Conclusiones Encuentros

Margaret Sekaggya, al término de su visita en Colombia el 18 de septiembre de 2009, realiza la siguiente declaración pública:

BOGOTÁ, 18 de septiembre de 2009 – Del 7 al 18 de septiembre, realicé una visita de investigación para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, y viajé a Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Arauca (Arauca). Me reuní con el Presidente, el Vicepresidente y otros funcionarios de alto rango del ejecutivo; con jueces de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la Oficina de la Fiscalía General de la Nación; así como con congresistas. Además, me entrevisté con los Jefes de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, celebré reuniones con funcionarios del Gobierno local en las cuatro regiones que visité. También me encontré con miembros de la comunidad diplomática y los organismos de Naciones Unidas en la capital. Finalmente, en el transcurso de la misión, me reuní con un amplio y diverso sector de la sociedad civil colombiana.

Agradezco encarecidamente al Gobierno de Colombia su invitación y su colaboración ejemplar a lo largo de toda la misión. Asimismo, doy las gracias a todos los defensores de derechos humanos con quienes me reuní, algunos de los cuales viajaron desde muy lejos para verme. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colomina (OACNUDH) por su valioso apoyo tanto durante la misión como en la fase de preparación.

Si bien ahora he de tomarme un tiempo para revisar y analizar la importante cantidad de información que he recibido, así como para continuar intercambiando información con el Gobierno, los defensores de derechos humanos y demás interlocutores, quisiera presentar aquí unas cuantas observaciones preliminares y recomendaciones.

En primer lugar, deseo encomiar al Gobierno por la mejora significativa de la situación general de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos.

Además, deseo saludar al Gobierno por haber concebido políticas y estrategias para la protección de los defensores de derechos humanos. Celebro el aumento notable de fondos dedicados al Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de 13 millones de dólares en 2002 a 40 millones de dólares en 2009). Apoyo asimismo el trabajo de las Defensorías del Pueblo nacionales y regionales, en particular su sistema de alertas tempranas, y considero que sus informes deben hacerse públicos y ser tenidos en cuenta con mayor frecuencia por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). Asimismo, felicito al Gobierno por la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y le insto a implementarla lo antes posible.

Dada la situación actual de polarización, considero notable que el Gobierno y la sociedad civil hayan logrado concluir una serie de acuerdos a través de las mesas para las garantías de protección de los defensores de derechos humanos. Observo con especial satisfacción que, tras mi reunión con él, el Presidente Uribe declarara públicamente el 17 de septiembre de 2009 que:

“la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia. “

Espero que esta declaración ayude a reducir la tensión y contribuya a mejorar el clima de diálogo entre el Gobierno y los defensores de derechos humanos. Con este nuevo avance, insto al Gobierno a implementar diligentemente los acuerdos alcanzados con los defensores de derechos humanos en materia de garantías para su trabajo; a proseguir con el diálogo; y a dar prioridad a las investigaciones de las amenazas recibidas por los defensores que participaron en las mesas de garantías para defensores de derechos humanos.

Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno mencionados anteriormente para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al parecer, algunas de estas violaciones hay que atribuirlas a miembros de la guerrilla, a nuevos grupos armados ilegales y a grupos paramilitares que, según los defensores de derechos humanos, no han sido desmantelados. El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.

En particular, me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos. Es necesario que la policía se tome estas amenazas en serio adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia. En este contexto, deseo señalar que las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia debilitan el sistema de justicia en su conjunto, fomentan la impunidad y, por ende, repercuten negativamente en el trabajo de los defensores.

Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos. La declaración pública del Presidente Uribe reconociendo el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, y las realizadas recientemente por el Vicepresidente y el Ministro del Interior y Justicia son pronunciamientos importantes para la comunidad de derechos humanos. Es asimismo importante que la Procuraduría General de la Nación siga investigando las declaraciones hechas por servidores públicos en relación con defensores de derechos humanos, que son extremadamente nocivas para el trabajo de estos últimos.

La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables. El Estado debe facilitar recursos adicionales para resolver efectivamente todos los casos de violaciones de derechos humanos contra defensores. Celebro la reciente creación de las Unidades de Asuntos Humanitarios en la Oficina de la Fiscalía General de la Nación, y espero que pronto se obtengan resultados concretos. Por último, me preocupa también el hecho de que algunos fiscales operen desde instalaciones militares, lo que arroja dudas sobre la independencia del poder judicial en Colombia. Recomiendo que la Fiscalía General de la Nación aborde esta cuestión.

En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos, se me informó de que el Gobierno está reformando el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Algunos elementos importantes de dicha reforma deberían tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Sugiero encarecidamente que los agentes del Estado que defienden los derechos humanos (magistrados, y miembros de las Defensorías regionales y nacionales) sean incluidos en dicho programa. Además, debería simplificarse y agilizarse el proceso de solicitud de medidas de protección. También hay que resolver la cuestión del espionaje a defensores de derechos humanos por parte de los escoltas asignados para su protección. Además, deberían ampliarse las medidas preventivas del programa. Por último, los defensores de derechos humanos han manifestado su inquietud por la privatización de este programa, una cuestión que debería ser debatida y resuelta conjuntamente.

Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos cuatro de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. El Ministerio de Defensa, el DAS y la Procuraduría General deberían crear un mecanismo para depurar todos los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, sus familiares y sus organizaciones, con la asistencia de la OACNUDH y la comunidad internacional. Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne.

En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.

Presentaré mi informe completo con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2010.

RESISTIENDO AL OLVIDO

Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado   – Capítulo Antioquia

Reunida en Medellín durante los días 15 y 16 de mayo asumió como uno de los temas centrales de estudio y discusión lo relacionado con el trámite del proyecto de ley de víctimas conocido también como estatuto de víctimas que hace su último trámite en la Cámara de Representantes.  Dentro de los puntos analizados en relación con dicho trámite se pudo constatar que:

1.    El proyecto tal y como fue presentado para su trámite ante el Senado reconoce aspectos importantes en lo relativo a la consagración de los derechos de las víctimas, posibilitando el allanamiento de caminos en las dolorosas situaciones por las que han tenido que pasar las víctimas en el proceso de reivindicación adelantado para lograr su reconocimiento como tales.

2.    Se valora como positivo la categoría de victimario reconocida posteriormente en el proyecto aprobado por el Senado a los agentes del Estado que por acción u omisión han incurrido en transgresiones de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Medida que podría permitir que miles de personas que han sido víctimas de crímenes de Estado puedan recibir la protección debida y un reconocimiento pleno de sus derechos.

3.    Posteriormente en el proyecto aprobado en primer debate en la comisión primera de la Cámara se reconoce la condición de victimario a los miembros de la fuerza pública cuando existe un fallo judicial en firme, declarativo de la responsabilidad en una grave violación a los derechos humanos, quedando excluidos los actos violatorios de las normas del derecho internacional humanitario y los demás agentes del Estado a los que se les pueda imputar algún tipo de responsabilidad por acción u omisión en este tipo de conductas.

4.    Se establece una graduación de las víctimas en tanto solo aquellas afectadas por actos provenientes de grupos ilegalmente armados podrán recibir un amparo y protección inmediata sin importar la modalidad de violación padecida, mientras que aquellas que son víctimas de la conducta de agentes estatales solo podrán recibir protección cuando los hechos sean atentatorios de los derechos humanos y se demuestre la responsabilidad de miembros de la fuerza pública mediante sentencia debidamente ejecutoriada, en cuyo caso el reconocimiento de la condición de víctima estaría sujeto al considerable número de años que deben transcurrir para obtener un una declaración judicial definitiva .

5.    El proyecto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes desconoce el cumplimiento del deber de garante que de acuerdo con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario recae en el Estado colombiano en tanto asume el reconocimiento de los derechos a las víctimas y en especial a la reparación como una derivación del principio de solidaridad social.  Con ello se garantiza de manera preferentes que los recursos que demande la implementación de un estatuto de víctimas se han asumidos por la sociedad y no directamente por los victimarios.

6.    En materia de reparación se establece una tabla indemnizatoria que puede ser asimilada a los montos contenidos en el Decreto 1290 de 2008, la que se impondrá no solo para la reparación por vía administrativa sino también para la que se de por el mecanismo jurisdiccional; con lo que se afectaría seriamente intereses legítimos de buscar por parte de las víctimas una reparación integral condigna a la situación padecida.   Además se establecería una limitación en el derecho a la reparación a todas luces violatoria del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la C. P. y un desconocimiento a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en esta materia ha adelantado desarrollos importantes.

7.    El proyecto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes desconoce la reparación integral para los millones de víctimas de desplazamiento forzado que han sido despojadas de sus parcelas en tanto solo contempla la posibilidad de restitución de tierras sin el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por parte de personas que violentamente que pasaron a usufructuarlas.

8.    El gobierno nacional ha justificado todas estas modificaciones y graves limitaciones a los derechos a las víctimas amparados en dos deleznables argumentos. Uno de índole fiscal ante el costo fiscal que puede acarrear el asumir una indemnización integral en los términos en los que se establece en la legislación y jurisprudencia internacional.  El segundo adoptando el criterio que mezclar las víctimas del accionar de grupos guerrilleros y paramilitares con aquellas afectadas por el accionar de miembros de la fuerza pública afectaría seriamente la política de seguridad democrática por cuanto desmoralizaría las tropas.  Por lo tanto las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales no tendrían un reconocimiento de su condición en estas normas.

Por lo anterior los asistentes a la Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia- declaramos:

1.    Que el proyecto de ley de víctimas que actualmente cursa en el Congreso y que fuera aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes constituye un nuevo atentado para con las víctimas del conflicto armado que ha afectado nuestro país durante los últimos cincuenta años

2.    Que nuevamente tal y como sucedió con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz el gobierno nacional ha logrado anteponer los intereses de los victimarios otorgando mayores niveles protección y reconocimiento en detrimento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que se merecen los millones de víctimas que ha dejado la violencia social y política en nuestro país.

3.    Que nos unimos a los diferentes sectores sociales y políticos que han solicitado el archivo definitivo del proyecto de ley víctimas que actualmente cursa en la Cámara de Representantes y fuera aprobado en primer debate el 15 de diciembre de 2008.

Medellín, mayo 16 de 2009

Octava Asamblea Regional de Victimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia

 “El olvido entierra rostros y voces,
pero la palabra logra traer de vuelta
a los ausentes y a los silenciados”.
Yesid Campos

Porque nos seguimos resistiendo al olvido, nuevamente nos reunimos, durante los días 15 y 16 de mayo de 2009, para llevar a cabo la Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, contando con la participación de más de 250 víctimas de diferentes lugares del departamento como los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada, San Luís y Nariño, pertenecientes al Oriente antioqueño, Angelópolis y Salgar del Suroeste, Maceo y  Puerto Berrío del Magdalena Medio, y de la Comuna 13, 7, 8, 1, 3 y 6 de la ciudad de Medellín.

Quines nos hemos reunido alrededor de esta Asamblea , hombres, mujeres, jóvenes y niños, convergemos en que Colombia, a pesar de la ficción creada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática, componente central del Estado Comunitario, vive en un desangramiento constante no sólo por las violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos, sino además  por la falta de garantías y libertades, la criminalización que pesa sobre quienes osan levantar la voz ante este Estado de impunidad, el olvido de nuestros amores, de nuestros dolores, de nuestras luchas, al que nos obliga el terror difundido por doquier. Lo que nos permite reconocer que:

1.    El conflicto social y armado continúa desarrollándose en zonas estratégicas donde el Estado ha facilitado, a través de su estrategia paramilitar, el despojo de miles de hectáreas de tierras que abre la puerta a la inversión extranjera, garantizando el acceso de las empresas transnacionales a nuestros recursos naturales, de modo que el sistema capitalista perviva en el tiempo y en el espacio a nombre del desarrollo y el progreso.

2.    El Estado sigue manteniendo una estrategia de impunidad que se materializa en la legislación que actualmente viene imponiendo, como la ley 975 de 2005, conocida como de “Justicia y Paz”, y otras que continúan estando en el centro del debate como el Estatuto de Desarrollo Rural y el Estatuto de Víctimas, quedando el Estado convertido en un solidario actor del panorama colombiano, que no tiene obligación alguna con la garantía de los derechos del pueblo. Un término tan grandilocuente como “solidaridad”, que entre nosotros –las víctimas- ha significado unidad, construcción de lazos, queda disminuido amañadamente por el Estado.  

3.    A través de la implementación de la estrategia cívico militar para el control social del territorio, que incluye la conformación del Centro de Coordinación de Acción Integral se pretende consolidar un Estado autoritario que no sólo controle las zonas estratégicas del territorio nacional “recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía”, sino también las acciones y opciones que siguen teniendo las comunidades que aún creemos en la libertad.

4.    A pesar del discurso manejado por el Estado alrededor de la defensa de los Derechos Humanos, las prácticas desarrolladas por este y confirmadas a través de los testimonios de las víctimas, como una forma de continuar haciendo memoria; evidencia que en Colombia el Estado sigue manteniendo una política de violación a los Derechos Humanos con acciones reiteradas, sistemáticas y generalizadas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, genocidio, asesinatos selectivos a líderes, detenciones arbitrarias e ilegales.

5.    El Estado no está implementando mecanismos políticos y jurídicos que permitan esclarecer la verdad, la justicia y la reparación integral, de acuerdo a los preceptos internacionales que esto amerita.

6.    El reordenamiento del territorio ha implicado, entre otras, que las zonas donde se ha presentado desplazamiento forzado sean destinadas al desarrollo de megaproyectos, generando un cambio en el uso y la tenencia de la tierra, de modo que grandes hectáreas sean destinadas a cultivos para agrocombustibles y el sector rural sea obligado a convertirse en mano de obra barata que produce cultivos comerciales para compañías transnacionales y a comprar los alimentos a estas mismas y/o a otras. Es decir, producir para vender, y vender para comprar los alimentos básicos.

7.    La equidad social ha sido un obstáculo para el Estado, superado fácilmente con limosnas y paliativos que se dan a través de subsidios distribuidos especialmente por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional mediante programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción… todo en acción, sobre todo la acción de redistribuir la pobreza en medio de la riqueza.

Sin embargo seguimos insistiendo que aunque sean muchos los gritos y pocas las respuestas, estos no se pueden silenciar porque la voz de los sin voz habrá de escucharse. Por eso proclamamos nuestra reivindicación por la verdad, la justicia y la reparación integral, en una lucha constante, incansable contra la impunidad, y por ello convocamos a que a través de la movilización continuemos:

1.    Haciendo memoria como un compromiso con los ausentes, siempre presentes,  quienes construyeron caminos de esperanza, y con quienes tenemos un compromiso ético, político y moral no solo de recordarlos, sino también  de devolverles el lugar que les pertenece en la historia.

2.    Construyendo alternativas de búsqueda de las personas detenidas desaparecidas forzadamente, poniendo al servicio de su construcción colectiva todo el acumulado personal y organizativo adquirido en los procesos de búsqueda adelantados

3.    Fortaleciendo e implementando las ocho estrategias definidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: jurídica, contra la desaparición forzada, comisión ética, formación y organización, catastro alternativo, verdad y memoria histórica, no repetición, y contra el genocidio político.

4.    Asumiendo un compromiso individual y colectivo con la exigibilidad política de los Derechos Humanos.

5.    Participando en escenarios de carácter regional, nacional e internacional, mediante acciones directas y la difusión de las denuncias que vienen siendo recopiladas a través de las visitas de relatores, veedores, comisiones éticas, entre otros.

6.    Movilizándonos en contra de la injusticia social y a favor de la dignidad.

7.    Generando mecanismos de contra información a través de los cuales seamos las víctimas las que continuemos construyendo nuestra propia historia, nuestra verdad, porque detrás de los medios masivos hay otra realidad que busca ser contada.

8.    Llamando la atención sobre el respeto a la dignidad y legitimidad de nuestras organizaciones, rechazando la estrategia del Estado Colombiano mediante la cual crea y auspicia organizaciones que deslegitiman nuestros procesos, alineando a las comunidades en un pensamiento único y autoritario para fortalecer la Seguridad Democrática.

9.    Ampliando la galería de la memoria, haciendo del arte y la cultura una vía a través de la cual se delinee la historia.

10.    Defendiendo el Derecho a la Tierra, permaneciendo en el territorio como un acto de resistencia al destierro y avanzando en propuestas de retorno bajo los principios de dignidad y garantías para las víctimas de crímenes de Estado.  

11.    Apostando a la constitución de una mesa regional de tierras que aborde ampliamente la problemática de tierras.

12.    “Resistiéndonos a creer que la noche sea día como nos dicen a cada rato, que la mentira sea verdad, que la impunidad sea justicia, que la burla a la dignidad humana sea reparación”.

Luchando hasta el último suspiro, nos resistimos al olvido.

MOVIMIENTO REGIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Mayo 15 y 16 de 2009

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Comunicaciones
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