Verdad

Los crímenes de lesa humanidad que el Proyecto Nunca Más ha registrado y documentado, además de inscribirse dentro de políticas sistemáticas que buscan sustentarse en falsas razones que no resisten salir a la luz porque se evaporarían inmediatamente, también implican, cada uno de ellos, atentados más específicos contra la verdad.

En efecto, si la verdad objetiva se entiende como concordancia entre la realidad y el conocimiento, o sea, entre los hechos sucedidos y los hechos conocidos, los victimarios han tratado de impedir esa verdad construyendo numerosas obstáculos y trampas para que los hechos, tal como suceden, no puedan ser conocidos ni por los familiares o allegados de las víctimas ni por la sociedad en general. Ese camino entre los hechos y su conocimiento sufre bloqueos, manipulaciones, desvíos, ocultamientos, acomodos y camuflajes, con miras a que lo que se conoce no coincida con lo que sucedió. Algunas de esas trampas son:

• Se oculta o cambia la identidad de los victimarios, ya sea utilizando para perpetrar los crímenes lugares secretos, solitarios o privados, las noches o los días no laborables, o el camuflaje bajo capuchas, vendas, vehículos sin placas o “robados”, órdenes verbales y no escritas.

    

• Se oculta o cambia también la identidad de las mismas víctimas, trasladando sus cadáveres a sitios desconocidos o arrojándolas a los ríos; mutilándolos; relacionando a las víctimas con circunstancias completamente ficticias, como falsos enfrentamientos, o colocándole a los cadáveres uniformes de combatientes, armas o panfletos ajenos a las víctimas.

• Se transforma el escenario del crimen, ya con objetos o elementos que falsifiquen los hechos; ya retirando rápidamente a los agentes oficiales que controlaron la seguridad de los victimarios mientras actuaban; ya controlando el recaudo de las pruebas inmediatas, impidiendo que las que podrían ayudar a identificar a los victimarios pasen al expediente, o introduciendo otras que desvíen la investigación hacia falsos escenarios o móviles (mediante falsos testigos o falsas acusaciones contra las víctimas).

Por otra parte, si la verdad moral es la concordancia entre lo que se sabe y lo que se dice, también el camino que lleva de la conciencia al testimonio se ve bloqueado, manipulado, desviado, asaltado o copado por el terror:

• Se han creado estructuras permanentes que hacen prevalecer la solidaridad de cuerpo sobre la verdad moral, cuando los victimarios son juzgados por sus propios superiores, compañeros o camaradas, y éstos niegan, ocultan o cambian lo que saben, para absolverlos

    

• El testimonio de los civiles, sobre todo cuando provienen del entorno de las víctimas, se ha visto atrapado entre la amenaza y el soborno, debiendo ponerse muchas veces en dilema con el instinto de conservación, pues cada vez con mayor frecuencia, decir lo que se sabe equivale a firmar su propia sentencia de muerte.

    

• El trabajo de los agentes del poder judicial ha buscado “legitimarse” apartándose de toda opción ética, ideológica, religiosa o política, y refugiándose en una pretendida ‘neutralidad’, así como en una pretendida ‘ciencia jurídica pura’ que no reconoce más imperativos éticos que la aplicación mecánica de normas procesales. De esta manera, los funcionarios judiciales logran aplacar su conciencia y eliminar de ella todo escrúpulo, cuando los fallos o sentencias que emiten se contradicen crudamente con los contenidos de su conciencia. Se tranquilizan tratando de convencerse a sí mismos de que la única “verdad” que deben respetar es la que se construye durante el proceso (la “verdad procesal”), que es el producto de todas las violencias, sobornos, amenazas, terrores y actos de corrupción que se activan durante el proceso para confeccionar ese producto. Se tranquilizan tratando de convencerse a sí mismos de que la “Justicia” es un conjunto de reglas de juego (emanadas de una “Ciencia Pura”), que en nada tienen que ver con la ética personal del mismo funcionario, ni con su capacidad de análisis de los contextos, ni con sus opciones frente a un futuro, ni con sus tomas de posición frente a la acción histórica de los humanos. Gracias a esa pretendida “neutralidad” o “imparcialidad” que bloquea el ser mismo de la conciencia ética, se desactivan los resortes de la VERDAD MORAL en el proceso judicial.

Así, pues, los victimarios han logrado anular la verdad, ya sea bloqueando o destruyendo, por una parte, el camino que lleva a identificar los hechos sucedidos con los hechos conocidos (verdad objetiva), y por otra, el que lleva a identificar lo que se sabe con lo que se testimonia (verdad moral).  Esta acción destructiva de la verdad se dirige principalmente hacia dos ámbitos: el de los medios de información y el de la administración de justicia.

Pero toda esta acción destructiva de la verdad tiene una clara intencionalidad: eliminar o aminorar las estigmatizaciones sociales o las sanciones judiciales contra los victimarios, para que éstos queden con las manos libres y puedan continuar llevando a cabo sus propósitos y proyectos, e impulsando y afianzando el modelo de sociedad injusto y violento al cual sirven.

Y a pesar de que todo este bloqueo a la verdad responda a opciones, intenciones y compromisos, sin embargo los victimarios reivindican externamente (cuando se producen denuncias o investigaciones que los afectan) un concepto de “verdad imparcial”, que no esté ligada a ningún interés político, ideológico, religioso o moral. Más concretamente, exigen que, frente a descubrimientos ineludibles, solo se busque esclarecer la responsabilidad criminal individual de actos puntuales anti-jurídicos, pero que de ninguna manera se pretenda investigar conductas sistemáticas, colectivas, institucionales o estructurales, ni los móviles que las inspiran, y menos los proyectos de sociedad o intereses a los que sirven los crímenes y sus actores.

Así, desconectando la búsqueda de la verdad del contexto, móviles, intereses y proyectos en que se inscriben los crímenes, y centrando esa búsqueda en pruebas exclusivas que podrían conectar a un actor individual con una acción puntual, los victimarios consiguen que la búsqueda de la verdad se limite justamente a los trayectos del camino que ellos han logrado bloquear. Entonces a la búsqueda de la verdad le queda vedado incursionar en el campo de las fuerzas, intereses y proyectos que generan los crímenes, para que nunca sea posible bloquear su fuente generadora y para que siempre se puedan seguir amparando en la oscuridad y garantizar su continuidad.

La administración de justicia, cuyo primer estadio se centra siempre en el esclarecimiento del delito y la identificación del culpable (‘verdad procesal’) para proceder luego a establecer sanciones, se ha acomodado completamente a este esquema, de modo que jamás en Colombia se pueden investigar los Crímenes de Lesa Humanidad, que tienen, por definición, un carácter de sistematicidad, la cual nunca se puede detectar si no es relacionando unos crímenes con otros, examinando los móviles, instituciones y estructuras que los generan, así como los proyectos a los cuales sirven y las capas sociales que los sustentan. Así, la verdad específica del Crimen de Lesa Humanidad queda, de hecho, por fuera de las competencias del aparato judicial en Colombia.

Nos encontramos aquí ante una paradoja: mientras los victimarios se inspiran en móviles políticos e ideológicos y en el compromiso con el proyecto de sociedad discriminatoria vigente, para bloquear y destruir los caminos de la verdad objetiva y de la verdad moral, al mismo tiempo exigen que el aparato judicial y los medios de información adopten las formalidades de una “verdad imparcial y puntual”. Esto nos lleva a preguntarnos si la verdad puede ser imparcial y puntual.

Para ser imparcial, el conocimiento de la verdad tendría que prescindir de toda opción (ya fuera ética, política, ideológica, religiosa o práctica). Pero en la realidad, nadie busca la verdad con intenciones de contemplarla. La búsqueda de la verdad es una necesidad humana, pero una necesidad que está articulada e integrada íntimamente a búsquedas humanas más amplias y profundas: la búsqueda de la supervivencia; la búsqueda del manejo del mundo para solucionar numerosas necesidades, aspiraciones e ideales; la búsqueda de un sentido de la vida; la búsqueda de un futuro más humano y digno (todas estas son opciones que determinan y acompañan la búsqueda de la verdad). Ocultar la relación íntima y recíproca que se da entre la búsqueda de la verdad y estas otras búsquedas humanas más amplias y profundas, que se concretan en proyectos, ideologías, cosmovisiones, aspiraciones o ideales, no sería honesto y atentaría contra la misma verdad. Además, cuando a pesar de todo, se asume la teoría de la “verdad imparcial y puntual” (en cuanto separable de todo interés u opción ética, ideológica, política, religiosa, pragmática etc., e incluso de todo contexto) lo que sucede en el fondo es que se quiere ocultar y negar esas opciones y relaciones subyacentes, en función de algún interés o presión para que permanezcan ocultas.

LA VERDAD a la que el Proyecto nunca Más quiere servir y desde la cual reacciona y enjuicia este ciclo de violencia que aún vivimos, no se construye con verdades imparciales, puntuales o aisladas .Asumimos una VERDAD INTEGRAL Y COMPROMETIDA, que no esconda sino que saque a plena luz los móviles éticos, políticos, ideológicos y morales que la inspiran; que no oculte sino que levante al primer plano el proyecto de sociedad a cuya construcción quiere contribuir. Y desde esas opciones explícitas que sirven como de “suelo nutricio” y de contexto a toda verdad, queremos entrar a confrontar la falsa “verdad” de los victimarios.

Acercarse a la verdad de los crímenes de lesa humanidad es, ante todo, hacer un esfuerzo por leer y destapar la lógica represiva que los produjo, y para lograr esto, es necesario profundizar en los contextos; en las opciones de las víctimas y sus proyectos; en el discernimiento de intereses que estaban en juego al ser perpetrados los crímenes; en las constancias represivas de los victimarios; en las solidaridades existentes entre los poderes y en la lógica de las cadenas de mando; en el análisis de los controles territoriales; en las rutinas del ocultamiento y la tergiversación que los mass media vehiculan; en las dinámicas del terror y sus secuelas así como en todos los efectos que los crímenes pretendían causar. Hay que decir con firmeza que aunque los victimarios logren bloquear exitosamente los caminos más inmediatos y cortos para establecer el vínculo entre un actor individual y una acción criminal, con ello no logran, sin embargo, anular LA VERDAD INTEGRAL de los crímenes de lesa humanidad, la que en este proyecto intentamos rastrear, que se esclarece al profundizar en todas las dimensiones antes enumeradas.

Los victimarios y los funcionarios judiciales seguirán exigiendo las “pruebas” que ellos saben que están bloqueadas. Seguirán presionando a quienes conformaban el entorno social y familiar de las víctimas para que rindan testimonio, sin importarles nada los cercos de terror en que están atrapados; y sin que les preocupe lo más mínimo el que los victimarios hayan bloqueado o manipulado de antemano lo que en condiciones normales hubiera sido dado conocer. La acumulación de diligencias inútiles o despotenciadas de antemano por la corrupción o la violencia, es algo necesario para justificar el salario de los funcionarios judiciales y para exonerarlos de riesgos, pero su concepción de la “Ciencia Jurídica aséptica” les ahorrará además cualquier escrúpulo de conciencia. A pesar de todo, exigen que solo se llame “verdad” a la “verdad procesal”, y “justicia” a los resultados de procesos tan profundamente viciados, que por añadidura se han logrado deshacer de la ética.  Por todo esto, el aparato judicial ya no produce ni Verdad ni Justicia. Por esto mismo, el Proyecto Nunca Más tiene que superar lo que en esos ámbitos se entiende por “verdad” y por “justicia”.

La VERDAD de los crímenes de lesa humanidad está ciertamente reprimida en nuestra sociedad. Pero está en espera de que las notas tomadas en momentos de terror y guardadas en escondites, puedan ser rescatadas y sacadas a la luz. Está en espera de que la memoria dolorosa y silenciada de los dolientes encuentre un militante de futuro que la recoja y la salvaguarde. Está en espera de que los intereses que generan los crímenes, así como los proyectos en los cuales se inscriben, puedan ser destapados y debatidos a plena luz. Está en espera de que numerosos reflectores  -sociológicos, antropológicos y morales- puedan unificar su luz para alumbrar lo que se ha querido mantener en oscuros socavones, bajo la custodia de deshumanizados militantes de inhumanidad.
Al pretender desentrañar la racionalidad propia de este ciclo de violencia, pasando de los hechos concretos que se van revelando como sistemáticos, a los motivos o razones explícitas o implícitas, públicas o secretas, en que esos hechos tratan de fundamentarse, descubrimos, como una constante general, que esas “razones” o pretendidas “justificaciones” de los hechos no son sustentables, y que por eso mismo tienen que esconderse, ocultarse, camuflarse, disfrazarse; en síntesis, acudir a la falsedad. En otras palabras, esas “razones” que pretendidamente “validan” o “legitiman” la violencia represiva del Estado, no resisten salir a la luz; no resisten ningún debate democrático, público ni honrado, porque al quedar al desnudo se destaparía inmediatamente su falsa legitimidad. Por eso su fuerza descansa en el poder de la oscuridad, de la ignorancia, del ocultamiento, de la desinformación, de la falsedad y de la mentira.

• Si rastreamos, por ejemplo, el origen del paramilitarismo, nos encontramos con unos informes secretos de una visita de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg -USA- a Colombia (en 1962), y sobre todo con un Suplemento Secreto que recomienda “contra-agentes”, “contra-propagandas”, “sabotages”, “actividades terroristas paramilitares” e “interrogatorios con drogas alucinógenas”. Nos encontramos también con visitas y asesorías secretas de miembros de la CIA y del Pentágono a los gobiernos y a las fuerzas armadas de Colombia durante décadas; con manuales de contrainsurgencia “secretos” y “reservados” que se distribuyen entre los miembros de las fuerzas armadas; con reuniones secretas y con estructuras secretas de coordinación entre militares y paramilitares . Nos preguntamos: por qué todo esto tiene que hacerse en la oscuridad, de espaldas a la sociedad, por fuera de los marcos de la legalidad? Evidentemente porque todo esto contradice los principios que en los discursos y en los textos legales el Estado dice defender: la autodeterminación de los pueblos y Estados; la prohibición de intervención militar de un Estado en otro; el monopolio de las armas por el Estado; el respeto a las convicciones ideológicas y políticas de las personas y los pueblos; la prohibición de la tortura física y psicológica, etc. Es decir, si todas estas visitas, asesorías, directrices, manuales, estrategias, prácticas, etc. se hicieran a la luz del día, de cara al país (o a los países -incluyendo a los ciudadanos de Estados Unidos-) esto no tendría manera alguna de legitimarse, y sus responsables serían no solamente repudiados, condenados y estigmatizados, sino también sancionados como criminales.

• Si rastreamos los documentos en que se expresa la Doctrina de la Seguridad Nacional, que es el fundamento teórico de las estrategias violentas de los Estados latinoamericanos y en particular del Colombiano, descubrimos un engaño que solo puede sostenerse gracias a falsificaciones de lenguaje.  En efecto, vender la idea de que el OCCIDENTE defiende la ‘democracia’, o la ‘civilización’, o ‘el cristianismo’, mientras impide a los pueblos decidir sobre su propio destino y sobre su propio modelo de desarrollo y de sociedad; mientras mantiene métodos de represión salvajes e inhumanos, y mientras atenta gravemente contra la justicia, es una mentira que solo puede sostenerse mediante la fuerza y el terror, la evasión del debate y del análisis, o el ocultamiento, control y distorsión de la información. Así mismo, crear el fantasma enemigo del Movimiento Comunista Internacional como un poder avasallador que “quiere destruir las democracias, la vida civilizada y las religiones”, y hacer creer que ese ‘monstruo’ está presente detrás de campesinos que reclaman un pedazo de tierra, o detrás de sindicalistas que reclaman un salario justo, o detrás de organizaciones políticas, culturales, religiosas o humanitarias que reclaman condiciones de vida más humanas para las mayorías, es otra mentira que no resiste el más elemental análisis y que solo puede mantenerse mediante el terror, la ignorancia y la estigmatización social de todo el que ponga en discusión tales dogmas. Nos preguntamos si no será que esta “democracia” que nos rige le teme a propuestas alternativas, pues si se viera forzada a confrontarse con esas propuestas en condiciones de sinceridad y honestidad, saldría radicalmente deslegitimada, y definida como democracia ficticia, cimentada en injusticias estructurales y generadora de miseria y de violencia.

• Si rastreamos los discursos “justificatorios” de la represión, a través de los considerandos de leyes y decretos, de los editoriales de la Revista de las Fuerzas Armadas, de editorialistas y articulistas de los medios masivos de comunicación, y de las explicaciones dadas por agentes del gobierno a la comunidad internacional, nos encontramos con el sofisma recurrente de confundir, identificar o equiparar las luchas no violentas con las luchas violentas, con el fin de intentar estigmatizar las primeras aduciendo que son “fachadas” de las segundas. Es evidente que toda esta mentira se urde con el fin de no tener que enfrentar los reclamos justos de las víctimas.

• Si rastreamos las relaciones de las estructuras paramilitares con la fuerza pública durante los últimos 35 años, la falsedad y la mentira se convierten en política audaz, atrevida y desafiante. Todos los gobiernos han negado rotundamente la paternidad, la unidad de acción y la protección permanente que brindan a las estructuras paramilitares, a pesar de que han salido a la luz pública los documentos del Pentágono y la CIA que le trazaron al gobierno colombiano esa estrategia paramilitar como imperativa; a pesar de que se conocen los manuales de contrainsurgencia del Estado, que durante 30 años han guiado las operaciones del ejército, incluyendo instrucciones precisas sobre la conformación de grupos paramilitares; a pesar de que han salido a la luz confesiones de los oficiales del ejército que fundaron las más importantes estructuras paramilitares; a pesar de que se hayan llevado ante el mismo aparato judicial, con pruebas evidentes, no pocos casos de colaboración estrecha entre ejército, paramilitares y asesores norteamericanos (como Mapiripán/98); a pesar de que líderes nacionales del paramilitarismo, como Carlos Castaño, hayan hecho confesiones públicas de actuar en unidad de objetivos con el Estado y haya reconocido su participación en operativos concretos del ejército y de la policía  ; a pesar de que la rutina de vida intensamente social y mediática que lleva el principal líder nacional del paramilitarismo facilite enormemente su ubicación y captura para cualquier organismo de inteligencia elementalmente competente, lo que nunca ocurre. Evidentemente si se deja de sostener esta descomunal mentira, aunque cada día sea más difícil de sostener en crecientes escenarios internacionales, la ilegitimidad del Estado quedaría más al descubierto.   

• Si rastreamos el accionar del aparato judicial, baluarte fundamental de la impunidad, nos encontramos la mentira y la falsedad institucionalizadas y atrincheradas detrás de la mayor parte de los mecanismos judiciales. Los procesos judiciales confeccionan una verdad procesal que ha llegado a distanciarse tan sistemáticamente de la verdad real, que ha llegado a ser, no solo una caricatura de la verdad, sino un símbolo de la mentira y de la manipulación. En esos procesos, en efecto, se neutraliza la verdad mediante diversos mecanismos: desvirtuando los testimonios, ya sea por la vía de la intimidación o del soborno, o por la evaluación arbitraria de los mismos. La capacidad de manipulación de las pruebas o de principios universales de administración de justicia, como la prescripción o el principio de “cosa juzgada”, ha llegado a hacer del proceso judicial una ficción detrás de la cual se ocultan decisiones ya tomadas de condenar o absolver, que obedecen a presiones o a opciones políticas.

• Si rastreamos el andamiaje justificatorio de la política anti-narcóticos, diseñada por los gobiernos de los Estados Unidos e implantada forzosamente en Colombia, nos encontramos con un entramado de mentiras de grueso calibre que deja escapar falsedades e incoherencias por doquier. Se pretende hacer creer que es una política inspirada en la defensa de la calidad de la vida, mientras los Estaos Unidos mantienen como industria de punta la de armamentos, dirigida a la destrucción a gran escala de vidas humanas. Se pretende hacer creer que para disminuir el consumo de alucinógenos solo es efectiva la destrucción de cultivos en los países productores, mientras los mismos centros de investigación de Norteamérica demuestran que es 23 veces más efectivo, para disminuir el consumo, la asistencia médico-psiquiátrica a los consumidores. Se pretende hacer creer que la represión a los productores busca disminuir el consumo, mientras los análisis constantes muestran que su único efecto es mantener los precios en niveles exorbitantes, sin que estos incidan en la disminución del consumo, sino en una afluencia enorme de dineros que irrigan los sectores financieros del Norte. Se pretende ocultar los fabulosos intereses económicos que siguen teniendo como base la represión al narcotráfico en los países productores. Se pretende ocultar que la ayuda militar que se otorga con la etiqueta de ayuda anti-narcóticos, camufla las ayudas y asesorías para implementar las políticas contrainsurgentes. En todo este entramado de mentiras, unas mentiras refuerzan o sirven de base a las otras.

• Si rastreamos las razones justificatorias de la “limpieza social”, descubrimos que los agentes del Estado se camuflan, en sus acciones, omisiones, tolerancias, apoyos y protecciones, bajo capuchas de “escuadrones de la muerte fuera de control” que inundan las barriadas emprobrecidas de las grandes ciudades y que merodean los basureros convertidos en botaderos de cadáveres. Descubrimos que se estigmatiza primero en los imaginarios sociales a determinadas categorías de indigentes para hacerlos “responsables” de la inseguridad ciudadana, la que motiva pánicos generalizados sobre los que descansa la aceptación social de la “limpieza”. Descubrimos que el Estado encubre, bajo el pánico de la inseguridad ciudadana, las injusticias estructurales del desempleo y la miseria que no quiere enfrentar ni resolver.

Todas las formas parciales de violencia que se integran configurando la tipicidad de este ciclo de VIOLENCIA, intentan sostenerse, pues, gracias a la MENTIRA y a la FALSEDAD. Por eso la desactivación de esa violencia tiene un primer paso necesario que consiste simplemente en SACARLA A LA LUZ; en hacer que sus fundamentos queden al desnudo ante la sociedad; en confrontar las palabras y los discursos que la encubren con la realidad; en despejar el camino para que lo que está en las conciencias de sus actores se despoje de los recursos utilizados para ocultarlo o negarlo.