1.1. La II División

Los militares que aquí se reseñan fueron quienes estando en la comandancia de la Segunda División, unidad táctica a la cual se subordina y encuentra adscrita la V Brigada, en razón de su cargo conocieron de crímenes de lesa humanidad en la Zona V y/o de proyectos del paramilitarismo. Asimismo estuvieron involucrados en otros territorios donde se dieron estas mismas circunstancias. Con todo, ocuparon los mas altos rangos de la jerarquía militar y nuca serían investigados por dichos actos; o en los pocos casos en que procedía alguna pesquisa siempre los absolvieron.

COMANDANTES SEGUNDA DIVISIÓN

(1983)

Mayor General Josué Leal Barrera

(1984 – 1985)

Brigadier General Ernesto López Ramírez

(1986)

Mayor General Fernando Gómez Barros

(1987)

Mayor General Alberto González Herrera

(1988 – Junio 1989)

Mayor General Farouk Yanine Díaz

(Segundo Semestre 1989)

Mayor General Rafael Antonio Padilla Vergara

(1990)

Mayor General Hernán José Guzmán Rodríguez

(1991)

Mayor General Manuel Sanmiguel Buenaventura

(1992 – Octubre 1993)

Mayor General Harold Bedoya Pizarro

(Noviembre 1993 – Diciembre 1995)

Mayor General Manuel José Bonett Locarno

(Diciembre 1995 – Enero 1996)

Mayor General Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez

(1996-1997)

Mayor General Rafael Hernández López

(1998)

Mayor General Mario Fernando Roa Cuervo

BEDOYA PIZARRO,

HAROLD

Itinerario

Nació el 30 de diciembre de 1938 en Cali (Valle del Cauca). En las distintas unidades militares donde estuvo como comandante fue notorio el despliegue y el fortalecimiento de grupos paramilitares, al igual que las acciones conjuntas con miembros del Ejército.

En 1978 tenía el grado de Teniente Coronel y fue comandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano” (BINCI) hasta 1980. Durante su comandancia fue el creador y máximo jefe de una estructura paramilitar llamada “Alianza Anticomunista Americana – Triple A”, promovida y organizada por el BINCI, autora de varios crímenes en Bogotá como los atentados con dinamita perpetrados contra las instalaciones de la Revista Alternativa, y los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria. Igualmente sus miembros ejecutaban asesinatos de miembros de partidos de la oposición y activistas sociales.

El 29 de septiembre de 1978, en una vía pública de Bogotá, el dirigente del ELN y ex preso político, José Manuel Martínez Quiroz, fue detenido y torturado por miembros del BINCI, quienes anteriormente le habían hecho estrecho seguimiento e inteligencia. Existen indicios y pruebas de que el crimen fue ordenado por el Teniente Coronel Bedoya Pizarro. Ese mismo año la República de Argentina le otorgaría la Orden de Mayo al Mérito Militar, autorizada por decreto 1575 de 1978.

En 1979 Bedoya es profesor invitado a la Escuela de las Américas en Panamá por decreto 2749 de 1978. En 1980 sería comandante del Batallón Guardia Presidencial, siendo ese mismo año condecorado con la Medalla de Reconocimiento al Mérito por el Ejército de los Estados Unidos, autorizado por el decreto 3440. Dos años mas tarde fue ascendido a Coronel por decreto 1474 de 1982.

En 1984 se desempeñó en comisión como el Subjefe de la Casa Militar Palacio Presidencial. Luego en julio de 1985 estuvo como agregado militar de la Embajada de Colombia en Estados Unidos hasta julio de 1986 por decreto 1376 de 1985. Posteriormente sería ascendido a Brigadier General en 1987 por decreto 2256, en virtud del cual lo nombraron comandante de la VII Brigada (con sede en Villavicencio), donde se desempeñó dos años (1988-1989). En 1988 sería condecorado con la Orden al Mérito Militar José María Córdova en el grado gran Oficial por decreto 1511.

Durante la permanencia de Bedoya Pizarro en la comandancia de la VII Brigada operó con facilidad la estructura paramilitar de Víctor Carranza en el departamento del Meta, y muchas de las armas que eran de integrantes del grupo estaban amparadas con salvoconductos de la Brigada. El Brigadier General siempre negaría que en el departamento existieran grupos paramilitares.

El 3 de julio de 1988, 17 personas serían asesinadas por paramilitares financiados por Víctor Carranza en Caño Sibao, zona rural de El Castillo (Meta), quienes querían atentar contra la vida del alcalde de esta población (el cual era miembro de la Unión Patriótica). Existen indicios de la participación de miembros del ejército en la masacre, y particularmente del Oficial Bedoya quien instantes después del hecho produjo un comunicado atribuyéndole lo sucedido al XXVI Frente de las FARC, con el ánimo de desviar la investigación y encubrir los verdaderos responsables.

En 1989 le otorgaron dos condecoraciones: la Orden de Boyacá en el grado Gran Oficial; y la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla en el Grado Gran Oficial por decretos 1614 y 1560 respectivamente. Un año mas tarde Bedoya Pizarro fue asignado como comandante de la IV Brigada (con sede en Medellín) por decreto 2593.

El 17 de abril de 1990, seis personas fueron asesinadas por una patrulla militar conformada por miembros del Batallón de Infantería No. 10 “Girardot” y de Contraguerrillas No. 4 “Granaderos”, en la Inspección de Policía Departamental de Puerto Valdivia, en Valdivia (Antioquia). Cinco días mas tarde se encontraron los cuerpos sin vida de los campesinos en una fosa común ubicada en una finca llamada La Esperanza. El Brigadier General Bedoya en relación a estos hechos afirmó ante los medios de comunicación que los campesinos encontrados en la fosa común de la finca La Esperanza, habían sido dados de baja en un enfrentamiento del Ejército con la Guerrilla.

Por decreto 2832 de 1990, Bedoya Pizarro fue nombrado como director de la Escuela Superior de Guerra, cargo que ejerció hasta 1991, año en que mediante decreto 2752 ascendería al grado de Mayor General. Para 1992 es nombrado como comandante de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga. En razón de su cargo, Bedoya Pizarro conoció el avance y la existencia de grupos paramilitares en los municipios de El Carmen y San Vicente del Chucurí, Santander, auspiciados directamente por el ejército. Al respecto sostuvo que “ni en Santander ni en ninguna otra parte del país hay grupos paramilitares o de autodefensa, pues eso es puro invento de la subversión”; y frente a las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación por la reactivación del MAS en la región del Chucurí, basada en testimonios y versiones de las autoridades y campesinos de la zona, manifestó: “cuando hay campesinos que no están de acuerdo con ellos -la guerrilla- dicen que son paramilitares para justificar todos sus actos terroristas”. (Vanguardia Liberal, edición del 10 de enero de 1992).

Además de lo anterior, cuando sobre el alcalde de El Carmen Jairo Beltrán Luque pesaba una orden de captura por las investigaciones judiciales adelantadas por los numerosos crímenes ocurridos en la zona por responsabilidad de los paramilitares, de los cuales Beltrán era un reconocido promotor y colaborador, Bedoya Pizarro dijo que éste “contaba con todo su respaldo y que el Ejército seguiría con ellos protegiéndolos” (Vanguardia Liberal, edición del 3 de febrero de 1992).

Por decreto 366 de 1993 lo condecoraron con la Orden al Mérito Coronel Guillermo Fergusson en el Grado de Comendador, y por el decreto 1539 del mismo año le otorgaron la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño en el Grado de Gran Oficial. En 1994 por decreto 2588 fue nombrado Comandante del Ejército, y por decreto 1574 galardonado con la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público por tercera vez. Un año después le fue otorgada la Orden del Mérito Naval Almirante Padilla en el Grado Gran Cruz por decreto 1223 de 1995, y en el mismo grado la Orden al Mérito Militar José María Córdova por decreto 1300 y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico por decreto 1958.

Finalmente en 1995 por decreto 2064 del 29 de noviembre Bedoya Pizarro ascendió al grado de General. De 1996 al 22 de julio de 1997 se desempeñaría como Comandante General de las Fuerzas Militares. Sería llamado a calificar servicios por el Presidente de la época Ernesto Samper Pizano.

ANALISIS DE IMPUNIDAD

Por sus vínculos con la organización paramilitar de Víctor Carranza, la Juez Cuarta de Orden Público lo requirió para que rendir declaración juramentada el 11 de octubre de 1989. El 17 de octubre dio respuesta al formulario negando cualquier relación con Víctor Carranza y todo conocimiento sobre los grupos paramilitares que operan en la zona de su influencia. No se conoce mas información de este proceso ni de otras investigaciones adelantadas en su contra.

BONETT LOCARNO,

MANUEL JOSE

Itinerario

Para 1978 este oficial del Ejército Colombiano, tenía el rango de Teniente Coronel. En 1980 estaba adscrito a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá.

Entre junio de ese mismo año y junio de 1981 fue delegado a realizar el curso Comando y Estado Mayor General en Fort Leavenworth, Estados Unidos, mediante el decreto 1269 de 1980; a su regreso al país en 1981, fue trasladado a la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdoba” en Bogotá.

En 1982 fue trasladado al Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 “Nueva Granada” con sede en Barrancabermeja como Comandante. Luego mediante el decreto 3274 del 29 de noviembre de 1983 fue ascendido a Coronel.

De julio de 1986 a julio de 1987, se desempeñó como adjunto militar de la embajada de Colombia en Estados Unidos, por el decreto 1549 de 1986. Dos años más tarde, en 1988, mediante el decreto 2467 del 28 de noviembre de dicho año, fue ascendido a Brigadier General.

En 1989 fue trasladado a la III Brigada con sede en Cali y designado Comandante de la misma; en ese mismo año recibió la condecoración Orden al Mérito Militar “José María Córdoba”, en el grado de Gran Oficial, mediante el decreto 1747 del 4 de agosto de 1989.

Entre el 28 de enero y el 1 de marzo de 1990, en Cali (Valle), 42 personas, en su mayoría sindicalistas y miembros de organismos locales de Derechos Humanos, son detenidos ilegalmente por unidades de la III Brigada, y conducidos a sus dependencias donde son torturados por varios días en desarrollo de la Operación “Relámpago”. Una de las detenidas es violada por los militares. El Oficial Bonett Locarno, como comandante de la III Brigada, debió por lo menos estar enterado de las torturas que practicaron sus subalternos a los detenidos.

Entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1990, en las veredas Playa Alta, La Sonora y Tambor, del municipio de Trujillo (Valle), fueron desaparecidas 16 personas durante operativos conjuntos entre paramilitares, y miembros de la III Brigada y del Batallón de Artillería No. 3 “Palacé”. El 17 de abril siguiente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla y tres personas más fueron también desaparecidos ; el sacerdote se encontraba investigando la desaparición masiva. Existen graves indicios de que estos crímenes fueron ordenados desde la comandancia de la III Brigada, al frente de la cual estaba el Brigadier General Bonett Locarno.

El 9 de septiembre de 1990, la religiosa Suiza de la Sociedad Misioneras de Belén y enfermera María Hildegard Feldmann de 54 años de edad, los campesinos José Ramón Rojas Yela y José Hernando Buenaventura García, de 28 años y un presunto guerrillero, fueron asesinados por militares de una patrulla combinada de los Batallones de Contraguerrilla No. 3 “Primero de Numancia”, Infantería No. 7 “General José Hilario López”, y del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” al mando del mayor Armando Cajiao, quienes ingresaron disparando indiscriminadamente contra los pobladores que se encontraban en la inspección de policía departamental El Sande perteneciente al municipio de Santa Cruz (Guacheves); en los hechos resultó herida la campesina Luz Marina Erazo Portillo. Como Comandante de la III Brigada, Bonett Locarno expidió un informe de lo sucedido haciendo alusión a que se trataba de un enfrentamiento de las tropas del ejército con insurgentes del Frente XXIX de las FARC, en el que se expresa “Así mismo se permite informar que entre los muertos se encuentra la misionera laica de nacionalidad Suiza María Feidelman Hildergar, quién cumplió labores de enfermería en la casa donde fue sorprendido el grupo armado y desde la cual se disparó a la patrulla”. Igualmente se adujo del hallazgo de armas y municiones pertenecientes al grupo guerrillero.

El 7 de abril de 1991, Olvar Ariel Gómez, Santiago Lasso Bolaños, Yenny Prieto Rengifo, Leoncio Muñoz Mellizo, Libardo Nieves Dorado, José Belisario Dorado Muñoz, Hernando Rosero, Rubén Joaquín Ruano, Adán Ruano Daza, Henry Suárez Villa, Pastora García,; Adriana López, Alejandro Salazar Paz, Saúl Espinoza, Alfonso Chilito Ruano, y Wilson Gil Velásquez, fueron asesinados por miembros de la Unidad de Contraguerrilla Águila 2 del Batallón José Hilario López, en el corregimiento Los Uvos de La Vega (Cauca). Según, la declaración de uno de los civiles que participó en la masacre, el Mayor Cesar Augusto Saavedra Padilla había mandando al Subteniente José Edilberto Cortés Valero a ejecutar el crimen, a Saavedra Padilla lo había mandado el Coronel Pablo Alfonso Briceño Lovera y Briceño había recibido la orden del Comando de la Brigada III, al mando de la cual se encontraba el Brigadier General Manuel José Bonett Locarno.

En 1991 fue trasladado al Comando General de las Fuerzas Militares y adscrito al departamento de inteligencia D-2; un año más tarde, en 1992, fue trasladado al Estado Mayor Conjunto del mismo Comando General de las Fuerzas Militares.

En 1995 se desempeñó como Comandante de la II División. Ese año, abusando de su autoridad, intentó intimidar a los miembros de la Procuraduría y la Fiscalía que investigaban los múltiples crímenes (más 70) perpetrados entre 1991 y 1993 por miembros de la Red de Inteligencia No. 7 de la Armada Nacional, que tenía su sede en Barrancabermeja (Santander). Cuando los funcionarios encontraron en el S-2 del Batallón Nueva Granada un legajador que contenía “recibos de los pagos mensuales con fondos reservados a los sicarios e informantes, del alquiler de un par de casas desde donde operaban en Barrancabermeja y los salvoconductos a nombre de algunos de los contratados”, el Oficial les dijo: “yo mando aquí y esos papeles no salen de esa guarnición”. Pero los funcionarios no se dejaron intimidar, llevándose consigo una de las pruebas que respaldaría los testimonios dados por los miembros de la Red No. 7 sobre los crímenes que cometió esta estructura. Los funcionarios no se quedaron esa noche en el hotel donde se hospedaban y hasta allí fueron a buscarlos según la recepcionista “unos señores amigos suyos”.

El 15 de diciembre de 1995 fue nombrado Director de la Escuela Superior de Guerra. Un año después lo trasladaron al Cuartel General del Comando General de las Fuerzas Militares como Inspector General, mediante decreto 0527 del 14 de marzo de 1996.

El 18 de junio de 1997, Bonett Locarno, actuando como Juez de Primera Instancia decretó la cesación de procedimiento en favor de Farouk Yanine Díaz, Oscar de Jesús Echandía Sánchez, Hernando Navas Rubio y Otoniel Hernández Arciniégas, desconociendo las pruebas que recaudo la Fiscalía que demostraban los nexos de estos militares con los grupos paramilitares, y su participación, en octubre de 1987, en la planeación y ejecución de los hechos en que fueron torturados y desaparecidos diecinueve comerciantes en Cimitarra (Santander).

El 1 de Diciembre de 1997, mediante decreto 2585, fue ascendido a General y nombrado Comandante General de las Fuerzas Militares.

El 9 de agosto de 1998, lo trasladaron del Cuartel General del comando General de las Fuerzas Militares a la Sección de Personal Agregado del Comando del Ejército. Tres días después, mediante el decreto 1648, fue retirado a solicitud propia del servicio activo del Ejército Nacional de forma temporal con pase a la reserva.

CIFUENTES ORDOÑEZ,

RICARDO EMILIO

Itinerario

En 1978 Cifuentes Ordóñez ostentaba el grado de Mayor. Autorizado por decreto 1141 de 1978, entre julio de ese año y febrero de 1979, efectuó un curso avanzado de ingeniería en Virginia, Estados Unidos. En 1980 sería condecorado con la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño en el grado de Oficial por decreto 1923.

El 30 de noviembre 1981 es ascendido a Teniente Coronel por el decreto 3388. Un año más tarde sería Comandante del Batallón Mixto de Ingenieros “General Bejarano Muñoz”. Luego en 1983 pasaría a ser Comandante del Batallón de Ingenieros No. 8 “Francisco Javier Cisneros” en Armenia, Quindío. Para 1984 se desempeñó como Adjunto Militar en la Embajada de Colombia en Chile, y profesor invitado a la Academia de Guerra de este país por decreto 3341 de 1983.

En 1985 adelantó estudios en la Academia de Guerra de Chile de Licenciatura de Geografía Militar y Geopolítica. Igualmente en Chile le condecorarían con la Medalla Diosa de Minerva, autorizado por decreto 3208. Ese mismo año lo asignaron como comandante del Batallón de Ingenieros No. 1 “Baraya”. Para 1986 lo nombraron director de la Escuela de Ingenieros, año en el que le otorgarían la Orden al Mérito Militar José María Córdova en el grado de Comendador por decreto 2321; y el ascenso a Coronel por decreto 3527 del 26 de noviembre.

Del 16 de julio de 1988 al 31 de julio de 1989 estuvo como Adjunto Militar de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Al regresar fue adjudicado a la Escuela Superior de Guerra. En 1990, sería el Comandante de la XI Brigada, la cual auspiciaba en el Departamento de Córdoba, junto con ganaderos y terratenientes de la región, y narcotraficantes, una extensa y fuerte estructura paramilitar. Según se ha establecido esa organización había sido creada por el exoficial Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”, bajo la protección del Brigadier General Daniel Enrique García Echeverry, teniendo su sede de operaciones en Montería y actuando con distintos nombres (Los magníficos, Juventud Obrera Estudiantil Nacional Socialista -JOENS-, Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista -MOENS-). El grupo paramilitar estaba integrado por personal de inteligencia del ejército y fue autor de numerosas masacres en el Córdoba y el Urabá antioqueño. Existen elementos de prueba que señalan que Cifuentes Ordóñez, mientras estuvo de Comandante de la XI Brigada, protegió y auspicio también esta estructura paramilitar. Inclusive, en declaraciones públicas a los medios de comunicación, reconoció expresamente apoyar a estos grupos de “autodefensas”.

En 1991, el Oficial Cifuentes Ordóñez por decreto 2752 ascendería al grado de Brigadier General. Desde el 9 de diciembre de 1991 hasta 12 de diciembre de 1994 estuvo al mando de la V Brigada. En ese tiempo en la región de El Carmen y San Vicente actuaba una compleja estructura paramilitar promovida por las autoridades militares de la zona. En razón de su cargo debió conocer de la actividad de sus subordinados y el avance del grupo paramilitar, al igual que los crímenes cometidos por este.

El 28 de enero de 1992, Cifuentes Ordóñez formuló declaraciones al diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, en las cuales señalaba al miembro de la Corporación Chucureña para los Derechos Humanos Ángel Álvarez, de ser “el principal foco de perturbación de la zona”. Ángel había denunciado con anterioridad los hostigamientos y las persecuciones que eran objeto los campesinos por parte de miembros del Batallón “Luciano D’ Elhuyar” y paramilitares.

El alto oficial negó en todo momento la inexistencia de paramilitares en la región chucureña. Al respecto decía que “es una falacia (…) en El Carmen y San Vicente de Chucurí no hay grupos paramilitares, la población es manipulada por la subversión con base al terror inculcado en la gente de que la fuerza pública comete atropellos” (Vanguardia Liberal, edición del 16 de febrero de 1992). No obstante, testimonios de campesinos aseguran que el Brigadier General sostuvo en mayo de 1992 en El Carmen reuniones con jefes paramilitares, entre ellos Helio Pacheco, reconocido jefe de “Los Masetos”.

Por decreto 2109 de 1992 sería condecorado con la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público por primera vez.

El 31 de julio de 1993, el campesino Miguel Ángel Quintero, fue detenido y asesinado por una patrulla del ejército del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 “General Hermógenes Maza”, al mando del Teniente William Roberto del Valle, en Tibú (Norte de Santander). Miguel Ángel fue detenido e ingresado a la base militar de Tibú, de la que lo sacó una patrulla comandada por el Teniente Del Valle hacia las 2 o 3 de la madrugada del día siguiente. El detenido fue encontrado asesinado este día en la finca “Los Mangos” en la vereda Las Vetas, en el kilómetro 49 de la vía que conduce a la Inspección de Policía Departamental La Gabarra. Horas más tarde el comandante de la V Brigada, Brigadier General Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez, manifestó el éxito obtenido en un supuesto enfrentamiento entre el ejército y las FARC, en la que se habría “dado de baja” a un guerrillero, tratándose de Miguel Ángel.

Por decreto 2659 de 1994 Cifuentes Ordóñez fue trasladado del Comando de la V Brigada a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova como Director. Ese año también sería condecorado con la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público por segunda vez mediante decreto 1854.

En 1995 se desempeñó como Comandante de la II División, siendo ascendido al grado de Mayor General por decreto 2064 del 1 de diciembre. Solamente estuvo poco menos de dos meses en este cargo pues se retiraría por solicitud propia del servicio activo del ejército con pase a la reserva por decreto 213 del 30 de enero de 1996.

GUZMAN RODRIGUEZ,

HERNAN JOSE

Itinerario

El Oficial llegó al grado de Coronel en 1979. En 1981 estuvo como Agregado militar en la Embajada de Colombia en Italia, entre mayo de 1981 a julio de 1982, por decreto 1065 de 1981. Para 1985 fue designado como Comandante de la IX Brigada. En 1986 fue condecorado con la Orden de Boyacá, grado Gran Oficial. por decreto 2197 de julio 11

En 1986 fue ascendido a Brigadier General, año en el cual pasó a ser Coman­dante de la III Brigada. El 10 de mayo de 1986, en Cali (Valle), la militante del M-1 9 y encargada de radiocomunicaciones de esa organización, Yolanda Acevedo Carvajal, fue dete­nida por unidades de la 111 Brigada. Llevada a un paraje rural, Yolanda Acevedo Carvajal fue golpeada e interrogada, para luego ser conducida a las instalacio­nes del Batallón “Pichincha”. Allí la torturaron en una habitación del puesto La Remonta. Yolanda Acevedo Carvajal fue amarrada de pies y manos a una cama. En la madrugada del 11 de mayo, luego de ser violada por militares, Yolanda Acevedo Carvajal fue asesinada con un disparo en la nuca. Los militares dejaron abandonado su cadáver en el Hospital Departamental de Cali. Según el Ejército la detenida se habría suicidado. El acta de la necropsia practicada por el Juzga­do Segundo de Instrucción Criminal en el hospital, que establecía cómo Yolanda Acevedo Carvajal fue ultimada de un tiro de gracia, fue sustituida por otra, según la cual la detenida había recibido un disparo en las sienes, para así darle credibi­lidad a la versión del suicidio. El Oficial Guzmán Rodríguez, como Comandante de la III Brigada, tuvo pleno conocimiento de la captura y tratamiento dado a Yolanda Acevedo Carvajal y encubrió a los autores materiales de su asesinato.

El Oficial ocupó el cargo de director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, entre 1987 y 1988, y luego fue Comandante de la Jefatura Militar de Urabá entre 1988 y 1989.

Recibió la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, grado Gran Oficial, por decreto 2727 del 24 de noviembre de 1989. En 1990 fue designado como Comandante de la II División. Esta etapa que corresponde con la acción de un grupo paramilitar que operaba con el nom­bre de Muerte a Secuestradores – MAS, el cual desató una ofensiva contra la población campesina chucureña, en la zona rural de los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen (Santander).

El 18 de julio de 1990, 140 paramilitares se tomaron por varios días el pueblo de El Carmen, aterrorizando a la población y amenazando de muer­te a numerosos habitantes. El Ejército acantonado en el pueblo se retiró de El Carmen durante la toma paramilitar. El 4 de octubre de 1990, el párro­co, el personero municipal y líderes cívicos de El Carmen fueron blanco de un fallido atentado de parte de paramilitares y miembros del Ejército. El grupo paramilitar ha condenado al destierro a centenares de familias cam­pesinas de la región chucureña. Existen abundantes pruebas y declaraciones extrajudiciales indicando que Guzmán Rodríguez protegió y respaldó al grupo paramilitar. Fue conde­corado con la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, por cuarta vez mediante decreto 849 de 1988; y por quinta vez según decreto 2887 de 1990.

En 1991 pasó a ser Subjefe del Estado Mayor Conjunto del Comando General de las Fuerzas Militares, y en 1992 fue Inspector General del mismo organismo.

SANMIGUEL BUENAVENTURA,

MIGUEL

Itinerario

En 1973, siendo Mayor del ejército, participó en la Operación Anorí, en la cual se habla de por lo menos 36 campesinos asesinados por el ejército, así como de detenciones arbitrarias y torturas. Durante esta operación, los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño, dirigentes del ELN, fueron ejecutados extrajudicialmente el 18 de octubre de 1973; sus cadáveres fueron conducidos inmediatamente al puesto del Coronel Álvaro Riveros Abella. Allí estaban reunidos, el Coronel Riveros y otros oficiales, entre ellos Sanmiguel Buenaventura.

En 1978, tenía el rango de Teniente Coronel y se desempeñaba como Comandante de la Escuela de Infantería. En enero de 1979, en el marco de una investigación adelantada por el ejército, a raíz del robo de más de un millar de armas efectuado por el M-19 en las instalaciones del Cantón Norte en diciembre de 1978 en Bogotá, se presentaron múltiples detenciones y torturas. Entre estos casos figura la detención del dirigente del M-19 Augusto Lara Sánchez, aprehendido por miembros de la Brigada de Institutos Militares –BIM- y conducido a la Escuela de Infantería, donde fue torturado. El Oficial Sanmiguel Buenaventura dirigió personalmente el interrogatorio y tomó parte en las sesiones de tortura. Otro hecho fue la detención, el 4 de enero de 1979, de la Odontóloga Olga López Jaramillo, con su pequeña hija de cinco años; ambas fueron detenidas por unidades de la BIM, y conducidas a las instalaciones de la Escuela de Infantería, donde Olga fue torturada. El Oficial Sanmiguel Buenaventura fue señalado como uno de los directos responsables del hecho.

En 1980, pasaría a la Brigada de Institutos Militares. Un año mas tarde, el 27 de mayo de 1981 ascendería a Coronel por decreto 1357. En 1982, recibiría la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público por primera vez mediante decreto 1287 del mismo año.

En 1983 se desempeñó como Agregado Militar de la Embajada de Colombia en Italia y Oficial de enlace ante la Dirección de Fuerzas Multinacionales, mediante decreto 418 de 1983. Para 1984 estaría de director de la Escuela Militar José María Córdova.

En 1985 fue Comandante del Comando Operativo No. 12 adscrito a la IX Brigada. Ese mismo año recibió las ordenes al Mérito Militar Antonio Nariño y José María Córdova en el Grado Comendador, por decreto 1956. De allí pasó a ser Comandante de la XII Brigada hasta finales de 1986.

El 20 de noviembre de 1986, fue ascendido a Brigadier General mediante decreto 3484; ese mismo año recibió la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño grado Oficial por decreto 2321. Luego fue nombrado Comandante de la X Brigada, cargo que desempeñó entre finales de 1987 y finales de 1988. En 1987 recibió la Orden al Mérito Militar José María Córdova, grado Gran Oficial, por decreto 1376.

El 4 de marzo de 1988, en Turbo (Antioquia), un grupo de hombres fuertemente armados ingresaron a las fincas bananeras Honduras y La Negra, sacaron de sus dormitorios a 20 trabajadores y luego de identificarlos e interrogarlos, los acribillaron. Algunos sobrevivientes lograron reconocer a los asesinos, entre ellos que se encontraban varios militares y civiles que días antes habían realizado operativos de inteligencia en el sector. Judicialmente se comprobó que el grupo de asesinos estaba integrado por miembros de inteligencia de las Brigadas V, X, XI y XIV, paramilitares desplazados desde el Magdalena Medio y el Urabá Cordobés y empresarios bananeros de la región. Existen graves indicios que comprometen al Oficial Sanmiguel Buenaventura en la planeación y ejecución de los hechos.

Durante 1989, fue Director de la Escuela Militar José maría Córdova. Un año mas tarde sería ascendido a Mayor General y en razón de ello nombrado Comandante de la III División.

En 1991 estaría como Comandante de la II División. En ese tiempo en la región de El Carmen y San Vicente de Chucurí (Santander), actuaba una compleja estructura paramilitar promovida por las autoridades militares de la zona. Sanmiguel Buenaventura, en razón de su cargo, debió conocer de la actividad de sus subordinados y el avance del grupo paramilitar, que en ese año contó con la mayor protección del Ejército para avanzar y tomar el control gradual de la localidad de El Carmen.

En 1992 fue Inspector General del Cuartel General del Comando del Ejército.

YANINE DIAZ,

FAROUK

ALIAS : “El Turco”, “El Águila”

Itinerario

Nació en Gramalote (Norte de Santander) en 1937.

El 5 de enero de 1955, llegó a la Escuela de Infantería, a prestar el servicio militar, luego de terminar su bachillerato. El 4 de diciembre de 1956 fue ascendido a subteniente y trasladado al Batallón Colombia (Bogotá). Luego fue enviado a Tolemaida y después al Batallón García Rovira en Pamplona (Norte de Santander).

En 1959 hizo curso de lanceros y fue ascendido ateniente y vinculado al Batallón Guardia Presidencial. Luego fue trasladado al Batallón Patriotas en el Tolima.

En 1964, hizo curso en la Escuela de Infantería, siendo ascendido a Capitán y luego trasladado al Departamento de Personal del Comando del Ejército y luego a la Escuela General de Cadetes. En julio de 1969, ya ascendido a Mayor, fue trasladado a la Escuela de Suboficiales en Popayán, donde permaneció hasta julio de 1972.

En ese año 1973 hizo curso en la Escuela Superior de Guerra y fue ascendido a Teniente Coronel. El 4 de julio de 1974 fue nombrado Comandante del Batallón Ayacucho en Manizales. Estando en este cargo desarrolló operaciones en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio.

Entre principios de 1976 y julio de 1977, trabajó como instructor de estrategias en la zona del Canal de Panamá. En agosto de 1977, asumió el cargo de Comandante de la Escuela de Infantería.

En julio de 1979 fue ascendido a Coronel y nombrado Subdirector de la Escuela Militar de Cadetes. En este tiempo actúo como fiscal en un Consejo Verbal de Guerra seguido contra varias personas acusadas de pertenecer a las FARC. Como Coronel, entre el 16 de febrero de 1980 y el 16 de julio de 1981, fue Director del Instituto de Armas y Servicios.

Del 16 de junio de 1981 al 31 de julio de 1982, fue asignado como Adjunto Militar en la Embajada de Colombia en Estados Unidos y Asesor Militar del Colegio Interamericano de Defensa, según el decreto 1666 del 30 de junio de 1981.

Del 1 de agosto de 1982 y 31 de diciembre de 1982 fue jefe de la Sección Externa del Departamento D-2 del Estado Mayor Conjunto.

Del 31 de diciembre de 1982 al 1 de diciembre de 1983 adelantó el curso de altos estudios militares en la Escuela Superior de Guerra, luego de lo cual fue ascendido a Brigadier General, mediante el decreto 3243 del 15 de diciembre de 1983

Del 1 de diciembre de 1983 al 1 de diciembre de 1985, fue Comandante de la XIV Brigada. Durante su permanencia en este cargo participó activamente en la conformación de los grupos paramilitares que nacieron en el Magdalena Medio y que usarían el nombre de Muerte a Secuestradores -MAS-. Así mismo estuvo involucrado en varios crímenes de lesa humanidad.

El paramilitar Marceliano Panesso Ocampo, en su declaración ante la Fiscalía aseguró que: “El General Yanine Díaz, Comandante en esa época de la XIV Brigada, él reunió a todos los campesinos en Puerto Berrío Antioquia, exactamente en el Batallón Bombonáel orientó a la gente como nos teníamos que organizar para combatirla subversióny nos dio instrucción precisa para defendemos, e inclusive nos vendió armamento con su respectivo salvoconducto”.

El paramilitar Luis Eduardo Garzón Durán, en su declaración ante la Fiscalía aseguró: “El General Farouk Yanine Díaz que fue el fundador de esos grupos en una reunión en La India (inspección de policía de Cimitarra) reunió a los campesinos para que se organizaran y fue cuando creó esos grupos”. Así mismo otro paramilitar aseguró que existieron “obras civiles que aparecían como hechas por la XIV Brigada, pero el dinero era de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha: remodelación de la sede de la XIV Brigada, pavimentación de la vía al aeropuerto Morelia en Puerto Berrío, inaugurada por Belisario Betancur en 1984, el dinero fue entregado por Pablo Escobar a Farouk Yanine Díaz y Raúl Rojas Cubillos”.

El paramilitar Ricardo Rayo, en declaración ante la Fiscalía, refiriéndose ala época en que Yanine Díaz era Comandante de la XIV Brigada, afirmo que Henry de Jesús Pérez “podía disponer de los abogados, de la patrulla, de los helicópteros del Ejército, allá llegaba Henry Pérez a la Base y pedía hombres y el Comandante te facilitaba todo…”

Alonso de Jesús Baquero Agudelo en declaración ante la Fiscalía aseguro: “una mañana llegó el General Yanine Díazcon todo el personal que había ahí en la Escuela y otro personal que ellos llevaron, entonces Yanine Díaz comenzó la charla de que las autodefensas no podían seguir a la defensiva y que había que pasara la ofensiva y para esto había que crear un grupo capacitado militarmente para que fuera al frente del combate y que para eso nosotros contaríamos con el apoyo del Ejército, y si era posible de traer instructores extranjeros para preparar el personal mejor’.

El 12 de enero de 1984, en la Vereda Vuelta Acuña en Cimitarra (Santander), los campesinos Honorio Muñoz Céspedes, Jesús Muñoz, Oscar Yepes, Carlos Tobón, lsaura Lascarro, su hija Beatriz Lascarro, Cruz Elena López y un muchacho de 15 años de edad conocido como Juancho, fueron víctimas de la acción criminal de un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes a 1 a XIV Brigada del Ejército y al grupo paramilitar MAS, que los asesinó y torturó a algunos de ellos. Los militares dejaron abundantes raciones de alimentos del Ejército en el lugar de la masacre. Según indicios recaudados por la Procuraduría, el Oficial Yanine Díaz estaría involucrado en el crimen como autor intelectual. Ese mismo año fue condecorado con la medalla Servicios Distinguidos en Orden Público: por segunda vez, según el decreto 2979.

Del 1 de diciembre de 1985 al 1 de diciembre de 1987 fue Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Durante este tiempo estuvo en el Magdalena Medio, adelantando gestiones en relación con los grupos paramilitares de la región y sus acciones criminales. Según declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo: “En esa época él no estaba en la zona, él trabajaba en Bogotá, fue a la escuela 01, una escuela de entrenamiento a los campesinos Yanine llegó en helicóptero al Bárbula y de ahí se fue en el carro del Comandante hasta donde estábamos nosotrosEstando él como Director de la Escuela Militar no solo fue a la escuela 0 1, sino a la vereda Vuelta Acuña para inaugurar un grupo de autodefensaa Vuelta Acuña llegó en un helicóptero del Ejército’

En octubre de 1987 diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas, en la inspección de policía Puerto Araujo de Cimitarra (Santander), por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Duran, por orden del Brigadier General Farouk Yanine Díaz, quien desde tiempo atrás había ordenado a un Teniente de apellido Salinas, vinculado al B2 del Batallón Calibío, “investigara quienes contrabandeaban electrodomésticos y camuflaban armas para la guerrilla” ‘ Según declaró ante la Fiscalía Alonso de Jesús Baquero Agudelo “cuando salió la caravana yo sabía que los iban a matar, como también lo sabía Yanine Díaz, el Mayor y el Sargento, porque con ellos se habló previamente sobre esta muerte y ellos los militares eran los más interesadosen ese tiempo había afán de sacar la guerrilla como fuera del Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer que era matar la gente y cometer las masacresYanine estuvo encima del asunto de los comerciantes porque sabía que eran auxiliadores de la guerrilla. Escuché la grabación en que Yanine le decía a Pérez que era inconcebible que no hiciéramos nada si nos estaban pasando las armas porras narices para llevárselas a la guerrilla”.

En 1987 recibió el ascenso a Mayor General, según el decreto 2256 del 25 de noviembre de ese año. Siendo nombrado Comandante de la II División, cargo que ocupó del 1 de diciembre de 1987 al 9 de junio de 1 989. Durante este tiempo igualmente continuaría apoyando el proyecto paramilitar del Magdalena Medio.

En la madrugada del 4 de marzo de 1988, 20 trabajadores bananeros fueron asesinados por varios hombres en las fincas Honduras y La Negra, del municipio de Turbo (Antioquia). Previamente los asesinos sacaron a sus víctimas de sus dormitorios, las identificaron e interrogaron. Se estableció judicialmente, que el grupo autor de la masacre estaba integrado por paramilitares desplazados desde el Magdalena Medio, ex guerrilleros reclutados para las secciones de inteligencia de la X Brigada, y miembros de los B-2 de las Brigadas V y X. Igualmente existen serios indicios de que personal de los Comandos y las secciones de inteligencia de las XI y XIV Brigadas, tomaron parte en la coordinación y preparación del crimen, colaborando en el desplazamiento de paramilitares desde el Magdalena Medio. Existen indicios de que, en razón de su cargo, el Oficial Yanine Díaz tuvo conocimiento de los hechos y de los preparativos de la masacre. El mismo año el Oficial fue condecorado con la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, grado Gran Oficial, según el decreto 1511 de 1988.

El 18 de enero de 1989, once funcionarios judiciales fueron asesinados en el sitio La Laguna, de la vereda La Rochela, en Simacota (Santander), por un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar “Los Masetos”, que operaba en el Magdalena Medio, quienes recibieron la orden y dinero de parte de altos oficiales del Ejército y la Armada, entre ellos, el Brigadier General Farouk Yanine Díaz. Según declaraciones de paramilitares que participaron en el hecho, a raíz de la investigación judicial que se abrió por la desaparición de los diecinueve comerciantes, el militar ordenó acabar con la comisión judicial que adelantaba la investigación. De acuerdo con la declaración del paramilitar Efrén Galeano López, quien servía de escolta al Oficial, “El General Farouk Yanine Díaz, al percatarse de lo ocurrido que iban a enviara una comisión de jueces decidió consultar con Vladimir (Alonso de Jesús Baquero) para que él con su grupo los mataran cuando bajaran, al otro día de haber pasado la consulta le envió 200 millones de pesos en un maletín en pago por lo que debían hacer, no quedando muy contento cuando se percató de que también habían fallado (hubo sobrevivientes)se reunieron para llegara un acuerdo, que si algo pasaba no se debía mencionar a Yanine y que él saldría en defensa de ellos argumentando que no habían sido los paramilitares sino la guerrilla”. Efectivamente, durante varios meses, la Justicia Ordinaria le solicitó al Oficial capturar a Alonso de Jesús Baquero Agudelo, sin que éste adelantara ninguna gestión para hacerlo. Además, había asegurado que la comisión fue asesinada “por no haber informado de su misión ni haber solicitado la protección de las Fuerza Militares”.

El Oficial Yanine Díaz, en complicidad con el comandante de la V Brigada, Brigadier General Alfonso Vacca Perilla, participó en las detenciones y torturas ocasionadas el 1 de junio de 1989 contra varios miembros de diferentes organizaciones sindicales, populares, cívicas y campesinas, las cuales fueron llevadas a cabo por una patrulla combinada del ejército y el Comando de Investigaciones Anti Extorsión y Secuestro CIAES, en Lebrija. Las víctimas, luego de ser trasladados a las instalaciones de la V Brigada en Bucaramanga, fueron sometidos a intensos interrogatorios y a permanecer aproximadamente 80 horas de pie con las manos en la nuca, en diferentes sitios, sin darles alimentación y sin dejarlos dormir. Según testimonio de una de las víctimas, Yanine Díaz junto con el otro alto oficial, Vacca Perilla, realizaron un montaje de vídeo en el cual mostraba el supuesto buen trato que le estaban proporcionando a ellos.

Del 9 de junio de 1989 al 15 de junio de 1990 se desempeñó como Inspector General de las Fuerzas Militares en Bogotá. Exactamente en la primera de estas fechas, Francisco Hernández Lozano, investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, fue asesinado frente al Centro Comercial Metrópolis de Bogotá. Francisco había sido amenazado más de una docena de veces, desde que había asumido la investigación de la masacre de once funcionarios judiciales, en la vereda La Rochela de Simacota (Santander), la cual como se anotó había sido ordenada por Yanine Díaz.

Del 15 de junio de 1990 al 1 de diciembre de 1991 fue Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ejército. En 1990 fue condecorado con la Cruz Fuerza Aérea Mérito Aeronáutico, mediante el decreto 2686 de 1990, al igual que la Orden Estrella de la Policía, categoría Gran Oficial, mediante el decreto 2595 de 1990.

En 1991 fue ascendido a General, según el decreto 2752 del 10 de diciembre de 1991, y pasó a ser el Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando General las Fuerzas Militares, cargo que ocupó durante los años 1991 y 1992.

Del 1 de diciembre de 1992 al 1 de enero de 1994 fue jefe de la delegación de Colombia ante la Junta Interamericano de Defensa, en Washington.

El 1 de enero de 1994 se retiró del Ejército a solicitud propia.

En 1996, se desempeñaba como profesor de la Escuela Interamericano de Defensa en Washington, cuando la Fiscalía le dictó orden de captura en el proceso adelantado por la desaparición de los diecinueve comerciantes en Cimitarra.

ANÁLISIS DE IMPUNIDAD

Por la desaparición de los diecinueve comerciantes, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, el 11 de octubre de 1996, le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva por “secuestro extorsivo y homicidio múltiple agravado”. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencias a favor de la Justicia Penal Militar, donde el Comandante del Ejército, Mayor General Manuel José Bonett Locarno, como juez de primera instancia, decretó cesación de procedimiento en su favor. No obstante el 5 de mayo de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado colombiano por haber violado el derecho a la vida e integridad personal de los desaparecidos.

Por los demás crímenes en que estuvo involucrado, aunque existieron investigaciones penales y disciplinarias, el Oficial Yanine Díaz nunca fue vinculado