Revista Nunca Más
Revista realizada por el capítulo Risaralda
Hurto de memorias usb en casa de defensor de derechos humanos
A las 6:30 p.m., en la residencia del defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz DANILO RUEDA se constató el ingreso de personas que inspeccionaron el lugar, esculcaron documentos y extrajeron información. Se encontraron algunos libros tirados sobre el tapete de la sala, una de sus carpetas de archivo físicos con documentos estaba abierta, los pasaportes sacados de sus bolsas de protección y un portátil de trabajo estaba encendido.
Al terminar de realizar la observación del apartamento, se constató la puerta que da a un pequeño balcón totalmente abierta, así como, el hurto de dos USB, una de dos gigas y otra de seis.
Este ingreso a escudriñar la información en la residencia del defensor de derechos humanos, de nuestra Comisión de Justicia y Paz, ha estado antecedido de seguimientos y hostigamientos, en dos ocasiones, en menos de nueve meses. En una de esta ocasiones con una amenaza directa por parte de hombres motorizados.
Los USB tenían contenían denuncias nacionales e internacionales de la operación “Génesis”, información de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2010; del acompañamiento que realiza nuestra Comisión de Justicia y Paz en 13 regiones de Colombia, análisis de las operaciones ilegales del DAS contra comunidades y organizaciones sociales, documentos de procesos de paz e iniciativas humanitarias, situación carcelaria y de presos políticos, cartas de los mandos paramilitares extraditados en los Estados Unidos.
Desde 1998, luego del allanamiento contra la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz, al mando del entonces comandante de la brigada 13, general Rito Alejo del Río, integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, en particular DANILO RUEDA, han sido blanco de operaciones de persecución, como amenazas de muerte con sufragios y escritos, seguimientos ilegales en intervenciones públicas en escenarios nacionales e internacionales, intentos de desaparición, dos atentados fallidos, un secuestro, operaciones de difamación orquestada por el DAS, acusaciones infundadas del ex vicepresidente Francisco Santos, cuatro montajes judiciales y una prolongada campaña de desprestigio.
Desde 1998 todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de autoridades judiciales, de control, del poder ejecutivo, se han brindado retratos hablados y abonados telefónicos y absolutamente, ninguna actuación eficaz se ha realizado por el ente investigativo para dar con los responsables de esta sistemática persecución a nuestra legitima labor de defensores de derechos humanos.
En la actualidad nuestra Comisión de Justicia y Paz, acompaña y apodera judicialmente en Colombia e internacionalmente, a algunas familias y comunidades de casos como: las de Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó, Alto Guayabal,La Balsita de Dabeiba, Argelia Cauca, Bajo Naya, Bajo Calima, Alto Ariari Meta, Curvaradó, Movimiento de la Perla Amazónica y Pueblo Nasa de Putumayo, asocioanes de victimas de Trujillo; victimas de Puerto Boyaca, la Alemania, Sucre, asociaciones campesinas del Sur de Santander, Asotequendama Cauca municipo de Sucre, Ullucos, Inza, Cauca; norte de Choco, Aciket, desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia.
Bogotá, D.C. mayo 13 de 2011
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Tejiendo lazos de memoria
La memoria es seguir con nuestra, con nuestro territorio, madre tierra. Buscando la verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición.
Memoria es fortaleza, conocimiento, pensamiento. Tierra, agua, sol, luna y aire que es lo que nosotras tenemos en nuestra cultura y que nos sirve para nuestros rituales y tradiciones y la yonna para sanar o curara a nuestros familiares de enfermedades o espíritus.
Memoria, la tenemos siempre en nuestra cultura ya sea en nuestra ranchería reflejada en un chinchorro, un árbol o en un bohío, ahí está siempre, esta con nosotros y sigue en nuestros corazones.
Memoria es continuar luchando donde estemos y os encontremos acompañados o solos seguimos con ella.
Memoria es dar a conocer la impunidad que hoy es nuestro país, aportando visibilizando.
Memoria es recoger informaciones de nuestras víctimas que están silenciadas por grupos armados al margen de la ley.
Memoria, en nosotros es seguir tejiendo mochilas, chinchorros, guaydeñas y gasas o ojopescao y el sirrá, mantas, para seguir construyendo memoria en nuestra comunidad.
Memoria es estar acompañando a nuestros espíritus de nuestros seres queridos en el cementerio todo un día comiendo, tomando chirrinchi y contando chiste para que ellos sean felices en su camino que ella va hacia adelante.
Memoria es recordar lo que esa persona era alegre, compartidora, arrolladora, aportadora, contaba chistes, bailaba, jugaba, viajaba, acompañaba, buena compañera, buena estudiante, respetuosa, eso es memoria.
Memoria es recordar momentos cuando bailaba chicha y allá se acostaba en su chinchorro a dormir después del baile.
Memoria es estar en un patio grande lleno de árboles, totumos, mangos, turpio, aunque un día llena de alegrías en su chinchorro quedo dormida para siempre. Pero esto es memoria.
Memoria es recordar lo hermosa que era esa persona y que sigue viva en nuestros corazones.
Memoria es recordar unas huellas tan lindas que dejó plasmadas en nuestra madre tierra.
Memoria, lucho para ser una persona de muchos valores y hechos por su comunidad wayuu.
Memoria es cuando nosotras las mujeres estamos diariamente tejiendo mochilas y bordando mantas dando nomas, tejiendo los pensamientos, los valores de nuestros seres queridos.
Memoria cuando tejemos, sentimos correr por nuestra sangre, la fuerza de nuestros espíritus y creemos que el yorusja nos persigan. Aunque no somos impíos.
Memoria es recordar que ella comía vajans, chica, friche, bollo, arepa y pescao, comida de nuestra comunidad y cada año llevo al cementerio estas comidas para que ella continúe feliz.
Graves señalamientos del ejército contra el dirigente de Ascamcat, José del Cármen Abril
El pasado miércoles 20 de abril, siendo la 1 de madrugada llegaron tropas de la Brigada Móvil No 23, al mando del Teniente LUIS EDUARDO CRUZ, a la finca del señor Orlando Pérez Tabón, ubicada en la vereda Las Palmas, corregimiento de la Trinidad, municipio de Convención, Norte de Santander, quienes a esa hora armaron carpas en la cocina de la vivienda y en sus dos corredores, generando temor e incertidumbre en los habitantes de la casa los cuales se encontraban tres menores de edad.
Sobre las 6 de la mañana el joven Libane Uribe, quien se encuentra trabajando en esa finca se levantó y se dirigió al Teniente Luís Eduardo Cruz de la BM No23, solicitándole de la manera más respetuosa que ¨hicieran el favor de levantar las carpas y retirarse de la casa, porque estaban violando el Derecho Internacional Humanitario´´, la respuesta del teniente según denuncian los campesinos fue que´´pidió documentos de identidad de los habitantes de la casa y argumento que los campesinos le tenían rabia a los militares´´. A lo que los campesinos le respondieron «que fuera consciente que en la casa había tres menores de edad y que si se llegara a presentar un enfrentamiento los que iban a quedar en medio del fuego cruzado era la población civil y después quién iba a responder».
En medio de la conversación entre el Teniente y Libane Uribe se acercó un soldado sin el uniforme reglamentario, tenía en lugarz del casco un pasamontañas recogido sobre su cabeza quien dijo ´´a ustedes los tienen bien preparados y afilados CARMITO ABRIL, que además es del Movimiento Clandestino de las FARC´´ a lo que el teniente no dijo nada.
ASCAMCAT da a conocer que el compañero Libane Uribe hace parte al Comité de refugio Humanitario y Equipo de Apoyo de la parte Alta de la Asociación Campesina.
ASCAMCAT rechaza contundentemente los señalamientos de los que es objeto nuestro compañero JOSÉ DEL CARMEN ABRIL ABRIL, señalamientos que ponen en riesgo su vida e integridad física y moral, comentarios hechos por parte de los miembros de la fuerza pública. Cabe resaltar que el 6 de febrero de 2010 José del Carmen Abril, fue objeto de una persecución y montaje judicial.
ASCAMCAT rechaza los constantes abusos de autoridad y persecución hacia sus líderes como lo hemos venido denunciando, responsabilizamos a las fuerzas militares que de una u otra manera con sus comentarios o actitudes han intentado intimidar a la comunidad, de los que pueda ocurrir con nuestros líderes. Solicitamos a la defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personería de Convención hacer los seguimientos oportunos frente a esta situación.
A la comunidad nacional e internacional solicitamos hacerle seguimiento y pedimos se rechacen esta clase de hechos que intentan poner en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos.
Acción Urgente: desalojan campesinos desplazados en El Tamarindo
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denuncia a la comunidad local, nacional e internacional, organizaciones no gubernamentales, sindicales, sociales, populares y de derechos humanos, los hechos de violación a la comunidad de la finca El Tamarindos en Barranquilla.
HECHOS
En el día de hoy, desde tempranas horas de la mañana, hace presencia en la finca El Tamarindo, ubicada en el corregimiento de Juan Mina en la vía que de Barranquilla conduce al municipio de Galapa en el departamento del Atlántico, la inspectora 5ª de policía de Barranquilla BERLYS ROA, en compañía de efectivos de la Policía, tanto del municipio de Galapa, como de la metropolitana de Barranquilla, así como agentes del ESMAD, carabineros y miembros del Ejército Nacional, para hacer efectiva una diligencia sobre una parte del predio de una extensión de 12 hectáreas cuya propiedad alegan las empresas INVERMAS y ABDALA SAIEH Y CIA S.C.A., actualmente intervenidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Sobre el predio que alegan la ocupación de hecho dichas empresas, y en razón a ello se adelanta la diligencia de lanzamiento en el día de hoy, pesa un proceso por extinción de dominio, siendo con esta diligencia afectado el interés general en cabeza del Estado Colombiano, para favorecer a particulares vinculados con el narcotráfico.
El asentamiento El Tamarindo está compuesto por un grupo de aproximadamente 110 familias provenientes de varios sitios de la Costa Caribe. Inicialmente, este grupo de desplazados recibió las ayudas temporales de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Una vez las ayudas se acabaron estas personas se encontraban en la pobreza absoluta y desde el año 2001 ocuparon pacíficamente la finca El Tamarindo, la cual encontraron baldía y abandonada[1]. En ella se dedicaron a fabricar carbón de leña y a sembrar cultivos de yuca, maíz, arroz, patilla, melón, plátano, sorgo, criar peces, gallinas, pavos y otros.
En todo este proceso 6 de los campesinos han sido amenazados de muerte.
Por lo anterior EXIGIMOS que cese inmediatamente la diligencia que se lleva a cabo en estos momentos en la Finca el Tamarindo sobre la extensión de 12 hectáreas en las cuales se encuentran asentados en 7 ranchos 15 familias, las cuales hasta el momento han sido derribados por “Catapilas”, y civiles que con machetes están destruyendo los cultivos de los campesinos.
Favor dirigir comunicaciones a:
* Sr. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57 1 566 20 71
* Sr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República, Tels.: +57 1 334 45 07, +573772 01 30. E-mail:buzon1@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co
* Sr. Germán Vargas Lleras, Ministerio del Interior y de Justicia, Carrera 8 No. 13-31 piso 4to. Tels.: 57.1.4443100 Ext. 2410 Fax: +57 1 2827440 E-mail: atencionalciudadano@mij.gov.coDr. Volmar Antonio Pérez Ortiz,
* Sr. Rodrigo Rivera, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail:mdn@cable.net.co
* Sr. Wolmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 571 640 0491 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co.
* Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57 1 342 97 23; + 571 284 79 49 Fax: +571 342 9723; E-mail: cap@procuraduria.gov.co quejas@procuraduria.gov.co
* Dra. , Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +571 570 2000; +571 414 90 00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co
* Dr. Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Atlantico. Fax: (5) 3307000
* Dr. Luis Tapia, Secretario de gobierno de Barranquilla. Fax: (5) 3399860.
* Oscar Daniel Vera, Director de Derechos Humanos de la Policia Metropolitana de Barranquilla, fax: (5) 3510054.
* Dra. FELISA MARÍA SALCEDO REVOLLO, Defensora del pueblo regional. Teléfono: (5) 3606357 – Fax: (5) 3600005
[1] La posesión de estos pobladores consta en los registros llevados a cabo por la Inspección Quinta Urbana de la Policía, Inspecciones de Reacciones Inmediatas, Comisaría General de la Policía, Comandante de Policía Departamental. Así mismo, en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Barranquilla y en la Procuraduría Regional de Barranquilla constan registros de este asentamiento.
En Nariño las víctimas de crímenes de Estado construyen propuestas desde la memoria
Con el lema Mantengamos Vivos los Colores de Nuestra Memoria se llevó a cabo durante los días 15 y 16 de abril de 2011 la segunda asamblea departamental del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Nariño (MOVICENAR) en en la ciudad de Pasto (Nariño). La finalidad del evento era debatir y construir procesos de fortalecimiento encaminados a «luchar contra la impunidad como política de Estado y de encarar los desafíos que el contexto nacional plantea en torno a los derechos de verdad, justicia y reparación integral».
De igual forma, la asamblea en la que participaron víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de víctimas y sociales de diferentes municipios del departamento de Nariño eligieron el nuevo comité de impulso que llevará acabo las tareas designas por la asamblea tanto a nivel local como nacional. Esas tareas son realizar acciones jurídicas contra los máximos responsables de los crímenes de Estado, continuar con la movilización en rechazo a las normas y leyes que violan los derechos humanos de las víctimas y plantear una propuesta de modificación al actual proyecto de Ley de víctimas y restitución de tierras al considerar que ha sido inconsulto con las víctimas.
La agenda del primer día que se desarrolló en el auditorio del Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA) contempló una reseña histórica del MOVICENAR, las estrategias y la declaración política y el análisis del proyecto de Ley de víctimas. En la tarde se conformaron mesas de trabajo entorno a los temas: catastro alternativo, mecanismos jurídicos, verdad y memoria histórica y genocidio político y desaparición forzada.
La jornada finalizó durante la noche con la realización de un acto simbólico en la plaza de Nariño para el cual los y las participantes de la asamblea salieron marchando desde las instalaciones de SIMANA hasta la plaza para reunirse en torno a un mandala (figura circular que representa el equilibrio de fuerzas) al ritmo de tambores y marimba. Durante este espacio cultural se expresaron voces en pro de un reconocimiento y visibilización de las víctimas de crímenes de Estado, «frente a unas políticas estatales y procesos de reparación que en muchos casos termina revictimizando a las víctimas en lugar de ofrecer garantías de reparación integral y no repetición», según el sentir de los y las asambleístas.
Para el segundo día se realizó una exposición en torno al tema de acompañamiento psicosocial —elemento importante en un proceso de reparación integral— pero que, como lo expresaron los participantes de la asamblea, «el Estado no dispone de mecanismos eficientes de acompañamiento psicosocial; únicamente se limitan a remitir al psiquiatra para que recete algún tipo de medicamento y se acabó el problema […] algunos amigos me dijeron que no tome esos medicamentos porque no eran buenos para la salud», comentó uno de los participantes.
Más adelante se socializaron los resultados de las mesas de trabajo en las cuales se contempló hacer uso de herramientas alternativas de cuantificación con el fin de obtener información diferente a la suministrada por el Gobierno sobre las tierras despojadas en Colombia y visibilizar a las víctimas en pro de revelar a la sociedad las violaciones que se han cometido en su contra por parte del Estado.
En esta misma jornada también se estableció el nuevo comité de impulso conformado por víctimas y organizaciones para finalizar con la lectura de conclusiones finales en las que se dejó en claro que el cambio de gobierno no significa un cambio de políticas estatales por lo cual el MOVICE Nariño y a nivel nacional continuará en su lucha por visibilizar las situaciones que han tenido que afrontar las comunidades, organizaciones sociales, familias y personas que han sido víctimas del Estado dentro de un contexto social, político y armado que necesita de una salida política tal como se expresó en las conclusiones finales.
Reseña histórica MOVICE en Nariño
El 9 de diciembre de 2006 se realiza el primer encuentro Departamental de Víctimas de Crímenes de Estado convocado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH-Nariño), la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, SIMANA y el MOVICE Nacional. Fruto de esta reunión se decidió conformar el Movimiento en el departamento. El 26 de mayo de 2007 se llevó a cabo el segundo encuentro departamental y constituyente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Nariño (MOVICENAR) y se elige su coordinación. El 1 de marzo de 2008 se realizó el tercer encuentro departamental que definió unos objetivos, estrategias y plan de trabajo a desarrollar.
El 12 de julio de 2008 el CPDH-Nariño, la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ) y la Corporación Humanidad Vigente convocaron a la Primera Asamblea Departamental del MOVICENAR cuyo objetivo fue fortalecer el movimiento a partir de las tareas aprobadas en el tercer encuentro departamental. Fruto de esta Asamblea se eligió a la Secretaría Técnica del Movimiento.
Judicializados tres líderes de nuestra comunidad de Las Pavas
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES (ASOCAB), denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que nuevamente se cometen hechos en contra de la vida, libertad e integridad física de la comunidad y los lideres que exigimos la devolución inmediata de nuestras tierras, las cuales fueron arrebatadas por parte del Grupo DAABON en complicidad con instituciones del Estado Colombiano, desde el día 14 de julio del año 2009.
Hechos:
1. El abogado del consorcio el Labrador, (CI Tequendama y Aportes San Isidro) ha interpuesto denuncia penal en contra de nuestros líderes ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, ETNI TORRES MORENO y MISAEL PAYARES por el delito de invasión de tierras y en contra de MISAEL PAYARES, también cursa otra denuncia penal por calumnia interpuesta por Mario Mármol Montero, reconocido por la comunidad como uno de los paramilitares del BCB que participó del desplazamiento forzado del que fuimos víctimas en el año 2003. Dichas denuncias penales son de conocimiento de la Fiscalía 39 local de San Martín de Loba desde el mes de enero de 2011, cuyos radicados son 136676001121201100014 y 136676001121201100066, Fiscal Wilson Antonio Valeta Monterrosa.
2. Nuestros líderes fueron citados por la mencionada Fiscalía el 30 de marzo de 2011 para una diligencia de conciliación. Según el abogado del consorcio palmero, señor Danilo Palacios, el supuesto delito de Invasión de Tierras en grado de tentativa lo fundamenta en la entrevista que concedimos como ASOCAB en la emisora La W, con el Dr. Julio Sánchez Cristo y Camila Zuluaga en donde hicimos explícito nuestro derecho al retorno. El segundo supuesto delito por calumnia lo fundamenta en una denuncia pública que hicimos sobre la pertenencia del señor Mario Marmol a los grupos paramilitares que nos desplazaron en el 2003. Denuncia que interpusimos ante la Fiscalía Especializada, Unidad de Desplazamiento Forzado de Cartagena.
3. Nuestros líderes acudieron dignamente y con la frente en alto a la mencionada citación, acompañados de más de 50 personas de nuestra comunidad, pues estamos convencidos que el retorno es un Derecho que tenemos y no nos lo pueden seguir desconociendo.
Mientras nos amenazan, señalan y ponen en riesgo nuestras vidas, el Gobierno Nacional se niega a devolvernos nuestras tierras.
4. El Ministerio de Agricultura desde el año pasado nos incluyó en el Plan de choque de restitución de tierras. Los funcionarios Andrés Bernal y Jennifer Mojica, nos visitaron el pasado viernes 25 de marzo por delegación del ministro Juan Camilo Restrepo. Nos informaron que el plan de choque definido para nuestra comunidad consiste en:
a) Un proceso de recuperación de baldíos de la Nación que no incluye la tierra de Las Pavas de donde fuimos expulsados.
b) Un contrato de comodato entre la Empresas del Grupo DAABON y José Ernesto Macías, gerente de Aportes San Isidro y nuestra comunidad para que ellos nos “presten” algunas de las tierras que son nuestras por derecho. Estas empresas se han beneficiado del accionar paramilitar en el Sur de Bolívar, específicamente el de Jesús Emilio Escobar y Mario Mármol. Más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales.
5. ASOCAB, denuncia y rechaza estas pretensiones del Gobierno Nacional de apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el Sur de Bolívar. Esa no es la política de restitución de tierras que como campesinos requerimos y mucho menos la que como dueños de estas tierras de las Pavas reivindicamos.
6. Somos víctimas de desplazamiento forzado por el paramilitarismo, en el que el Estado jugó un papel importante en esta región del Sur de Bolívar. Por lo tanto esperamos que ese mismo Estado restituya nuestros derechos, adoptando medidas eficaces para devolvernos las tierras y el territorio que nos han despojado. Exigimos del Estado un trato digno y que no nos traten como criminales. Somos víctimas y no victimarios. Exigimos que las judicializaciones en contra de nuestros líderes sean precluidas inmediatamente y ordenada la investigación por las irregularidades cometidas contra nosotros por parte de las diferentes autoridades judiciales y administrativas. Así mismo exigimos garantías en el ejercicio de nuestro derecho al retorno.
7. Los campesinos de ASOCAB demandamos del Estado colombiano, representado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, que enfoque su plan de choque en EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE VIDA DIGNA, a través de la garantía del derecho fundamental de retorno en condiciones de seguridad y la restitución de las tierras despojadas, derechos fundamentales de la población desplazada.
Antecedentes:
1. Los campesinos de ASOCAB fuimos desplazados de la Hacienda Las Pavas en el 2003 por el Bloque Central Bolívar de los paramilitares.
2. Después de la desmovilización de ese grupo armado ilegal retornamos autónoma y voluntariamente para continuar la posesión de la tierra que realizábamos desde 1998.
3. En el año 2006, hombres armados (que no se desmovilizaron), comandados por Jesús Emilio Escobar, presunto narcotraficante que había abandonado las tierras desde 1993, nos despojó nuevamente de la posesión sobre la Hacienda Las Pavas.
4. Luego de este segundo desplazamiento forzado de que fuimos víctimas, el señor Jesús Emilio Escobar le vendió los 14 predios que conforman la Hacienda Las Pavas, 11 de ellos baldíos nacionales a José Ernesto Macías (Aportes San Isidro) y Alfonso Dávila Abondano (C.I Tequendama – Grupo DAABON), para que ellos sembraran palma aceitera.
5. Sin ninguna acción por parte del Estado para garantizarnos el derecho fundamental de retorno y de restitución de la tierra, consagrado en la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, y reconocido como derecho fundamental de la población desplazada mediante sentencia T-025 de 2004, en el 2009 retornamos nuevamente de forma voluntaria y autónoma a la Hacienda Las Pavas, nuestras tierras que, como consecuencia del delito de desplazamiento forzado de que fuimos víctimas, fueron cultivadas con palma.
6. Tras actuaciones irregulares, que claramente son verdaderos prevaricatos, el Juez Primero Promiscuo de Mompox y el Inspector de Policía de El Peñón, desconocieron descaradamente la ley y la jurisprudencia para favorecer a las empresas CI Tequendama y Aportes San Isidro, ordenando y ejecutando un nuestro desalojo de la Hacienda Las Pavas, mientras el ministerio público se hacía de la vista gorda, es así como El Estado colombiano no garantizó el derecho fundamental de retorno y nos expulsó ilegalmente de las tierras en el 2009.
7. La Corte Constitucional desde septiembre de 2009 está considerando defender nuestro derecho fundamental de retorno y restitución, pero aún no ha producido un fallo que nos restablezca nuestros derechos.
HACEMOS UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PARA QUE NOS ACOMPAÑEN INCONDICIONALMENTE EN ESTE PROCESO POR EL DERECHO AL RETORNO Y LA RESTITUCIÓN DE NUESTRA TIERRAS.
Marzo 31 de 2010
Corregimiento de Buenos Aires, Municipio El Peñón, Bolívar
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES, ASOCAB
EL GOBIERNO DE SANTOS Y LA FALTA DE GARANTÍAS PARA LAS VÍCTIMAS
A continuación recogemos violaciones a los derechos humanos a integrantes del MOVICE, personas que han participado en algunas de sus actividades o en defensa de algunos casos jurídicos de crímenes de Estado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (periodo agosto 2010 – marzo 2011).
Amenazas, seguimientos y hostigamientos a integrantes del MOVICE-Capítulo Valle
El 10 de diciembre de 2010 Martha Giraldo del Equipo Coordinador del Capítulo del MOVICE Valle del Cauca como otras dos defensoras de derechos humanos recibieron amenazas de muerte a través de un mensaje de texto a sus celulares.
El 10 de diciembre de 2010 Martha Giraldo del Equipo Coordinador del Capítulo del MOVICE Valle del Cauca como otras dos defensoras de derechos humanos recibieron amenazas de muerte a través de un mensaje de texto a sus celulares.
El día 30 de Diciembre de 2010, llegó a los números de celular de Martha Giraldo y Aida Quilcue ex concejera mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y anterior vocera del proceso Minga de Resistencia Social y Comunitaria un mensaje con amenazas de muerte. Este mensaje fue enviado del mismo número celular que han enviado los mensajes anteriores.
El 6 de enero de 2011 Maria Yinet Lozano, secretaria de la Asociación para la Investigación Acción Social NOMADESC, contestó una llamada que ingresó al número de teléfono directo 893 53 08 de la oficina en Santiago de Cali, en la que una voz masculina decía: “Sapos Hijueputas, los tenemos ubicados, vamos por ustedes.” Con esta llamada telefónica son 12 amenazas que Nomadesc y otras organizaciones defensoras de derechos humanos del Valle del Cauca y Cauca han recibido en el último año sin que exista por parte de los organismos de investigación resultados concretos de la procedencia de estas llamadas, mensajes telefónicos, seguimientos y hostigamientos. Esta misma tarde la Defensora de Derechos Humanos Martha Giraldo del MOVICE denunció un seguimiento de un hombre en una moto de alto cilindraje y una Camioneta Blanca de vidrios polarizados que se estaciono alrededor de 3 horas frente de su residencia.
El día 25 de enero de 2011, siendo las 8:30 a.m. integrantes del MOVICE Capitulo Valle se encontraban en la carrera 3 con Calle 9 del centro de la ciudad de Cali, donde se encuentra ubicado el Juzgado 8 del Circuito Penal Municipal, en desarrollo de la jornada “contra la impunidad y olvido” al cumplirse cuatro años de la masacre cometida por miembros del Batallón Pichincha, contra cuatro jóvenes de la comuna 18 ubicada en el sur oriente de la ciudad. En medio de la jornada los participantes fueron fotografiados por hombres de civil no identificados y miembros de la policía metropolitana que les miraban de manera intimidante. Un miembro de la SIPOL, Harold Andrés Loaiza, que estaba de civil, fue identificado por funcionarios del CSPP, cuando registraba las actividades que se desarrollaban por parte de los familiares y organizaciones de derechos humanos. Adicionalmente un policía uniformado tomo fotografías de la jornada, en total se constataron cinco individuos fotografiando y filmando durante la actividad. Señalamos que estas acciones son reiteradas contra los familiares de las víctimas y organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la región.
Persecución continua a los integrantes del MOVICE-Capítulo Sucre
El 17 de agosto de 2010 Ingrid Vergara, vocera del MOVICE Capitulo Sucre, fue informada por teléfono que una camioneta merodeaba su lugar de residencia. De acuerdo con testigos una camioneta gris estuvo horas antes parqueada vigilando los movimientos de la casa de la defensora de derechos humanos
El 23 de agosto de 2010 vecinos observaron nuevamente la camioneta gris delante de la casa. Cuando Ingrid llegó la camioneta se retiro del lugar. Ingrid, a la vez, recibió correos electrónicos intimidantes en portugués desde el remitente jdp297@hotmail.com
El 12 de octubre de 2010 Ingrid Vergara Chavéz fue víctima de seguimientos y un posible intento de atentado contra su vida cuando se encontraba en la plaza de Majagual de Sincelejo por parte de dos sujetos que se movilizaban en una moto de color rojo, otros dos sujetos se habían parado cerca a Ingrid y un quinto sujeto que se acercó a ella. Ingrid, quien en este momento estaba acompañada por su escolta del Ministerio del Interior salió del lugar al percatarse de los movimientos extraños alrededor de ella.
El martes 30 de noviembre de 2010 a la 01:00 AM cuatro hombres armados entraron a la casa de la viuda de Carmelo de Jesús Barrios Acosta, uno de ellos iba encapuchados. Profirieron maltratos físicos y verbales por espacio de dos horas a las personas que se encontraban en ese momento en la casa, luego se llevaron varios objetos sin valor. Carmelo de Jesús Barrios Acosta fue asesinado el 15 de noviembre de 2006 y días antes, personas encapuchadas habían realizado un allanamiento ilegal en su casa. Integrantes de la familia de Carmelo de Jesús, participan activamente en las actividades del MOVICE a nivel regional y nacional.
El 1 de diciembre de 2010 dos hombres con cascos de moto llegaron a la casa de la beneficiaria de Medidas Cautelares de la CIDH y vocera del MOVICE Capitulo Sucre Ingrid Vergara en una moto de alto cilindraje y entraron a la casa por la puerta principal, que estaba abierta. En la casa estaba la madre de Ingrid Vergara y su hija Cendy Paola Torres, de 15 años. Los dos hombres forzaron a la madre de Ingrid al primer cuarto y la obligaron a sentarse sobre la cama. Le gritaban “donde está el dinero, donde están los millones?” Después se dirigieron al segundo cuarto de Ingrid donde estaba Cendy y uno de los dos hombres la cogió por la garganta. Cendy sentía que le apuntaban con un objeto duro en la espalda, ella pensaba que se trataba de un arma. Le gritaban: “dónde esta la cámara?…..No me mires, no me mires, que te vamos a matar aquí afuera…”. Se dirigieron a la computadora y extrajeron a la fuerza una memoria RAM del computador, se llevaron la memoria y el monitor. Se trataba de la computadora del MOVICE que utiliza Ingrid Vergara como secretaria técnica del mismo.
El día 10 de diciembre de 2010, siendo las 10:36 pm, Eduardo Castro Caamaño recibió una llamada de la voz de un hombre, que preguntaba insistentemente “Donde estas tu” del numero 3014324891
El día martes 14 de Diciembre de 2010 a las 6:14 Pm, el señor Hernando Acevedo Rosario, representante de los egresados ante consejo superior, cuando se encontraba en la cafetería principal de la Universidad de Sucre, arremete contra Eduardo Castro señalándolo y diciéndole : “que hacía en la universidad que si era espía de la guerrilla, que él era espía del estado y por eso le pagaban”. Caso seguido el señor Juan Carlos Rios, representante de los estudiantes ante consejo académico señala “el es de la guerrilla de periñan.”
El día 21 de diciembre de 2010, siendo las 3:03 Pm, Eduardo Castro, integrante del MOVICE Capitulo Sucre y Secretario General de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU-Regional Sucre, recibió del numero 3014324891 el siguiente mensaje de texto que dice “Gonorrea izquierdista voy a ir a Sincé a meterte un plomo en la cabeza”.
El día martes 8 de Febrero de 2011 en las horas de la mañana, en la avenida Las Peñitas de la ciudad de Sincelejo, Eduardo Castro fue abordado por dos sujetos armados motorizados, que al parecer pretendían intimidar, robar o asesinar al estudiante.
El día 23 de marzo de 2011 aproximadamente a la 6:15h de la tarde, los señores Orlando Enrique Verbel Rocha, Eder Verbel Rocha y un menor de edad hijo de Eder Verbel Rocha regresaban de la jornada de trabajo de su finca llamada Puerto Colombia ubicada en el sector de la vía del corregimiento del Higuerón del municipio de San Onofre. Cuando se transportaban en una motocicleta aproximadamente a 200 metros de su finca se encontraron con dos hombres armados quienes sin mediar palabras dispararon contra los tres miembros de la familia hiriendo de muerte a Eder Verbel Rocha, a quien además le propinaron culatazos y patadas. El hermano de Eder, el señor Orlando Enrique Verbel Rocha y el niño, logran escapar del sitio evadiendo los disparos.
El 30 de marzo de 2011 a las 09:15 de la mañana Cendy Paola Torres Vergara recibió una llamada a su celular del teléfono 310 633 69 35. Al contestar, un hombre le dijo “Espere el llamado. Los sapos si los aceptan allá arriba. Los sapos quedan tirados en la carretera”. A la 1:08 de la tarde le volvieron a llamar del mismo número al teléfono de Cendy, quién no contestó.
Amenazas y seguimientos en Atlántico
El sábado 26 de Marzo de 2011 fue amenazado por vía telefónica el Dr. Juan David Ortega Jímenez, abogado de la Fundación Infancia Feliz, representante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), miembro de la Coordinación Colombia Europa-Estados y de Agenda Caribe, por un grupo autodenominado “Grupo Antiterrorista”. Las amenazas fueron enviadas por mensajes de texto a su celular, vía internet, donde le dicen textualmente en varios envíos lo siguiente:
1. “sabemos que eres un maldito comunista terrorista de las FARC abogado de supuestas víctimas que son familiares de los hp guerrilleros”,
2. “tienes tus días contados al lado de otros malditos terroristas que se hacen pasar por defensores de derechos umanos y en realidad son quienes ayud”,
3. “a la gerrilla los tenemos a todos ubicados no hablamos mas la próxima sera la muerte tuya o de alguno de estos hijueputas que quieren robarle al e”,
4. “atentamente grupo antiterrorista”.
Una vez abandonó el recinto donde se encontraba, fue informado de un taxi que estaba parqueado en la parte frontal del Colegio Madre Católica, con tres sujetos jóvenes en su interior que mantenían la mirada fija en el Centro Educativo observando quiénes entraban y salían. Estas intimidaciones se suman a los hostigamientos de que ha sido víctima desde hace dos semanas en los hechos relatados a continuación:
El 15 de Marzo de 2011 en horas de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta blanca, sin placas, con cascos negros, tomaron fotografías a su residencia en reiteradas ocasiones. El 17 de Marzo de 2011 a las 8:30 p.m. aproximadamente, cuando se desplazaba hacia un centro comercial aledaño a su residencia a comprar accesorios para su hogar, fue seguido en el recorrido de ida y regreso por dos sujetos con cascos negros, con gafas estilo motocross negras en una motocicleta marca Honda de color blanco, sin placas.
Seguimientos, allanamientos ilegales e intimidaciones en Santander
El 9 de Octubre de 2010 a las 7:40 a.m. hombres desconocidos rondaban en frente de la oficina de ASORVIMM en Barrancabermeja (Magdalena Medio). A las 7:50 a.m. dos de estos hombres se pararon en la puerta de la oficina, donde se encontraba una afiliada de ASORVIMM. Ella se dio cuenta de la presencia de los dos sujetos en la puerta y fue a atenderlos. Sin embargo, estos sólo observaron el interior de la oficina y luego se retiraron al frente de la misma. Allí se quedaron observando para ver quien entraba y salía de la oficina, más tarde, llegó una pareja joven quienes hablaron con los dos hombres y se chocaron de manos, posteriormente se sentaron en la rueda del árbol que queda frente de la oficina y los dos hombres se retiraron. En ese momento llegó Lilia para asistir a la actividad que se estaba desarrollando en la oficina y fue notorio como los desconocidos la observaban directamente a ella. Los desconocidos hicieron indagaciones a personas de negocios vecinos y a personas que asistían a la actividad en la oficina de ASORVIMM.
El miércoles 3 de noviembre de 2010 en la ciudad de Barrancabermeja desconocidos entraron de forzadamente en la sede de ASORVIMM y presuntamente robaron información de sus equipos. La entrada a la sede se dio rompiendo el techo, asimismo, se forzaron las puertas del interior de la sede. Las pisadas que han encontrado en el piso así cómo documentos tirados en el piso muestran el allanamiento ilegal del que fueron víctimas. Aunque no se perdieron equipos, se presume que ha habido robo de información digital.
El 13 de octubre del 2010, Leonardo Jaimes Marín, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el departamento de Santander, fue abordado por un hombre que se identificó como Richard Alberto Martínez. El hombre ingresó sin anunciarse a la oficina de Leonardo Jaimes y le hizo saber que hablaba en nombre del GAULA del Ejército. En una larga conversación el hombre le dijo: ‘que había una orden de arriba’ de atentar contra la vida de Leonardo Jaimes y contra los familiares de las víctimas, en el caso de que los procesados resulten condenados por la ejecución extrajudicial de Marcos Quintero, Marcos Quintero Niño y Nelson Páez, en hechos ocurridos el 28 de marzo del 2008 y por el cual hay 10 miembros del GAULA detenidos. Le explicó que la orden no viene directamente de los funcionarios detenidos, sino, de los superiores que dieron la orden de la operación dónde resultaron ejecutadas las víctimas arriba mencionadas.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), a través de una fuente de alta credibilidad, conoció que por parte de funcionarios de la SIJIN, se ha contactado a dos supuestos reinsertados de las FARC para que rindan entrevista judicial en la que incriminen al abogado de la Seccional Santander Leonardo Jaimes Marin. Se pretende señalar que pertenece al Bloque del Magdalena Medio de dicha organización rebelde y relacionarlo con Carlos Iván Peña Orjuela, preso político recluido en la cárcel de Palogordo.
Amenazas contra integrantes del MOVICE en el Eje Cafetero
El día lunes 21 de febrero del año que cursa, Esperanza Cardona Uribe es informada por una vecina que el día jueves 17 del mismo mes y año en horas de la tarde un hombre de entre 35 a 40 años, tomaba fotografías a su lugar de residencia ubicado en la Calle 11 Nº 4-07 de Chinchinà. La vecina se preocupo por ser la única casa que este hombre fotografiaba además por la situación de vulnerabilidad y riesgo de Esperanza. Esperanza, actual Presidente de ANTHOC Chinchiná ha sido desde tiempo atrás objeto de hostigamientos y amenazas, ante esta situación el programa de protección y derechos humanos de la Vicepresidencia de la República le adjudico una media dura de protección. Es de recordar que Esperanza fue la compañera permanente de un dirigente de la UP y fundador del CPDH Caldas (Luis Alberto Cardona Mejía) asesinado en abril 4 de 1989, asesinato que a la fecha se encuentra en la más absoluta impunidad.
El pasado 8 de marzo de 2011 llegó a las oficinas de la CUT y Derechos Humanos un panfleto vía correo certificado por las Autodenominadas Águilas Negras Eje cafetero, en el cual amenazan de muerte “a los auxiliadores de las Guerrillas Terroristas” declarando objetivo militar a: María Eugenia Londoño presidenta del Sindicato de Educadores, Diego María Osorio fiscal del sindicato, Vicente Villada presidente de la CUT y Carlos Hernando Valencia Fiscal de la Subdirectiva CUT, los dirigentes sindicales de las empresas prestadoras de los servicios públicos Juan Carlos Valencia y Gerardo Santibáñez y los defensores Guillermo Castaño, Gustavo Marín presidente de la CGTD Risaralda y miembros del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y los integrantes de las ONG de derechos Humanos Hernando Aguirre de la Corporación Paes y Jairo Quintero de la Corporación Social Dame tu Mano. También se amenaza de muerte a los líderes de la población desplazada por ser “la avanzada de las guerrillas terroristas en las ciudades”.
Amenazas a integrantes del MOVICE-Capítulo Caquetá
El día 23 de febrero de 2011, se envió a las oficinas de COORDOSSAC (Coordinadora de Organizaciones Sociales, Agrarias e Indígenas y Ambientales del Caquetá), en la ciudad de Florencia, en Departamento del Caquetá, un panfleto de amenaza firmado por un grupo autodenominado “BANDAS EMERGENTES AGUILAS NEGRAS BACRIM”, dirigido en contra de los dirigentes: EDUARDO FRANCO JOJOA (directivo de la Corporación Caguán Vive), ARLEX GOMEZ (Presidente de COORDOSAC y miembro del CPDH), OCTAVIO COLLAZOS (Secretario del CPDH en el departamento del Caquetá), HECTOR VALENCIA (Secretario General del Partido Comunista Colombiano – Polo Democrático Alternativo), MARTHA BAQUIRO (abogada y miembro del CPDH), ROSMERY LONDOÑO (Miembro de la Corporación Reiniciar y del CPDH) LIBARDO PEREZ (Dirigente estudiantil de la Asociación Nacional De Estudiantes de Secundaria), CARLOS SILVA (Dirigente de oposición PDA), WILSON PEREZ (Presidente de ANTHOC), YESID DONCEL (Miembro Asojuntas Cartagena del Chaira), JORGE LONDOÑO (miembro Asojuntas Cartagena del Chaira), FRANCO JOJOA (Miembro Corporación “Caguán Vive”) FERNANDO MECAYA (dirigente asociación campesina del Mecaya), ANTONIO VALEN (director centro educativo “Monserrate”), LUZ MILA BELTRÁN (dirigente de ASODEMUC), YOLANDA FAJARDO (Miembro CPDH, Montañita) y MAIDE SALCEDO (Miembro del CPDH, y ASINTEOT). La misiva amenazante señala que “En beneficio de los campesinos secuestrados en estos territorios y cansados de ser presionados a aportar vacuna y comenzar a seguir los movimientos para ajusticiarlos y dejar descansar la sociedad con desplazamientos con misiones humanitarias para hacer política ¿Urgente? Comuníquese y cúmplase para su ejecución inmediato EL COSTEÑO Y PAQUITA” (Tomado textualmente del comunicado de amenaza).
Asesinato de Óscar Manuel Maussa Contreras del MOVICE-Capítulo Chocó
Este líder de restitución de tierras y uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), corregimiento de Turbo (Antioquia) fue asesinado el 24 de noviembre de 2010 en la vereda el Cañito del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar). Óscar Maussa fue asesinado con un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba amarrado a un árbol. Según la necropsia lo lapidaron alrededor de las siete de la noche y agonizó hasta las dos de la mañana. Óscar, había participado de forma activa en diferentes espacios nacionales del MOVICE como delegado del Capítulo Chocó.
Intento de asesinato de integrante del Capítulo Sur de Bolívar-Sur de Cesar
El miércoles 18 de agosto, miembros del Ejército Nacional, dispararon en contra del líder Ariel Muñoz, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Victoria del Municipio de Norosí. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido popularmente como revienta Cincha, cuando el líder comunitario se dirigía por ese camino hacia su lugar de vivienda y fue víctima de disparos producidos por la unidad del ejército nacional que opera en esa región. Posteriormente y en horas de la noche fue trasladado por el Ejército Nacional en un helicóptero hacia el municipio de Caucasia – Antioquia, de acuerdo a versiones de la comunidad.
Ataque físico a integrante del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez del MOVICE Capítulo Norte de Santander
El 6 de septiembre de 2010 Yuliana Rico, abogada de la Corporación, se dirigía caminando hacia la oficina de CCALP y llegando a ellas, fue atacada y agredida físicamente por un hombre que colocó un puñal en su pecho y la empujó al suelo, ocasionándole heridas en sus brazos y manos. El hombre le quitó el celular que llevaba consigo Yuliana Rico y finalmente el agresor se dispuso a huir, subiéndose a una moto donde le esperaba otra persona.
Señalamientos a organizaciones e integrantes del MOVICE-Capítulo Antioquia
En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En el periódico B1, se hace un claro señalamiento a integrantes del MOVICE como Winston Gallego Pamplona de la Fundación Sumapaz, Elkin Jesús Ramirez de la Corporación Juridica Libertad y el integrante del Comité de Impulso y Secretario General del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Diego Martinez quienes aparecen en diferentes fotos. En el mismo periódico se hacen señalamientos contra el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (JUCO), ambos miembros del Comité de Impulso del MOVICE, la comunidad de Paz de San José de Apartadó, Gloria Cuartas, integrantes de CJL, el Padre Javier Giraldo y el profesor Miguel Angel Beltran.
Señalamientos a integrante del MOVICE-Capítulo Arauca
Luego de las denuncias realizadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos frente a la violación y el asesinato de tres menores por parte de integrantes del Ejercito Nacional en Arauca el General Rafael Neira comandante de la 18 Brigada del Ejército trató al Presidente de la Comisión de Paz y DDHH de la Asamblea Departamental diputado Ferney Tique y al Presidente del CPDH-Arauca Martin Sandoval, “de irresponsables, que debían demostrar sus calumnias ante los estrados judiciales y que los campesinos estaban siendo manipulados por la guerrilla, para que denunciaran al ejército”.
Amenazas y seguimientos a integrantes Comité de Impulso del MOVICE
El jueves 12 de agosto de 2010 se conoció una amenaza por correo electrónicom, firmada por “El Bloque Capital” de las Águilas Negras en la que se sentencia a muerte a Rigoberto Jiménez, Alfonso Castillo, Iván Cepeda y los que están coordinando “la campaña nacional de exigibilidad de los derechos de la población desplazada”. A Alfonso Castillo y Rigoberto Jiménez, se les concede un plazo de 20 horas para abandonar la ciudad de Bogotá. Bloque Capital de las Aguilas Negras
El lunes 7 de Febrero de 2011 a las 10:10 Luz Marina Hache Contreras, dirigente sindical de Asonal Judicial e integrante del Comité Nacional de Impulso, recibió una llamada en su residencia, ante la extrañeza de recibir una llamada a estas horas de la noche, lo dejó repicar. Sin embargo, ante la insistencia decidió contestar, no preguntaron por nadie y sólo se escucho una voz de hombre que dijo: “hp se quiere hacer matar?” y enseguida colgó. En años anteriores Luz Marina hache había recibido constantes amenazas, lo que condujo a que en el año 2001 se viera obligada a exiliarse para proteger su vida. Al regresar, en el 2006 luego del conflicto laboral en Asonal Judicial, del cual es miembro de su Junta Directiva, recibió nuevamente amenazas a su correo electrónico y a través de llamadas a su número celular.
En marzo de 2011 en la ciudad de Bogotá se han hecho repetitivos los hostigamientos y seguimientos a Danilo Rueda en su lugar de residencia con hombres que se movilizan en moto. Las técnicas de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz pretende impedir la restitución de los predios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó y negar la voz de los habitantes de Cacarica que se oponen a obras de infraestructura sin consulta. Las estrategias de desprestigio, acusaciones falsas ante estrados judiciales, y la persecución contra la Comisión de Justicia y Paz se intensificó desde el 2003 como parte de las operaciones ilegales del DAS, y que se encuentran aún en investigación.
La Corporación Sembrar del Comité de Impulso del MOVICE denuncia falta de garantías en la defensa de derechos humanos
En una carta dirigida a los Ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, Director del DAS y Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, La Corporación Sembrar, hizo entrega formal del esquema individual asignado al Abogado JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ y del esquema colectivo asignado a los demás miembros de la Corporación. Los vehículos fueron recibidos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia y los tres escoltas que prestaban seguridad a los dos esquemas quedaron a disposición del DAS el día de hoy 03 de marzo de 2011. La Corporación Sembrar ha venido demandando del Estado Colombiano, medidas reales de protección, no solamente se trata de la adopción de medidas de protección material sino también de condiciones reales para ejercer su labor.
Amenaza electrónica contra el MOVICE
El 15 de febrero de 2011 varios/as defensores/as y organizaciones de los derechos humanos y periodistas recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte, entre ellos los Sres. Eduardo Márquez, Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza y la Sra. Claudia Duque, y las organizaciones Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE), y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). En la amenaza enviada por correo electrónico, firmado por el grupo paramilitar de derecha “Águilas Negras”, se afirma que “ha llegado la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que intentar hacerse pasar por defensores/as de los derechos humanos”, entre ellas ONG internacionales, periodistas, organizaciones de mujeres y quienes colaboran con desplazados internos, declarando que todos ellos son en realidad miembros movilizados de movimientos de guerrilla de izquierda tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.
Por último, queremos destacar los diferentes casos de montajes judiciales a los que se enfrentan integrantes del MOVICE:
David Rabelo Crespo (Magdalena Medio):
El 14 de septiembre de 2010 hacia las 3 de la tarde fue detenido en la ciudad de Barrancabermeja por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), David Rabelo Crespo, quién luego fue conducido por un fuerte escolta policial y agentes del CTI hacia el aeropuerto para ser transportado a la ciudad de Bogotá. David Rabelo Crespo es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Magdalena Medio. David Rabelo fue ex-concejal de la ciudad de Barrancabermeja por la Unión Patriótica, es miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo. David Rabelo se encuentra actualmente a órdenes de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Su abogado ha interpuesto una apelación a la resolución de acusación, apelación que se encuentra en la Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. En este momento pueden pasar dos cosas: 1. que se confirme y se va a juicio y 2. que se revoque el llamamiento y salga en libertad con preclusión.
Carolina Rubio (Santander)
El 16 de noviembre de 2010 siendo la 1 p.m. en la ciudad de Bucaramanga, fue capturada Carolina Rubio y posteriormente conducida a las instalaciones de la SIJIN. Es señalada del delito de rebelión en hechos supuestamente ocurridos del 2002 al 2005 y de pertenecer al frente 24 de FARC por dos testigos sin identidad. Igual que otras acusaciones contra defensores, la Fiscalía General de la Nación tuvo como fundamento para la apertura de la investigación y para la expedición de la orden de captura el testimonio de dos presuntos reinsertados de un grupo insurgente hoy acogidos a los programas de reinserción del gobierno nacional y a los beneficios que estos les otorgan. El 18 de noviembre de 2010 la fue suspendida la medida de aseguramiento, concedida en razón de su avanzado estado de embarazo. En este momento el proceso se encuentra abierto, en la espera de si se llega a etapa de juicio o no.
Harry Castillo Perlaza (Nariño)
El día 16 de noviembre de 2010 a las 5 A. M. fue objeto de una diligencia de allanamiento, la casa de habitación de Harry Castillo Perlaza, ubicada en el Barrio San José del Municipio de el Charco (Nariño). En ejecución de esta diligencia, fue agredida físicamente su esposa Nelcy Caicedo Vallecillas, y objeto de una grave afectación psicológica una menor de edad, que se encontraba en el lugar de los hechos. Resaltando además que los oficiales que realizaron ésta diligencia, se llevaron de su casa el computador personal de Harry Castillo Perlaza. Harry fue detenido arbitrariamente y trasladado inmediatamente hasta la Ciudad de Calí – Valle del Cauca. Harry Castillo Perlaza, es el Director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de el Charco, Comité adscrito al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH-Nariño y en años anteriores fue objeto de una detención a causa de una investigación que aún sigue abierta.
Juan David Díaz (Sucre)
El 28 de agosto de 2010 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz conoció que Edelmiro Aberto Anaya, paramilitar acogido a la Ley 975, en las versiones libres sostuvo falsa, injuriosa y calumniosamente que el integrante del MOVICE Capitulo Sucre Juan David Díaz, era simpatizante de la causa paramilitar y lo sindicó como responsable del delito de homicidio. Anaya fue condenado a 37 años de prisión como coautor del homicidio del ex Alcalde del Roble y padre de Juan David, Tito Euladio Díaz. El MOVICE teme por un posible montaje judicial en contra de Juan David Díaz.
Carmelo Agámez Berrio (Sucre)
Carmelo Agámez Berrio ha sido secretario técnico del MOVICE-Capítulo Sucre desde principios del 2008. Es sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y por su trabajo en defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas, ha sido sujeto de amenazas y detenciones que le obligaron en un tiempo a vivir en el exilio. En noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, por las constantes amenazas de las que ha sido víctima.
El 13 de noviembre de 2008, hacia la una de la madrugada, cinco hombres vestidos de civil, que se identificaron como parte de la policía, ingresaron violentamente a la vivienda Carmelo Agámez, sin orden de allanamiento ni de captura. Insultaron a su esposa preguntando por el paradero de Carmelo, para luego proceder a requisar todas las habitaciones. Después de media hora, los hombres salieron de la casa y se marcharon en un carro oficial. El 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez se presentó voluntariamente en compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal le tomo la indagatoria y durante tres horas Carmelo insistió en su inocencia.
Pese a ello, el Fiscal le impuso medida de aseguramiento. En la actualidad, el defensor de derechos humanos es investigado por el delito de concierto para delinquir, por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.
El 13 de mayo de 2009, poco antes de que su oficina emitiera la resolución 3230/2009, el Tribunal Penal de Sincelejo emitió un fallo determinando que el fiscal había violado los derechos de defensa y debido proceso a Agámez al no informarle de los cargos y evidencia en su contra.
En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó una
investigación penal en contra del Fiscal que abrió la investigación contra Agámez por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra Agámez. La investigación fue asignada al Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá. El 6 de noviembre de 2009, sin tener en cuenta todas las irregularidades evidenciadas dentro del proceso, se resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de derechos humanos. Carmelo apeló la decisión del Fiscal de llevar el caso a juicio, pero el 15 de julio de 2010 fue llamado a juicio en Sincelejo (Sucre), luego de que el Vicefiscal de la Nación negó la apelación de defensa. El 2 de diciembre de 2010 se tenía que realizar la audiencia preparatoria, que fue anulada de último momento por el Fiscal y aplazado hasta el 13 de enero de 2011. En la audiencia preparatoria se aprueban o no los testigos. Había una prueba que la Fiscalía había desestimado y fue incluida luego de la intervención del abogado de Carmelo Agámez. Hasta la fecha no se tiene nueva fecha para la siguiente audiencia.
El MOVICE expresa su preocupación frente a la relación familiar de la juez de Sincelejo con una de las procesadas en el proceso, la señora Celia Rosa Blanca, ya que es sobrina de la misma. A la vez expresamos nuestra profunda preocupacioń por la preclusión a varias personas dentro del proceso, entre las que se encuentra el ex-concejal de San Onofre Marcos Luna Romero, que ha sido beneficiario directo de la estrategia paramilitar en el departamento.
Pedimos a las autoridades competentes que el proceso judicial en contra de Carmelo Agámez Berrio se radica en otra ciudad fuera del departamento ya que en las elecciones al congreso de 2010, la estrategia paramilitar volvió a ganar en Sucre, con varias denuncias sobre la compra de votos, votaciones atípicas y familiares de parapolíticos presos ganándose los curules, como es el caso de Eduardo Carlos Merlano. Entendemos que en un contexto donde el control paramilitar se mantiene de forma hegemónica, no existen garantías judiciales para llevar el proceso contra Carmelo Agámez Berrio.
Winston Gallego Pamplona (Antioquía)
La génesis de la actuación penal la constituyen informes de inteligencia militar elaborados por integrantes del RIME, -quienes carecen de funciones judiciales conforme a la Constitución Nacional-, basados en testimonios descalificados en otros procesos penales, pero que son usados recurrentemente e informantes animados por la obtención de beneficios jurídicos y económicos, que utilizados temerariamente por las fuerzas militares como parte de la estrategia de judicialización, en el marco la lucha contrainsurgente.
En el mes de marzo de 2009 comparecieron voluntariamente ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada un grupo de más o menos quince estudiantes de la Universidad de Antioquia, allí se enteraron que existía una investigación contra cuatro de esas personas, de las cuales tres hacen parte del MOVICE. A la fecha estas personas han sido vinculadas a una investigación formal, y una de ellas es Winston Gallego Pamplona, integrante de la Fundación Sumapaz, lugar donde se encuentra actualmente la sede del Movimiento en Antioquia fue detenida el 10 de junio de 2009.
Desde el momento en que Winston Gallego tiene conocimiento de su vinculación en el proceso adelantado por la Fiscal, este decide comparecer de manera libre y voluntaria ante la funcionaria el día 10 de junio de 2009; luego de ser escuchado, la Fiscal resuelve privarle de la libertad desconociendo su disposición de cooperar con el proceso que se le adelanta.
Desde el momento de la detención de Winston Gallego, las organizaciones sociales siguieron denunciando y exigiendo que el proceso saliera de la dependencia de la Fiscal 74, esta petición se logro y el proceso fue enviado al fiscal 94 Jorge Enrique Valencia delegado ante los jueces penales del circuito; es de anotar que en esta instancia el funcionario estuvo ceñido al principio de legalidad generando una mayor confianza entre las partes en el proceso y señalando que en el mismo se habían cometido arbitrariedades e irregularidades.
A pesar de los alcances que tuvo el proceso en esta nueva fiscalía por disposiciones del saliente Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, el proceso fue trasladado a Bogotá ante la fiscalía quinta Unidad Nacional contra el terrorismo, radicado bajo el número 68315- bajo el argumento de garantizar seguridad e integridad personal a los funcionarios que adelantan su conocimiento, demás intervinientes y la imparcialidad e independencia sobre la actuación procesal. Este hecho obstaculiza la defensa y la garantía de un debido proceso.
En la última semana del mes de octubre de 2009, se solicitó a esta fiscalía la libertad de Winston Gallego, esta petición fue negada y por el contrario el fiscal dictó resolución de acusación. Este hecho es grave pues como se anotó en líneas anteriores este proceso esta basado en irregularidades y violación de los derechos humanos fundamentales.
Winston Gallego Pamplona fue dejado en libertad condicional el 2 de mayo de 2010. El 6 de abril de 2011 hay audiencia en que se espera se cierre el caso.
Recomendaciones de la Declaración Política del V Encuentro Nacional del MOVICE, celebradado en la ciudad de Bogotá los días 10, 11 y 12 de marzo de 2011:
1.Continuar oponiéndonos a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.
1.Continuar oponiéndonos a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.
2.Adelantar todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes, principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.
3.Emprender acciones conducentes a que los funcionarios involucrados en la suplantación de las desmovilizaciones, beneficiarios del despojo y de reinserciones respondan patrimonialmente para restituir los recursos dilapidados por parte del Estado en estos montajes.
4.Incidir en la propuesta presentada ante el Congreso de la República de modificaciones estructurales al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, no sin antes advertir que este ha sido inconsulto con las víctimas. Esperamos que dichas propuestas sean incorporadas, pero al mismo tiempo advertimos que de persistir en el proyecto el carácter abiertamente inconstitucional y contrario a los estándares internacionales en esta materia, demandaremos esta norma ante la Corte Constitucional.
5.Persistir en la movilización y fortalecimiento de los procesos organizativos, tal como lo hemos hecho, con la ley 975 de 2005, decreto 128 de 2003, con las extradiciones, el estatuto de desarrollo rural y todas aquellas normas que violan o limitan los derechos de las víctimas. El MOVICE considera que la fuerza social principal para acabar con la impunidad y los crímenes de Estado en Colombia reside en la capacidad organizativa y en la iniciativa de las víctimas.
6.Convocar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional en el acompañamiento y apoyo de todas las acciones que en materia de restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra emprendan las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas, (desplazadas o en resistencia) y habitantes de zonas rurales, que han sido víctimas de prácticas de despojo. Llamar a la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como una expresión de la unidad de agendas de acción de campesinos, indígenas, afro descendientes, desplazados, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes y demás víctimas del despojo.
7.Exigir al Estado Colombiano y a la insurgencia concertar mecanismos para una pronta solución política y negociada al conflicto social y armado. En ese sentido, respaldar las iniciativas de Paz de la sociedad civil como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que persiguen mediante una agenda humanitaria llegar a la mayor brevedad a una mesa de negociación que ponga punto final al conflicto armado y que ofrezca una solución con justicia y democracia a la larga confrontación que ha sufrido el país. El MOVICE anuncia la decidida voluntad de construir una agenda propia con propuestas desde las víctimas hacia la paz.
8.Anunciar la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha.
9.Expresar solidaridad con las personas detenidas y judicializadas por motivos políticos o de conciencia, especialmente a Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del MOVICE víctimas de persecución judicial.
10.Ratificar la necesidad de construir una estrategia de lucha contra el exilio y apoyar los esfuerzos de los capítulos de víctimas que desde el exterior han trabajado por la construcción de esta nueva estrategia.
11. Exigir al Gobierno colombiano la aparición con vida de la ambientalista SANDRA VIVIANA CUELLAR GALLEGO, quien fue desaparecida el 17 de febrero del 2011 en la ciudad de Cali.
12. Finalmente, llamar al Movimiento Social, de Derechos Humanos y Paz a responder de manera unitaria a la actual política gubernamental de concertación sin garantías reales. La unidad debe constituirse en el pilar fundamental de los movimientos sociales en Colombia. El MOVICE saluda y corrobora su voluntad de trabajo conjunto al lado de expresiones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga de Resistencia social y comunitaria, el Techo Común, la CUT, la Gran Coalición democrática, los procesos indígenas y afrocolombianos.
PALABRAS DE FABIOLA LALINDE AL RECIBIR LA DISTINCIÓN «Jesús María Valle Jaramillo – In Memoria 2011»
Quiero expresar mis más sinceros y profundos agradecimientos a todas aquellas personas que me postularon para una distinción de esta naturaleza en homenaje a la Memoria del doctor Jesús María Valle Jaramillo, humanista, vilmente asesinado, de gran sensibilidad social y una capacidad de servir, defender, orientar y trabajar sin descanso por el bienestar de las clases menos favorecidas, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los niños, los detenidos, los perseguidos, los desaparecidos, los desalojados de sus viviendas de manera violenta, al amanecer, por las mismas autoridades, como en el caso de los habitantes de la quebrada la Iguaná a los que acompañó hasta cuando logró su reubicación en un lugar digno. Lo acompañé en ese proceso.
«Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud». Sn Marcos 10,32-45.
Este reconocimiento a mi labor es un honor que me desborda y no lo manifiesto por modestia, humildad o sencillez. En aras de la verdad, sinceramente, considero que este tipo de homenajes corresponden, especialmente, a mujeres y hombres que sin ser víctimas directas del conflicto armado que padecemos desde hace muchas décadas, trabajan con tanto compromiso por los derechos fundamentales de todas las personas, hasta ofrendar su propia vida por las causas que defienden. En cambio para una mamá, como es mi caso, defender la vida, no solamente de sus hijos sino de toda la especie humana, es parte de su deber.
Mis fortalezas en el desempeño en materia de Derechos Humanos, son una especie de primeros auxilios, orientación y pequeños favores con base en la experiencia personal a través del testimonio. Ingresé como aprendiz por razones de fuerza mayor, a raíz de la detención-desaparición y ejecución extrajudicial de mi hijo mayor Luis Fernando Lalinde Lalinde por una patrulla del Batallón Ayacucho de Manizales en la vereda Verdún, del municipio de Jardín, Antioquia, el 3 de octubre de 1984.
Yo tenía la convicción de que ese tipo de delitos solamente eran propios de las Dictaduras Militares. Nunca había pasado por mi mente que en Colombia con su trayectoria de país demócrata ocurrieran crímenes de esa magnitud. Mi primer maestro en estas lides fue el doctor Héctor Abad Gómez, presidente del Comité permanente de Derechos Humanos en Antioquia quien me acompañó en este drama de la búsqueda de los desaparecidos hasta el 25 de agosto de 1987 fecha en la cual fue vilmente asesinado. Un médico incomparable, solidario, promotor y defensor, como todos los humanistas comprometidos, con la población marginada y quien abrió el camino de la Comisión Int! eramericana de D. H. de la OEA denunciando los hechos sucedidos a mi hijo.
El doctor Jesús María Valle asumió posteriormente como Presidente del Comité hasta su cobarde asesinato en febrero de 1998, me vinculé como miembro activo de su gran equipo de colaboradores en 1989 cuando me prejubilé. Tuve la gran oportunidad de conocer a fondo lo que es, representa y significa en Colombia ser Defensor de Derechos Humanos: Más que una profesión es un apostolado de alto riesgo que ha costado numerosas vidas de personas que dejan huellas imborrables, han abierto caminos, sembrado semillas de respeto, de dignidad, de honradez, se juegan sus vidas por la verdad, por la justicia, por un país mejor y más amable para todos. Ellos fueron maestros incomparables, que sentaron las bases de l! os derechos fundamentales que se plasmaron formalmente en la Constitución de 1991.
Los crímenes de lesa humanidad no cesan, en este nuestro país, hombres y mujeres son amenazados a diario por ser defensores de las clases más vulnerables y desamparadas, por denunciar los atropellos de toda índole que se cometen, aún, en el presente año, por exigir verdad, justicia y reparación integral para las víctimas e impedir que el manto de la impunidad cubra todos los actos atroces que se cometen en esta particular democracia.
Ser defensor de derechos humanos, requiere de formación académica, de disciplina, de capacidad de resistencia, de rigor en la investigación, en la denuncia y en su sustentación, de honestidad a toda prueba. Por estas múltiples razones y otras más, con toda sinceridad considero que este honor me desborda y lo recibo a nombre de todos esas mujeres y esos hombres dignos de toda nuestra admiración y profundo respeto por exponer su seguridad y sus vidas por una noble causa, en un país paraíso de corruptos, de falsos reinsertados, de ejecuciones extrajudiciales, de campesinos e indígenas obligados a dejar sus tierras para apoderarse de ellas con otros fines. Sumados atropellos, montajes, chuzadas, interceptaci! ones de toda índole y amenazas hasta por internet.
También recibo ésta distinción In memoria a nombre de quienes se hallan detenidos y/o desaparecidos, jóvenes de ambos sexos de las ONG, víctimas de montajes, de falsas acusaciones, de recompensas por «colaborar» con la justicia y demás atropellos porque en mi familia lo hemos vivido en carne propia. Un montaje con dos kilos de cocaína de alta pureza, que significaban una pena de 25 años de prisión para mí, acusada de narcotráfico y de ser la jefe de la narcoguerrilla en Antioquia, con el fin de sacarme de circulación por incómoda para el Estado.
Ayer, Miércoles de Ceniza estuve meditando durante la ceremonia, los cambios que nuestra sociedad ha experimentado en más de medio siglo: una deshumanización y degradación nunca imaginada, crímenes atroces, violencia y decadencia a todos los niveles, a los cuales hemos llegado los Colombianos, con el agravante de que la barbarie se ha convertido en rutina, y quien expone diferencias es estigmatizado, pues quien no es Uribista es terrorista, los defensores de D. H. son de las Farc, los campesinoS e indígenas son considerados auxiliares bien sea de la guerrilla, de los paras o de los narcos con el fin, más que todo, de desplazarlos para despojarlos de sus tierras. El cuerpo de las mujeres de todas las edades incluidas la! s niñas, convertidas en botín de guerra: violadas, asesinadas, desaparecidas, descuartizadas, sumadas el gran númer! o de madres que han muerto de cáncer a raíz de la desaparición de sus hijos e hijas y ni hablar de la pésima atención en salud. Pero a nadie parece importarle. Hemos inventado una nueva religión, somos Fariseo-Cristianos. Los fariseos no solamente eran hipócritas sino, ante todo legalistas.
Por mi mente, en la iglesia, desfilaron ayer estos humanistas nuestros, Colombianos, vilmente asesinados, comprometidos al estilo de Cristo con las clases marginadas, los perseguidos, las mujeres apedreadas, las viudas, los enfermos, los niños y pensé: siempre que asesinan un defensor de derechos humanos, están crucificando nuevamente a Cristo y, precisamente, en un país que se precia de Católico. Casualmente, ayer enterramos a doña Lucila Restrepo, integrante de Asfaddes, Medellín, una madre ejemplo de resistencia, que no dejó ni un solo día de exigir verdad y justicia por las atrocidades cometidas con su hijo, estudiante, ejecutado extrajudicialmente.
De este reconocimiento son merecedoras todas esas mujeres admirables desde la Guajira y la costa, hasta el Putumayo; desde el Urabá y el pacífico, hasta los Llanos: indígenas, campesinas, afrodescendientes, madres e hijos de todas las víctimas: de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, de secuestrados, masacrados, arrojados a los ríos, en fosas como N.N. (No identificados) discapacitados por las minas, desplazados. Las madres de los soldados secuestrados y aún desaparecidos dentro de la misma institución o torturados y víctimas de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes aprendidos en la famosa Escuela de las Américas de la cual Colombia es su mejor cliente aunque muchos países latino-amer! icanos se hayan retirado de ella por sus prácticas tenebrosas. Es llamada la Escuela del Dolor. Pero según la versió! ;n oficial en Colombia no pasa nada.
Hago extensiva esta distinción, especialmente, a mis hijos e hija, a mis nietos en la distancia, a mis nueras quienes siempre me han acompañado en este transitar por los caminos de la noche y de la niebla al costo que cada uno ha pagado: el exilio, la cárcel, el desprestigio y demás atropellos que perduran en el tiempo. Ellos son el motor que ha movido mi existencia. A mis hermanas y mis sobrinas. A mi familia alternativa, grupo admirable de jóvenes, hombres y mujeres de diversas Organizaciones Nacionales e Internacionales, siempre presentes en estos difíciles años con su solidaridad incomparable para mantener viva la memoria de Luis Fernando. A mis solidarias compañeras desde el Colegio hasta el Aula de Mayores de ho! y. Y a la familia Valle Jaramillo nuestra admiración y gratitud permanente por lo que fue y representó el Doctor Jes&uacut! e;s María Valle en nuestras vidas y por lo que ellos siguen significando por su apoyo a la causa de los derechos humanos.
También quiero destacar la acertada idea de crear la distinción Gran Defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo por el honorable Concejo de Medellín, porque ello permitirá mantener viva la memoria de tan preclaro hombre para que su ejemplo de valor, dignidad y solidaridad sirva de modelo a seguir para las nuevas generaciones, y porque, es encomiable reconocer el aporte significativo que en materia de derechos humanos hacen las personas y organizaciones distinguidas con este homenaje. Esta decisión del Concejo de Medellín, debe ser modelo para otros gobernantes y la clase dirigente del país, pues se compromete y reconoce la importancia de la labor de defensa y promoción de los derechos h! umanos, como fundamento y sustento de una democracia real.
De mi parte, seguiré cumpliendo con mi compromiso de mantener viva la memoria del doctor Jesús María Valle Jaramillo a través del Partido de las Mamás, del cual me declaré militante cuando conocí el drama de muchas familias, independientemente de quien fuera el victimario; porque el dolor de una familia y de una madre no admite diferenciaciones.
Finalmente, recibir el premio con la fundación Sumapaz me llena de satisfacción por lo que ha sido su trayectoria en la labor de defensa de los derechos de los pobres, de los oprimidos, de las mujeres a quienes promueven para que asuman liderazgos constructivos en medio de una sociedad enferma. Yo también he sido beneficiaria de Sumapaz, y de las organizaciones que apoyan el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que crearon la galería de la memoria de nuestra historia de vida para conmemorar los 25 años de la desaparición de Luis Fernando, dignificando su existencia y reconociendo su valor como ser humano admirable. Por ello me siento sumamente orgullosa.
El tiempo es corto para manifestar todo lo que ha habido alrededor de nuestra historia, de 26 años de lucha y trasegar acompañados siempre por la solidaridad y compromiso de muchos y muchas que a nivel nacional e internacional nos han apoyado inconmensurablemente. Me da pena no nombrarlos, quisiera reconocerlos a todos, pero los llevo en mi corazón y les ofrezco esta distinción.
Muchas gracias,
FABIOLA LALINDE
Medellín, marzo 10 de 2011
Ex jefe de inteligencia fue condenado por caso de falso positivo en Cali
Para el Juzgado 19 Penal del Circuto de Cali quedó claro que el ex sargento Luis Eduardo Mahecha, quien fuera jefe de inteligencia del Ejército, participó de manera intencional y engañosa en el crimen contra el campesino José Orlando Giraldo Becerra, en hechos ocurridos en el 2006 en zona rural de Cali. Ese despacho no tuvo duda alguna al momento de declarar culpable al militar (r) que está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palmira. En los próximos días fijará los años de prisión que debe purgar. «El acusado actuó de forma intencional, dolosa, participó en la escena del crimen y el hecho no ocurrió durante un enfrentamiento armado», expresó el juzgado 19 Penal del Circuito.
Sus palabras rebotaron en los oídos de Marta Giraldo, hija de José Orlando, quien desde hace cinco años libraba una dura batalla para que se hiciera justicia y para que el nombre de su progenitor fuera limpiado.
«Esto era lo que estábamos esperando todos estos años. El fallo es importante porque pudimos probar que mi padre era un campesino y no un guerrillero», afirmó la señora Giraldo.
Esa lucha por lograr justicia comenzó el mismo 11 de marzo de 2006 en que su padre, el labriego José Orlando Giraldo, fue sacado de su finca en el corregimiento de Golondrinas, en Cali, y posteriormente asesinado.
Giraldo recibió varios disparos y su cadáver fue movido. Además los soldados alteraron la escena del crimen y le pusieron un pantalón de insurgente.
De igual manera, el campesino fue presentado como un auxiliar de la Columna Móvil ‘Libardo García’.
El Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (que asumió el caso) encontró diez testigos y más de 30 documentos que validan la responsabilidad de Mahecha.
Estos elementos probatorios convencieron al juez que lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Durante estos cinco años el proceso sufrió varios tropiezos. En más de quince ocasiones las audiencias fueron suspendidas y el hermano de la víctima, José Wilson Giraldo, uno de los testigos de la Fiscalía, sufrió un atentado contra su vida, del que salió ileso.
Marta Giraldo recibió amenazas de muerte y las autoridades tuvieron que asignarle un escolta.
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Fallo condenatorio en ‘falso positivo’ de agricultor en Cali
Martha Giraldo (derecha), hija del campesino, marchó tras el fallo del Juez 19 Penal de Cali.
Foto: Santiago Saldarriaga/ EL TIEMPO
Decisión del Juez 19 Penal del Circuito de Cali afecta al ex militar Luis Eduardo Mahecha.
Cinco años fueron necesarios para que Martha Giraldo escuchara a un juez de la República decir que su padre José Orlando Giraldo Becerra, muerto en un operativo del Ejército, no era guerrillero sino un campesino.
Ayer, el juez 19 Penal del Circuito de Cali, con funciones de conocimiento, acogió la petición de la Fiscalía y dio sentido de fallo condenatorio en contra de Mahecha, ex jefe de inteligencia del Batallón de Alta Montaña, por el homicidio agravado del agricultor en zona rural de Cali.
En la lectura del sentido de fallo, el Juez indicó que la Fiscalía demostró que sí existió el delito de homicidio agravado por la indefensión de la víctima y hubo ocultamiento de pruebas.
Agregó el juez que el Fiscal demostró la muerte violenta de José Orlando Giraldo el 11 de marzo de 2006, aproximadamente a las 2:45 de la madrugada en una finca en Golondrina.
«Se demostró que no hacía parte de las Farc y solo era un humilde campesino cuidador de una finca», dijo el Juez 19 Penal del Circuito de Cali.
Dijo además, que se estableció que no hubo enfrentamiento y se desvirtuó el alegato de la defensa de Mahecha, en el sentido de que la muerte se produjo en legítima defensa cuando el campesino disparó.
Se demostró igualmente la participación del ex militar en la alteración de la escena del crimen.
Ante esa situación Mahecha fue declarado penalmente responsable como coautor del delito de homicidio agravado y ocultamiento y alteración del material probatorio.
No obstante, la muerte de Giraldo no será tipificada como delito de lesa humanidad.
«Lo más importante para nosotros como familiares es que se ha dicho públicamente que la Fiscalía pudo demostrar que mi padre no era un guerrillero, sino que se trataba de un campesino.
Esto ha sido lo más importante en una lucha de años para limpiar su nombre», dijo Martha Giraldo, quien al final de la audiencia fue recibida por cientos de mujeres de diferentes zonas del Valle que se unieron en una marcha contra la violencia y lo que, consideran, crímenes de Estado.
No obstante, dijo, ahora falta la lectura de cuánto será la condena.
«Esto apenas empieza. Falta por definirse la suerte de otros siete militares implicados en el caso», dijo Martha Giraldo, quien el día anterior pidió ante Christian Salazar, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el traslado de los militares a una cárcel, pues permanecen en el cantón de Nápoles.
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