cultivos para agrocombustibles y el sector rural sea obligado a convertirse en mano de obra barata que produce cultivos comerciales para compañías transnacionales y a comprar los alimentos a estas mismas y/o a otras. Es decir, producir para vender, y vender para comprar los alimentos básicos.
7. La equidad social ha sido un obstáculo para el Estado, superado fácilmente con limosnas y paliativos que se dan a través de subsidios distribuidos especialmente por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional mediante programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción… todo en acción, sobre todo la acción de redistribuir la pobreza en medio de la riqueza.
Sin embargo seguimos insistiendo que aunque sean muchos los gritos y pocas las respuestas, estos no se pueden silenciar porque la voz de los sin voz habrá de escucharse. Por eso proclamamos nuestra reivindicación por la verdad, la justicia y la reparación integral, en una lucha constante, incansable contra la impunidad, y por ello convocamos a que a través de la movilización continuemos:
1. Haciendo memoria como un compromiso con los ausentes, siempre presentes, quienes construyeron caminos de esperanza, y con quienes tenemos un compromiso ético, político y moral no solo de recordarlos, sino también de devolverles el lugar que les pertenece en la historia.
2. Construyendo alternativas de búsqueda de las personas detenidas desaparecidas forzadamente, poniendo al servicio de su construcción colectiva todo el acumulado personal y organizativo adquirido en los procesos de búsqueda adelantados
3. Fortaleciendo e implementando las ocho estrategias definidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: jurídica, contra la desaparición forzada, comisión ética, formación y organización, catastro alternativo, verdad y memoria histórica, no repetición, y contra el genocidio político.
4. Asumiendo un compromiso individual y colectivo con la exigibilidad política de los Derechos Humanos.
5. Participando en escenarios de carácter regional, nacional e internacional, mediante acciones directas y la difusión de las denuncias que vienen siendo recopiladas a través de las visitas de relatores, veedores, comisiones éticas, entre otros.
6. Movilizándonos en contra de la injusticia social y a favor de la dignidad.
7. Generando mecanismos de contra información a través de los cuales seamos las víctimas las que continuemos construyendo nuestra propia historia, nuestra verdad, porque detrás de los medios masivos hay otra realidad que busca ser contada.
8. Llamando la atención sobre el respeto a la dignidad y legitimidad de nuestras organizaciones, rechazando la estrategia del Estado Colombiano mediante la cual crea y auspicia organizaciones que deslegitiman nuestros procesos, alineando a las comunidades en un pensamiento único y autoritario para fortalecer la Seguridad Democrática.
9. Ampliando la galería de la memoria, haciendo del arte y la cultura una vía a través de la cual se delinee la historia.
10. Defendiendo el Derecho a la Tierra, permaneciendo en el territorio como un acto de resistencia al destierro y avanzando en propuestas de retorno bajo los principios de dignidad y garantías para las víctimas de crímenes de Estado.
11. Apostando a la constitución de una mesa regional de tierras que aborde ampliamente la problemática de tierras.
12. “Resistiéndonos a creer que la noche sea día como nos dicen a cada rato, que la mentira sea verdad, que la impunidad sea justicia, que la burla a la dignidad humana sea reparación”.
Luchando hasta el último suspiro, nos resistimos al olvido.
MOVIMIENTO REGIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Mayo 15 y 16 de 2009
—
Comunicaciones
Corporación Jurídica Libertad
E-mail: comunicacionescjl@gmail.com
Página web: www.cjlibertad.org
Teléfonos: 2318355 2516350
30 organizaciones de Medellín suscriben un DOCUMENTO PÚBLICO DE DENUNCIA
EN ALERTA EN MOVIMIENTO SOCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN ANTIOQUIA
VARIAS ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA EN RIESGO DE SER JUDICIALIZADAS DE MANERA ILEGAL CON BASE EN FALSAS IMPUTACIONES DE LA IV BRIGADA DEL EJÉRCITO
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Comité Municipal de Derechos Humanos, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía pretenden, mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación.
Este proceso, iniciado a finales de 2006 por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército, está plagado de irregularidades desde su inicio, y demuestra que más que un proceso penal normal construido con base en indicios y evidencias, se trata de una acción hostil en contra de personas y organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales que han asumido una posición de denuncia legal en contra de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado colombiano. Estas acciones colocan en duda la intención de la acción en defensa de los Derechos Humanos, y pueden ser utilizadas como excusa para atentar contra las personas ilegalmente señaladas.
Las organizaciones que suscribimos este documento, ejercemos la promoción y defensa de los Derechos Humanos desde una concepción integral, exigiendo condiciones de dignidad para los ciudadanos y las ciudadanas y en especial de las víctimas, en los marcos previstos por normativas de carácter internacional y nacional, situación que ha conllevado a la estigmatización desde las altas esferas del Gobierno, la cual es replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la Fiscalía.
Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de la defensa de los Derechos Humanos, evidencia que existe una política de criminalización de esta labor, del derecho de opinión y de oposición política, para colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad, generando además, desconfianza en la población de nuestra región. No reivindicamos para nuestras organizaciones ni para quienes hacemos parte de ellas inmunidad ni mucho menos impunidad; pero si exigimos de manera categórica que las acciones judiciales en contra nuestra se hagan con base en la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Peticiones:
Por lo anterior hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de víctimas y de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que expresen su solidaridad con las organizaciones y personas que están siendo hostigadas y en tal sentido exijan del Gobierno Nacional y las autoridades judiciales, plenas garantías y respeto de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libre asociación y opinión.
Así mismo exigimos de los organismos judiciales y de control, el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto a la vida, la seguridad e integridad de los líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, entre ellas que “la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de revisar los archivos de inteligencia militar y policial.
Que además sancione disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Igualmente a las autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de control, a fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y sindicalistas, incluidas las investigaciones de los casos de estigmatización de su labor, y combatir la impunidad. En particular, la Alta Comisionada ha animado al Gobierno y a la Procuraduría General de la Nación a que impulsen y apoyen de manera decidida las investigaciones que se inicien contra funcionarios públicos. Insistimos nuevamente en la validez del principio de imparcialidad e independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del poder militar en la dirección de las investigaciones criminales, ya que son quienes, sin tener funciones de policía judicial, inciden en el desenvolvimiento de las pruebas. Por ello urge desmontar las Fiscalías seccionales y especializadas destacadas en las guarniciones militares y policiales, ya que su actividad, en la mayoría de los casos ha dado lugar a las violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho de defensa.
Finalmente, demandamos que las visitas previstas para este año por parte del Relator Especial de Naciones Unidas para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el Relator para Ejecuciones Extrajudiciales y la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, incluyan reuniones de trabajo con las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de Medellín, e incorporen la situación de la ciudad de manera específica en sus informes.
Mujeres que Aman Mujeres, Cemcaba La Moña,
Central Unitaria de Trabajadores Antioquia, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de
Libertad, Comisión de Derechos Humanos ADIDA, Comité de Derechos Humanos Gustavo
Marulanda, Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES, Corporación Para la
Vida Mujeres que Crean, Corporación Vamos Mujer, Corporación Convivamos, Corporación
Educativa Combos, Corporación El Solar, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Nuevo
Arco Iris, Corporación Penca de Sábila, Escuela Nacional Sindical, Fundación Sumapaz, Grupo
Estudiantil Kavilando, Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente, Grupo Interdisciplinario de
Derechos Humanos, Habeas Corpus, Instituto Popular de Capacitación IPC, Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Red Juvenil de Medellín, Ruta Pacífica de las Mujeres,
Universidad San Buenaventura, Unidad Permanente de Derechos Humanos – Personería de Medellín.
________________________________________________________________________________
ÁREA DE COMUNICACIONES
Asociación Campesina de Antioquia
PRODUCCIONES EL RETORNO – 2009
www.cjlibertad.org
www.ipc.org.co
COMITÉ MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Mayo 21 de 2009
Mensaje a las organizaciones sociales y populares
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD
Hoy nos dirigimos a las organizaciones sociales, populares y no gubernamentales para ponerlas al tanto del nuevo ardid que los enemigos de la vida y la esperanza han estructurado en contra del trabajo que desarrolla nuestra Corporación y otras expresiones organizativas hermanas en la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades.
A las estigmatizaciones que se hacen desde el gobierno a todo aquel que cuestiona y disiente de las políticas estatales; a la criminalización al ejercicio legitimo de garantías fundamentales como las libertades de opinión, expresión, y participación política, se suma hoy la elaboración de un documento apócrifo, en el que se escanean el logotipo de la Corporación Jurídica Libertad y las firmas de dos de sus abogados; texto ficticio donde se consigna un informe de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Convenio con las Fuerzas Armadas, el cual se presenta como una denuncia en contra de organizaciones y personas por parte de nuestra Corporación por sus presuntos vínculos con organizaciones insurgentes.
Estamos seguros que quienes han conocido de nuestra denodada actividad en la difusión y defensa de los Derechos Humanos durante más de quince años inmediatamente se percataran de la perversa motivación que tiene este criminal proceder, la cual es generar confusión en el movimiento social y sustentar eventuales acciones encubiertas en contra de los integrantes de la Corporación Jurídica Libertad y las personas que aparecen referidas en el ficticio documento por parte de las organizaciones paraestatatales, que replicando el discurso gubernamental, pretenden asimilar temerariamente el ejercicio de garantías fundamentales con actividades insurgentes.
Convocamos hoy al conjunto del movimiento social, popular y no gubernamental a reivindicar la defensa del derecho a la defensa de los derechos humanos, conjugando esfuerzos para neutralizar la criminalización que se pretende hacer de las actividades que desplegan las organizaciones y personas aludidas en los informes de inteligencia elaborados por los organismos de seguridad del Estado.
En adelante y para evitar ser objeto de las confusiones a que nos quieren inducir los enemigos de nuestro trabajo social y comunitario, les solicitamos comedidamente confirmar con nosotros los pronunciamientos que susciten dudas en su contenido, igualmente les informamos que los comunicados que hace nuestra Corporación, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Antioquia y el Colectivo Semillas de Libertad aparecen en nuestra pagina web www.cjlibertad.org.
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD
Mayo 17 del 2009
—
Comunicaciones
Corporación Jurídica Libertad
E-mail: comunicacionescjl@gmail.com
Página web: www.cjlibertad.org
Teléfonos: 2318355 2516350
___________________________________________________________
Comunicado Público en Solidaridad con la Corporación Jurídica Libertad
La Asociación Campesina de Antioquia repudia los viles montajes que pretenden hacer organizamos de inteligencia de la fiscalía y la fuerza publica contra diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, con el ánimo de enlodar su labor en defensa de los derechos humanos.
En los últimos días salió un falso comunicado donde aparecen directivos de la Corporación Jurídica Libertad acusando a varias organizaciones defensoras de derechos humanos y algunos dirigentes en particular, de estar vinculados a organizaciones de carácter insugentes. Es un total absurdo poner en duda, ante el movimiento social, la ética profesional y los principios de una organización que se ha caracterizado por su férrea labor de defensa de los derechos humanos y por develar graves crímenes de lesa humanidad donde se comprometen instituciones estatales y altos funcionarios públicos. Por eso no nos extraña, que dichos montajes estén relacionados con la contundente denuncia y documentación de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, labor que ha venido liderando la Corporación Jurídica Libertad, junto con otras organizaciones. Situaciones de hostigamiento a la labor de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos se vienen presentando en otras regiones, en similar formato, bajo el mismo libreto. Es decir, señalamientos sin ningún fundamento legal a defensores, falsos testigos, y montajes de organismos de inteligencia que tienen la pretensión de aportar supuestas pruebas para la judicialización de defensores de derechos humanos y lideres sociales.
Que paradoja que mientras se hostiga, se estigmatiza y se pretende con burdos montajes judicializar a defensores de derechos humanos; la sociedad se debate entre el hambre y el miedo que generan las estructuras paramilitares que siguen operando y controlando todas las esferas de la vida social. Mientras los organismos de inteligencia no ahorran esfuerzos para tratar de encontrar vanamente nexos de defensores con grupos armados, la investigaciones por parapolitica han perdido fuerza en el debate nacional, el gravísimo tema de las ejecuciones extrajudiciales lo tratan de ocultar con vagas noticias, y los asesinatos en contra de reconocidos defensores de los derechos humanos pasan desapercibidos en los medios de comunicación y permanecen en la absoluta impunidad.
La Asociación Campesina de Antioquia se solidariza con la CJL y demás organizaciones que venimos siendo objeto de esta abierta persecución. Al igual apoyamos a la Corporación Jurídica Libertad para que continúe ejerciendo su respetable y valiosa labor de defensa de los derechos humanos, sin dejarse amedrentar por éste repudiable hecho que ya se suma a varios ocurridos en los últimos años.
18 de mayo de 2009
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
___________________________________________________________
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ha circulado a través de Internet un documento con fecha del 4 de mayo de 2009 supuestamente suscrito por la Corporación Jurídica Libertad donde se señala a personas y organizaciones sociales como integrantes de las Farc y del Eln.
La Corporación Jurídica Libertad niega categóricamente la autoría de dicho documento, en el cual se escanearon y copiaron el logotipo de la institución y las firmas, con cédulas de ciudadanía, de dos de sus directivos, lo que además de constituirse en una falsedad documental, pretende servir de soporte a los informes de inteligencia que tanto el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Regional de Inteligencia Militar de la IV Brigada han aportado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en esa guarnición militar.
Este apócrifo documento hace parte de la estrategia de deslegitimación que, desde el Estado, se viene implementando contra el trabajo que desarrollan en Medellín, el departamento de Antioquia y en el país las organizaciones que propugnan por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y las expresiones políticas que disienten del actual Gobierno.
En repetidas ocasiones y en desarrollo de esta estrategia, se han judicializado varios defensores de derechos humanos, entre ellos los dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad que aparecen suscribiendo el falso documento, a quienes se les han precluido las investigaciones al existir la certeza de que los fundamentos probatorios en los que se basaban carecían de veracidad y que, tal como ahora, han sido practicados por organismos de seguridad del Estado.
Esta campaña de desprestigio de nuestro trabajo se ha agudizado en el actual gobierno, teniendo su momento más relevante a partir de las publicaciones que dan cuenta de la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Antioquia y en el país, conducta criminal que, inicialmente, fue desestimada por el Establecimiento, para luego reconocerla públicamente como acciones aisladas de la fuerza pública, ante la contundencia de las denuncias y el proferimiento de varios fallos judiciales que condenaban a militares por estos delitos de lesa humanidad.
El documento que ha sido puesto en circulación por quienes miran con recelo el trabajo que realizan las organizaciones sociales, sindicales, populares y no gubernamentales condensa la información que el Cuerpo Técnico de Investigaciones y las Fuerzas Armadas han aportado a la Fiscalía General de la Nación en el propósito de judicializar a distintas personas vinculadas con expresiones pacificas y deliberantes de oposición al actual
Frente a esta campaña de desprestigio, que podría derivar en acciones encubiertas por parte de grupos paraestatales, la Corporación Jurídica Libertad llama la atención sobre los riegos para la vida y la seguridad personal de sus directivos y de las personas que han sido señaladas en la engañosa denuncia.
Medellín, mayo 16 de 2009
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
_______________________________________________________________________
Se intensifica campaña de desprestigio contra organizaciones sociales en Medellín
Medellín, may. 16 (IPC) Un falso documento enviado a través de Internet, que utiliza de manera fraudulenta los nombres y las firmas de dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad, fue distribuido este fin de semana a través de Internet para intensificar la campaña de desprestigio y deslegitimación contra diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicales y estudiantiles de la ciudad, el departamento y el país, a las que se les sindica de tener estrecha relación con las guerrillas de las Farc y el Eln.
En el documento apócrifo, fechado el 4 de mayo y en el que aparecen los logos de la Corporación Jurídica Libertad, así como la firma de dos de sus directivos, los juristas Elkin Ramírez y Bayron Gongora, se relaciona una serie de personas y organizaciones sociales que han sido identificadas como supuestos apoyos políticos de la insurgencia a través de diversos informes de inteligencia que reposan en un proceso penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada.
Este documento, que circula como “denuncia pública” y que fue remitido desde una falsa dirección creada a nombre de Ramírez, involucra a la Alcaldía de Medellín y al Instituto de Deportes y Recreación (Inder) como “patrocinadores” de violaciones de derechos humanos al interior de la Universidad de Antioquia cometidos por supuestos miembros de las Farc y el Eln. En la lista de nombres citados aparece como involucrada con esas agrupaciones insurgentes Gisela Sofía Posada Mejía, una funcionaria del Alma Mater y esposa del actual Secretario de Gobierno de Medellín, Jesús Ramírez.
La simulada “denuncia pública” también involucra a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), Sintraintabaco, Sintrainal, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Corporación Región, Sintraunicol, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), Corporación Sumapaz, Corporación de Solidaridad con Cuba, Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y a la Asociación Nacional de Desplazados (Andas).
De acuerdo con la falsa denuncia, “todos los miembros de estas organizaciones delincuencias (sic) de las Farc y el Eln, vienen realizando en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, actividades propias de reclutamiento ideológico y militar, sumado a todos sus actos de terrorismo y barbarie, tales como el desplazamiento y asesinato de estudiantes, profesores y trabajadores de la misma universidad haciéndolos pasar como amenazas y homicidios de grupos paramilitares”
Además, se lee en el documento que el partido político Polo Democrático Alternativo (PDA), así como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y al Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, “vienen adelantando la campaña de desarme de los civiles de bien para beneficio de sus organizaciones”.
El documento apócrifo ha sido difundido justamente cuando la Agencia de Prensa IPC reveló el pasado martes 12 de mayo una serie de informes, preparados por investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros de las unidades de inteligencia militar adscritas a la IV Brigada del Ejército, en los cuales se relaciona a un conjunto de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicales, estudiantiles y universitarias, como apoyos directos del Partido Comunista Clandestino de Colombia, conocido con la sigla PC3, afín a las Farc.
Los informes de inteligencia, que fueron negados por altos funcionarios del CTI en Medellín, contienen un organigrama en el que ubican distintas instituciones no gubernamentales de la ciudad como parte de la estructura del PC3.
Este conjunto de señalamientos, sindicaciones y relacionamientos con la insurgencia contra distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos, movimientos estudiantiles, directivas de la Universidad de Antioquia y partidos políticos, fue discutido el pasado jueves en el Concejo de Medellín, donde no se dudó de la existencia de los informes de inteligencia y se le dio pleno respaldo a quienes desarrollan de manera legítima y constitucional labores sociales y políticas en la ciudad, el departamento y el país.
“Nos preocupa la aparición de ese apócrifo comunicado enviado a la opinión pública donde se hace un señalamiento en contra de personas que están integradas al movimiento social en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y el país”, declaró el abogado Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad.
Dos motivos de preocupación expuso Ramírez con relación a los falsos señalamientos que contiene el supuesto comunicado rubricado por él: el aumento del nivel de riesgo que soportan los defensores de derechos humanos ante los constantes señalamientos realizados desde diferentes organismos de seguridad e inteligencia del Estado colombiano y la seguridad de las personas que allí aparecen relacionadas como presuntos integrantes de la guerrilla de las Farc y el Eln.
“A través de ese falso documento, se podría estar justificando y preparando algún tipo de acción encubierta contra unos y otros”, agregó el jurista.
A través de un comunicado a la opinión pública emitido este fin de semana, la Corporación Jurídica Libertad negó categóricamente la autoría de dicho documento, en el cual se escanearon y copiaron el logotipo de la institución y las firmas, con cédulas de ciudadanía, de dos de sus directivos, “lo que además de constituirse en una falsedad documental, pretende servir de soporte a los informes de inteligencia que tanto el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Regional de Inteligencia Militar de la IV Brigada han aportado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en esa guarnición militar”.
Para la Corporación Jurídica Libertad, este apócrifo documento “hace parte de la estrategia de deslegitimación que, desde el Estado, se viene implementando contra el trabajo que desarrollan en Medellín, el departamento de Antioquia y en el país las organizaciones que propugnan por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y las expresiones políticas que disienten del actual Gobierno”.
Tanto Ramírez como Góngora, los dos abogados que aparecen suscribiendo la falsa denuncia pública, han sido vinculados desde hace varios años a distintos procesos penales como resultados de los montajes de los organismos de seguridad del Estado, quedando libres de cualquier sindicación al demostrarse que los procesos eran “montajes” elaborados por organismos de inteligencia del Estado.
Por su parte, el abogado Ramírez, le solicitó a las autoridades públicas del Estado colombiano, “las suficientes garantías para poder ejercer nuestra actividad como defensores de derechos humanos, que de una vez por todas se conozcan los diferentes informes de inteligencia en los que aparecen relacionados nuestros nombres y que cesen estos ataques y actos de persecución realizados de manera ilegal e ilegitima”.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 569 84 25
www.ipc.org.co
Movimiento de DDHH de Antioquia judicializado en la IV Brig. del Ejército
Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que organismos de seguridad y la Fiscalía pretenden, mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como evidente propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación.
Uno de estos procesos tuvo su génesis en una investigación previa iniciada por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército el 29 de diciembre de 2006, la cual de manera errada ha sido tramitada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, lo que ha posibilitado que el ente acusador limite, sin el control de un Juez de Garantías, derechos constitucionales de las personas incriminadas.
Aunque en esta investigación previa la Fiscalía vinculó a varios integrantes
de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y no gubernamentales
debidamente identificados, *nunca se les informó a estas personas de dichas
actuaciones, lo que impidió que ejercieran de manera oportuna el derecho de la
defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas incriminatorias que venían
siendo recopiladas por la inteligencia militar.
Fue la comparecencia voluntaria de varios estudiantes de la Universidad de
Antioquia a la Fiscalía, la que permitió develar la entidad de la
investigación previa que se venía tramitando, la cual pretende criminalizar
el ejercicio legítimo de la labor de defensa de los Derechos Humanos y la
oposición política y pacífica frente a políticas promovidas por el
Establecimiento, valiéndose para ello de la reedición de testimonios
desestimados en su credibilidad en otras investigaciones penales, donde han
pretendido vincular con organizaciones insurgentes, no sólo a estudiantes y
trabajadores de la Universidad de Antioquia, sino también a sus directivas y a
miembros de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín.
La defensa de varias de las personas que van a ser vinculadas mediante
indagatoria a la investigación penal, ha acudido a los Jueces de Garantías
para que, en diligencia de Audiencia Preliminar, determinen el procedimiento
mediante el cual debe tramitarse el proceso, toda vez que consideran que los
hechos objeto de averiguación tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín
con posterioridad al primero de enero de 2006, razón por la cual deberán
rituarse bajo los parámetros del procedimiento penal acusatorio previsto en la
Ley 906 de 2004 que exige la controversia probatoria ante el Juez de
conocimiento en igualdad de condiciones entre el ente acusador y la defensa, y
no a espaldas de la defensa como se ha hecho en la Fiscalía destacada ante la
IV Brigada del Ejército.
De proceder esta petición, las diligencias realizadas por la Fiscalía Setenta
y Cuatro Seccional deberán declararse nulas, lo que permitiría que en una
eventual indagación, tanto las organizaciones y personas que temerariamente
han sido vinculadas con organizaciones insurgentes, puedan desde la génesis
del proceso ejercer de manera plena el derecho a la defensa.
Las organizaciones que suscribimos este documento, hemos ejercido la promoción
y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de las comunidades y de las víctimas en los marcos previstos por
normativas de carácter internacional y nacional, situación que ha conllevado
a la estigmatización desde las altas esferas del gobierno, la cual es
replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la Fiscalía.
Para ilustrar la anterior afirmación basta con recordar apartes del discurso
pronunciado por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 8 de mayo,
en el marco de la conmemoración de los cien años de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia, cuando para deslegitimar las denuncias sobre las
Ejecuciones Extrajudiciales en el país, sostuvo que:
“Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados
pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les
impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico
imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de
abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza
Pública”.
Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de las organizaciones
sociales, populares, sindicales, de víctimas y de Derechos Humanos, evidencia
que existe una política de criminalización de la labor de defensa de los
Derechos Humanos, del derecho de opinión y de oposición política, para
colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad.
Tal como se ha denunciado en otras ocasiones “En estos procesos de
difamación y criminalización los Estados están violando los Derechos
Humanos, de libre asociación, de libertad de expresión, derecho a la protesta
no violenta, debido proceso y de garantías judiciales entre otros, generando
retrocesos en procesos democráticos, destrucción del tejido social,
desplazamiento forzado, desprestigio y destrucción de las organizaciones no
gubernamentales que defienden y promueven los derechos humanos y poniendo en
riesgo la vida e integridad física de líderes sociales y defensores”[1]
Así también lo ha constatado la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en diversos informes sobre la situación de
los defensores y líderes sociales en el país, como lo expresó recientemente
el señor Antonio Menéndez de Zubillaga, Coordinador del Área Jurídica de
dicha Oficina en el lanzamiento del Informe de Human Rights First:
“Desde el año 2003, la Oficina ha registrado un aumento en el número de
casos de detenciones arbitrarias y/o ilegales cuyas víctimas pertenecen a este
colectivo. La Oficina ha manifestado, en no pocas ocasiones, que la aplicación
de la potestad judicial del Estado en materia de investigación y juzgamiento
de conductas punibles, continúa presentándose como factor de hostigamiento.
En muchas ocasiones, se sindica a personas por delitos contra el régimen
constitucional y la seguridad pública sin bases jurídicas sólidas. Como
resultado, estas personas permanecen detenidas sin justificación aparente por
largos periodos de tiempo, que pueden llegar hasta 2 años.
En estas situaciones, cuando las investigaciones son apropiadamente revisadas o
se enfrentan al escrutinio judicial, las personas son liberadas sin cargos.
Miembros de ONG, líderes sociales y sindicalistas también son víctimas de
detenciones arbitrarias por delitos de rebelión. Además, varias de estas
personas contaban, al momento de su detención, con medidas cautelares
solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o eran
beneficiarios del Programa de protección a cargo del Ministerio del Interior.
La situación de las y los defensores de derechos humanos se ha visto también
perjudicada por declaraciones públicas de algunos altos funcionarios del
Gobierno, que realizaron cuestionamientos muy generales e indiscriminados sobre
la naturaleza de su labor y la de sus organizaciones» [2]
Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de víctimas
y de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que expresen su
solidaridad con las organizaciones y personas que están siendo perseguidas y
en tal sentido exijan del Gobierno Nacional y las autoridades judiciales plenas
garantías y respeto de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libre
asociación y opinión.
Así mismo exigimos de los organismos judiciales y de control el cumplimiento
de las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto a la vida, la seguridad e
integridad de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, entre
ellas que “la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de
revisar los archivos de inteligencia militar y policial. Que además sanciones
disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u
omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.
Igualmente, “a la autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía
General de la Nación, y a las autoridades de control a fortalecer las
investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los
defensores y defensoras de Derechos Humanos y sindicalistas, incluidas las
investigaciones de los casos de estigmatización de su labor, y combatir la
impunidad. En particular, la Alta Comisionada anima al Gobierno y a la
Procuraduría General de la Nación a que impulsen y apoyen de manera decidida
tales investigaciones que se inicien contra funcionarios públicos”.
Insistimos nuevamente en la validez del principio de imparcialidad e
independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del
poder militar en la dirección de las investigaciones criminales, ya que son
quienes, los que sin tener funciones de policía judicial, inciden en el
desenvolvimiento de las pruebas. Por ello urge desmontar las Fiscalías
seccionales y especializadas destacadas en las guarniciones militares y
policiales, ya que su actividad, en la mayoría de los casos ha dado lugar a
las violaciones flagrantes del debido proceso y derecho de defensa.
Medellín, Mayo 11 de 2009
*Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad*
*Corporación Jurídica Libertad*
*Fundación Sumapaz*
*Asociacion Campesina de Antioquia*
*Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES Sec. Medellín)
*Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Sec. Medellín)*
*Asociacion Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS (Sec. Medellín)*
*Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Hector Abad
Gómez
*Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz*
*Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente*
*Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda*
*Red Juvenil de Medellín*
*Corporación Itagüí Nueve Gente *
* Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos*
*Escuela Nacional Sindical*
*Comité de Derechos Humanos ADIDA*
*Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes De Estado *
*Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES*
*Polo Democrático Alternativo, subdirectiva Antioquia*
Trujillo: Una gota de esperanza en un mar de impunidad
Ante el hecho de la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y el Teniente de la policía José Fernando Berrío Velásquez, expedida por el Juez 2 Penal del Circuito de Tuluá, Dr Néstor Ramos Ortiz, argumentando que el llamado a juicio debe ser sólo por homicidio agravado y no en persona protegida como lo realizó la Fiscalía de primera y segunda instancia.
Expresamos ante los organismos de justicia del Estado colombiano y de la opinión pública, nuestra indignación, nuestro dolor y voces de denuncia ante la total impunidad, la burla y el cinismo de la administración de justicia.
Hacemos Memoria de los hechos crueles y horrendos de la masacre de Trujillo, donde participaron los militares en las personas de ALIRIO URUEÑA JARAMILLO Y FERNANDO BERRIO VELASQUEZ, que se narran en el Informe Final oficial de la CIDH a finales del año 1995:
“De acuerdo con el dicho de Arcila, tras prometer ayuda al presunto guerrillero Wilder Sandoval por la colaboración, el Mayor Urueña ordenó que lo interrogaran y torturaran”.
Siguiendo el testimonio de Arcila, el Mayor Urueña Jaramillo y el jefe de las autodefensas, apodado “el tío”, planearon entonces un operativo en la Sonora para retener a los auxiliadores señalados por el presunto guerrillero. Reunieron a unos 30 hombres, algunos uniformados y otros de civil, los distribuyeron en tres vehículos, una camioneta chevrolet 300 carpada de estacas, un Toyota cabinado de color verde con placa NC5656, y una camioneta Ranger, marca Ford…” Informe Final Caso 11.007 CIDH p.40
“En efecto, esa misma noche desaparecieron a Wilder Sandoval en manos de contraguerrilla, el 31 de Marzo, delante de la esposa e hijos, se llevaron a Ramiro Velásquez Vargas, esa misma noche se llevaron a Arnoldo Cardona y “el 1 de Abril en la madrugada, hombres armados, unos vestidos de civil y otros de militar, llegaron a las casas de las familias Arias y Prado…Los hombres de la casa fueron obligados a subir a los vehículos. En este episodio se retuvo al señor José Vicente Gómez, a los hermanos Arnulfo y Fernando Arias Prado y a Rigoberto y Everth Prado. La señora Ester Cayapú Trochez, también fue raptada en similares circunstancias. A su casa que había sido rodeada por militares, entraron nueve o diez personas, una de ellas encapuchada, que portaba armas largas.” Informe Final CIDH p. 40 y 41
“Las personas desaparecidas en la noche del 31 de Marzo y la madrugada del 1 de Abril de 1990, en el corregimiento La Sonora, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, son: Ramiro Velásquez V, Arnoldo Cardona, Everth Parado, José Vicente Gómez, Arnulfo Arias P, Fernando Arias P, Rigoberto Prado, Esther Cayapú T, Fernando Fernández T, Ricardo Alberto Mejía.
“Siempre según la declaración a eso de las siete de la mañana llegaron al lugar el sujeto apodado “El Tío” y el Mayor Urueña Jaramillo. Después de desayunar, el Mayor Urueña y algunos de los miembros del grupo armado ingresaron a la bodega. Les exigieron a los retenidos sus documentos de identidad, y sus pertenencias, y los relacionaron por escrito. Les vendaron los ojos, los sacaron, de uno en uno, empezando por la señora Esther Cayapú y el inspector Fernando Fernández y los llevaron a un sitio de la hacienda llamado “la peladora” (un beneficiadero de café) Informe CIDH p.41
A las víctimas les cubrieron la cabeza con costales y los arrojaron al suelo. Con una manguera el Mayor Urueña les puso un chorro de agua en la cara, a la altura de la boca y de la nariz, mientras los interrogaba. Luego los amontonaron en la “peladora”. Alguien ordenó traer el soplete y la motosierra. Los retenidos fueron descuartizados con la motosierra, dejándolos desangrar. Las cabezas y los tronos de las víctimas fueron depositados en costales diferentes y la noche del 1 de Abril una volqueta Ford azul 56 llevó los cadáveres hasta el río Cauca, en donde fueron arrojados” Informe CIDH p 41
El 2 de Abril, entre las 9 y 11 a.m. según las diversas versiones, los hermanos Harvey y José Herley Vargas Londoño y el señor José Alirio Granada Velez, ebanistas de profesión, fueron obligados a salir de su taller, ubicado en la esquina de la plaza principal de Trujillo, por un grupo de hombres que se transportaban en un campero Toyota, embarrado, azul oscuro con cabina blanca.
De inmediato en otra ebanistería cercana, el grupo anteriormente mencionado retuvo y se llevó a José Agustín Lozano Calderón y a Orlando Vargas Londoño…
Los Vargas Londoño retenidos fueron vistos el mismo 2 de Abril por el Señor Carlos Arturo Salazar, según el testimonio de este, en un vehículo Toyota que ingresaba a las instalaciones de la Policía de Tulúa”.
De acuerdo con el testigo Daniel Arcila a estas cinco personas retenidas en Trujillo las sometieron al mismo proceso de tortura y muerte que a los retenidos el día anterior en la finca ubicada entre Salónica y Andinápolis. Les hicieron un intenso interrogatorio relacionado con las personas involucradas en las actividades guerrilleras de la región. En este nuevo episodio participaron el Mayor Urueña, Diego Montoya, Henry Loayza y “El Tío”. Informe CIDH p.42
El Teniente Coronel Contreras declara: “El Coronel es reiterativo en afirmar: “Quiero dejar bien en claro ante el juzgado que me consta personalmente que el Mayor Urueña permaneció en el puesto de mando en los días 29, 30, 31 de marzo y 1º. De abril, porque como dije anteriormente, yo estaba presente a partir del día 30”
Precisamente estas fechas coinciden con la desaparición cruel y dolorosa de los 10 desaparecidos de la Sonora bajo el control militar y de la desaparición de 5 ebanistas.
En este mismo Informe Final, respecto del Teniente JOSE FERNANDO BERRIO V. Se afirma su vinculación y “se infieren elementos serios que comprometen su responsabilidad por omisión en los hechos investigados”. P.134
“Ahora bien, en sus descargos el Teniente Berrío, aparte de admitir su inactividad, y de no explicar qué conducta asumió ante los hechos, se limita a eludir responsabilidad invocando situaciones inexistentes en la época de las desapariciones. Así invoca la integración de un Comando de Operaciones Conjuntas (COC) que relevaba a la Policía de su mando y del cumplimiento de su misión policial.” Informe Final CIDH p.134
“Declaraciones del Coronel Pulido Barrantes, Comandante de la Policía Valle.
…el Teniente Berrío Velásquez José Fernando, debía responder por la tranquilidad y el orden de los habitantes del casco urbano de Trujillo.
Recalca que el Ejército sólo tenía el control operativo del área.
“Certificación del Ejército Nacional, solicitada por el Teniente Berrío. De acuerdo con ella: En la organización militar no existe un órgano denominado Comando Operacional Conjunto, según lo afirmara el Teniente Berrío para justificar su conducta omisiva (exceptuando el que existe en la capital de la República)”
El Informe Final de la CIDH concluye:
“Tanto las explicaciones como las pruebas de descargo comprometen la responsabilidad del Teniente Berrío en su calidad de Comandante de la Estación de Policía de Trujillo, pues ratifican su inactividad ante los hechos, al no haber adoptado medida alguna frente a éstos y no haber impartido, antes del 2 de abril en la mañana, órdenes a la Estación tendientes a evitar o conjurar situaciones como las que se estaban presentando.” Informe Final CIDH pags 135,136 y 138
“Al Mayor Córdova, Comandante del III Distrito de Policía de Tulúa, y al Sargento Alvarez, Jefe de la División de la Subsijin de este comando, se les formuló pliego de cargos porque con su comportamiento omisivo reflejado en la falta de control y supervigilancia del personal adscrito al Comando, posiblemente habrían permitido que continuasen ilegalmente retenidos los hermanos Vargas Londoño, José A Lozano y Alirio Granada, cuando fueron llevados a la División Subsijin, el 2 de abril de 1990”
Informe CIDH p. 136
La Oficina de Investigaciones Especiales, OIE y la Procuraduría delegada para los derechos humanos (Expediente 008-95377):
En cuanto a las normas disciplinarias, la OIE consideró que los oficiales citados pudieron haber violado las siguientes normas:
1.El Mayor Urueña:Código Penal Militar. Constitución Política. Decreto 0085 de 1989 Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, en sus artículos 19, 33-k, 65-a Sección C literal m y Sección F literales a y b
2.El Teniente Berrío, por los mismos cargos y el decreto 100 de 1989 en 115-1-2-11 y 12, 121-16 y 38.
3.El Mayor Córdova y el Sargento Alvarez por faltas disciplinarias del decreto 100 artículo 115-1-2-11 y 13, 121-16-38-43 y 45.
“Estos funcionarios, también violaron disposiciones del Código Penal Militar y la Constitución Nacional, por cuanto existió retención indebida de personas, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, y se obró en complicidad con personal al margen de la ley, lo que deberá ser investigado debidamente” Informe Final CIDH p.71
El Mayor Alirio Urueña fue vinculado también a la horrenda masacre de los 3 Hermanos CANO VALENCIA y del trabajador Ricardo Burbano, hechos ocurridos en la hacienda “Argelia” el 20 y 23 de Marzo de 1990.
“El viernes 23 de marzo…hacia las 8.30 pm se escuchó un fuerte estruendo; varias puertas de la casa fueron derribadas; dos de los hermanos, RUBIELIDER Y JOSE ALVEM, y un trabajador de la finca, RICARDO BURBANO DELGADO, fueron obligados a tenderse en el piso del corredor, con las manos en la cabeza, mientras un grupo de soldados, entraba en una de las habitaciones y torturaba salvajemente a JOSE DORNIEL. La madre fue obligada a permanecer en un corredor. Mas tarde le dispararon tiros en la cabeza y huyeron”
Las y los Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, estamos horrorizados, indignados, adoloridos profundamente en nuestra conciencia ética, ante la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y del Teniente Fernando Berrío. Nuestros Principios y valores morales, religiosos, políticos se ven pisoteados, y nuevamente nuestros derechos a la vida, a la Verdad, la Justicia y la Reparación integral, violados, quedando esta masacre en la TOTAL IMPUNIDAD!
La IMPUNIDAD, como lo expresa el Colectivo de abogados:
1.Deja intactas las estructuras de muerte y asiente implícitamente a las conductas que hicieron posible los crímenes, allanando el camino para que HOY SE CONTINUE PERPETRANDO!
2.Legitima ante la sociedad conductas que destruyen radicalmente la convivencia humana civilizada.
3.Atenta contra las leyes que tipifican esos crímenes, invalidándolas en su dimensión operativa.
4.Destruye la confianza en el sistema de Justicia y deja desprotegidos a los ciudadanos frente al crimen.
Por eso, después de 20 años de lucha contra la impunidad en el proceso de AFAVIT, NO CREEMOS EN LA ADMINISTRAION DE JUSTICIA en Colombia.
5.Constituye una nueva afrenta para las víctimas, para los familiares y para todos los que comparten moralmente las secuelas del crimen.
6.Destruye la base fundamental del Estado de Derecho.
7.Crea un nuevo crimen de lesa humanidad.
Solicitamos y exigimos a la Sala Penal de la Corte, se revise el Expediente de los militares, se tenga en cuenta la investigación realizada por la Comisión Trujillo y el INFORME FINAL 1995 presentado a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y a la Fiscalía de la Nación logre impedir dicha liberación.
Además, como lo expresó el Fiscal de la Nación y el Vice-Presidente de la Nación, “Hay que pedir que estos procesos se tramiten en Bogotá porque en el Dpto del Valle no hay independencia e imparcialidad en los operadores judiciales” (IX-13-08 Lanzamiento del libro Trujillo: una violencia que no cesa)
Solicitamos al Tribunal Sala Penal de Buga, quien resuelve la apelación interpuesta por la Fiscalía de la Nación y la Parte Civil, LO HAGA DE INMEDIATO.
Pedimos castigo a los culpables y que la Justicia sea una realidad.
El Estado continúa en deuda con Trujillo y el Proceso 11.007 sigue siendo “UNA GOTA DE ESPERANZA EN UN MAR DE IMPUNIDAD”
Seguiremos en pie de lucha y de resistencia, manteniendo la esperanza y la fuerza en Dios, de seguir construyendo un Proyecto de vida y de dignidad.
ASOCIACION FAMILIARES VICTIMAS DE TRUJILLO – AFAVIT – COMUNICADO PUBLICO
Hna Maritze Trigos T ACOMPAÑANTE
Trujillo, Abril 5 de 2009
Estrategia contra la impunidad y herramienta para la reparación integral
Introducción
Como es de amplio conocimiento el conflicto colombiano oculta en la tras escena un gigantesco problema de despojo, especialmente de tierras que en cuentas superficiales se acerca a los 10’000.000 de hectáreas, tierras y territorios en los que campesinos, colonos comunidades, afro e indígenas tenían sembradas sus esperanzas, un proyecto de vida y un factor productivo para la familia y el país.
Sin embargo, más allá de esta información, lo que se conoce de esta expropiación es poco, ó en todo caso la información existente es fragmentada e incompleta. Por ello el Catastro Alternativo, es un esfuerzo de las propias organizaciones para realizar un balance exhaustivo de la magnitud del despojo de los bienes muebles e inmuebles de la población desplazada inicialmente, y de manera experimental con las personas vinculadas a las organizaciones de la CND y del Movimiento Nacional de Víctimas y posteriormente a las víctimas que logran articularse a estas dinámicas.
El catastro alternativo es una iniciativa de carácter político, que pretende a través del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones que trabajan con población víctimas de la violencia, para recaudar la más completa información sobre los bienes que fueron arrebatados, y con el uso de la violencia a miles de familias campesinas, para evidenciar que el desplazamiento no es solamente un drama humanitario que afecta a más de tres millones de colombianos, si no, fundamentalmente una estrategia de carácter político tras de la cual se expropió violentamente, en una especie contra reforma agraria más de 10 millones de hectáreas de tierra productiva, y que hoy hacen parte de los planes de expansión agroindustrial, caso palma aceitera, o son terrenos para el desarrollo de macroproyectos, o en ellos simplemente ,se alberga gran riqueza que están en su subsuelo o son fuente de enorme e incalculada biodiversidad.
Una breve historia
La propuesta de catastro alternativo, surgió originalmente de la Coordinadora nacional de desplazados, desde el año 2002, cuando conjuntamente con la propuesta de tribunal internacional de opinión, y el observatorio de la violencia, se buscaba presentar propuestas de cátedra político que permitieran visibilizar la problemática del desplazamiento, y en todo caso evidenciar la responsabilidad del estado colombiano ha tenido y tiene frente al problema del desplazamiento interno de colombianos.
El catastro alternativo, se constituye entonces el intento que desde las organizaciones de población desplazada y en especialmente de la Coordinación Nacional de Desplazados, se realizaría para cuantificar la magnitud y dimensión de la usurpación de bienes a miles y miles de colombianos y colombianas en situación de desplazamiento tuvieron que abandonar los campos, dejando detrás de ellos, tierras, activos, animales domésticos, culturas.
Desde su formulación inicial en el año 2002, la Coordinación Nacional de Desplazados, ha realizado múltiples esfuerzos por la aplicación del catastro alternativo, con más voluntad política que con conocimiento científico se aplicaron más de 3000 encuestas, entre las familias organizadas de la CND, en regiones como, Sincelejo, Quibdo, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras. Este esfuerzo importante se topó con la dificultad de no suministrar información sobre el lugar donde se localizaba el predio usurpado.
Posteriormente otras organizaciones miembros de la CND, promovieron iniciativas de catastro a actualizado la ficha y ampliando el contenido de la misma, así, ANDAS ha promovido una iniciativa de catastro o identificación de bienes usurpados a la población desplazada en los departamentos de Bolívar, Santander, Chocó, Antioquia, información con la que se pretende presentar una demanda ante los tribunales colombianos.
También, ILSA en el acompañamiento realizado a la CND, se ha interesado en el tema y ha promovido una iniciativa en el mismo sentido de recabar información, particularmente en el departamento de Sucre. La corporación jurídica Yira Castro, ha promovido una recolección de información con el propósito de desarrollar acciones jurídicas civiles para la salvaguarda de los bienes abandonados por la población desplazada.
Esfuerzo no menos importante es el que viene desarrollando actualmente SINTRAGRIM, organización de campesinos sindicalizados del departamento del meta en el exilio en la ciudad de Bogotá, quienes han elaborado un formulario muy completo que permite recaudar información precisa sobre la cantidad y productividad de los bienes de las familias campesinas desplazadas de ese departamento.
De esta manera el Movimiento Nacional de Víctimas, incorpora en su tercera asamblea realizada en julio del 2006 la iniciativa del Catastro Alternativo, que conjuntamente con otras estrategias se constituye en un marco general de lucha contra la impunidad.
Que es el catastro alternativo.
El Catastro Alternativo es un muestreo directo, surgido de la postura privilegiada del contacto directo con las víctimas del impune despojo, promovido por las élites colombianas. Con este inventario, se requiere conocer, cuál es la magnitud de la tierra desplazada? Qué productos agrícolas se cultivaban, Qué tipo de ganado poseía? Cuántos animales se perdieron? Formas de propiedad? Cuánto valía y cuánto ha dejado de producir?
El Catastro Alternativo, es la posibilidad de conocer como conjuga, desplazamiento con desarrollo de macro-proyectos económicos (represas, carreteras, infraestructura eléctrica 0 o comunicaciones) ó intereses de empresas transnacionales en montar plantas ó hacer inversiones. También la información obtenida por este catastro, es importante para alimentar el acervo de las víctimas en la tarea de esclarecer la verdad y aportar instrumentos para lograr la justicia y la reparación.
La información arrojada por el Catastro, permite decantar a ciencia cierta, quién ó quiénes se benefician al promover el desplazamiento y el despojo de las comunidades. En la misma medida se obtiene datos privilegiados para adelantar acciones judiciales, por vía de medidas cautelares y adelantando acciones de extensión de dominio, lo que se busca “legalizar la ilegalidad” que se configura con el despojo.
Finalmente el Catastro Alternativo es una herramienta para la acción, que entre otras permitirá adelantar la elaboración de escrituras protocolarias, a través de declaraciones extrajuicio, o iniciar el desgaste del Decreto 2007/01 y el Decreto 4760/05 a través de Derechos de Petición, exigiendo su aplicación u otras acciones particulares ante las oficinas de instrumentos públicos, etc.
Que pretende el catastro alternativo
Documentar lo más ampliamente posible, el despojo de las tierras y bienes de las familias desplazadas por la violencia, a partir de un deuda ficha técnica, que proporcione información sobre la extensión del terreno, diversidad productiva, proyecto de desarrollo socioeconómico o presencia trasnacionales en la zona de ubicación del predio usurpado, composición del grupo familiar objeto del desplazamiento, estimativo del lucro cesante, formas de propiedad del bien, estado de legalización del mismo antes y después del desplazamiento, información es sistematizada a de emplearse en primer lugar una como instrumento para develar la verdad.
Pero indudablemente, la información obtenida de este catastro alternativo de sentido para aportar las pruebas ante un tribunal internacional para juzgar al estado colombiano y a todos aquellos que promovieron y se beneficiaron del desplazamiento como forma de ampliando su control sobre la tierra y el territorio, el catastro es una herramienta que al mediano plazo de sentido las víctimas del conflicto colombiano como este momento para una adecuada injusta reparación.
Hasta cuándo dura catastro alternativo
Por tratarse de una iniciativa de carácter político y alternativa el catastro se empleará como herramienta demostrativa y en casos emblemáticos, partiendo de comunidades organizadas con quienes es posible emprender la tarea de reconstruir el mapa topográfico, político, económico, social y cultural de una región o zona determinada, esto por supuesto, no incluye que se recuerde que la información todos los lugares del país donde podamos obtener datos confiables que pueda ser utilizados en mediano y largo plazo en el caso de demandas internacionales.
Características que debe contener el catastro alternativo
Tratándose de una tarea de tan amplia magnitud, el catastro no sólo debe ser una acción de recolección de información, debe también ser instrumento para el fortalecimiento de procesos organizativos de las comunidades desplazadas, en este sentido la ficha de recolección de la información debe contener, una información general que manera ágil recaude los datos necesarios para el levantamiento topográfico del que se ocupa el catastro alternativo, pero también, debe contener información que permita conocer las particularidades culturales, sociales, étnicas y de genero, de las comunidades, donde se aplica, esto porque reconocemos que la relación del hombre con la tierra no es solamente económica si no esencialmente cultural.
MOVIMIENTO DE CRIMENES DE ESTADO MOVICE
febrero de 2008